Díaz reforzará la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude
▶ Consumo aprueba que los clientes sean atendidos por una persona física y no por un robot
El Gobierno dio luz verde ayer al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 para modernizar la Inspección de Trabajo, con el que pretende reforzar la lucha contra el fraude. Para ello, como informó ABC, el Ejecutivo quiere incorporar el uso del ‘big data’ y la tecnología. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró su confianza en que este plan sea «una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales» en España y cambie «el paradigma de la Inspección de Trabajo».
«Con este planteamiento y esta estrategia, nos anticipamos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir en el mercado de trabajo. No reparamos, sino que nos anticipamos», añadió. El plan busca, en primer lugar, fortalecer la institución para luchar contra la precariedad y el fraude laboral. Para ello, se creará la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, para combatir de forma real y eficaz la discriminación de cualquier tipo. Esta oficina requerirá de «nuevos perfiles y personal específico» que actúa desde «el inicio hasta la salida de la carrera profesional». Para ello, se pondrá en marcha una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional. Sus labores se centrarán en la detección de ‘empresas buzón’, aquellas que no tienen actividad real en el país de origen, en este caso España, pero que operen en otros países de la UE o viceversa. Díaz aludió al caso concreto de la cooperación con el Gobierno francés en las campañas vinculadas a la agricultura, pero pretende ampliarse a Iberoamérica.
Además, el Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente en primera vuelta en el Consejo de Ministros. Una norma que acabará con los contestadores automáticos en las consultas y llamadas de los clientes, pero cuyo contenido ha sido calificado como «decepcionante» y «ineficaz» por las asociaciones de consumidores.
Las principales medidas del texto impulsado desde el Ministerio de Consumo pasan por fijar un plazo de un mes a las empresas para contestar a las reclamaciones realizadas por los clientes o que los consumidores tengan que ser atendidos por una persona física y no por un contestador automático, entre otras medidas.
Hay que precisar que la norma se aplicará solo en las empresas de servicios básicos de interés general –excluyendo a las de salud, saneamiento y residuos– y las que tengan al menos 250 trabajadores o un volumen de negocios anual de un mínimo de 50 millones de euros o un balance superior a más de 43 millones de euros.
«Ante la desesperación de no ser atendidos por una persona física esta ley profundiza en la atención que debe tener el consumidor», explicó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que puntualizó que la ley «profundiza en esa atención que ha de recibir el cliente de manera personalizada de tal forma que incluso se tiene derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de los contestadores automáticos». «Es una ley novedosa que por fin ve la luz y esperamos que pueda ser enriquecida en el trámite de audiencia que comienza ahora», ahondó Rodríguez.
Montero quiere incorporar el uso del ‘big data’ y la tecnología para cambiar «el paradigma de la Inspección de Trabajo»
Rechazo de las asociaciones
Las asociaciones de consumidores consideraron que la ley se queda corta y que urge profundizar más en la materia. Desde Facua-Consumidores en Acción tildaron de «decepcionante» el borrador porque permite los cortes de suministro por deudas que los consumidores hayan cuestionado ante las administraciones competentes. Tampoco impone indemnizaciones si se incumple el plazo de un mes para contestar a las reclamaciones y elimina la obligación de ofrecer un correo electrónico e incluso una dirección postal a la que plantear las quejas, añaden.