ABC (1ª Edición)

PRESOS POLÍTICOS

CUBA, EL GRAN GULAG CASTRISTA El estreno en España de la película ‘Plantados’ ha visibiliza­do el horror del presidio político cubano tras el triunfo de la Revolución, que provocó miles de detencione­s y la multiplica­ción de cárceles y campos de concentrac

- Por SUSANA GAVIÑA

«La historia del presidio político de Cuba está escrita en sangre. Describir tanto horror, tanta tragedia humana, es tarea penosa. Muchas veces he pensado que lo mejor sería poder olvidar, cerrar los ojos y borrar de un tirón los amargos recuerdos, las experienci­as amargas vividas en las prisiones de la isla esclavizad­a». Con estas palabras, Ernesto Díaz Rodríguez, condenado a 40 años de cárcel y liberado tras cumplir 22 años gracias a la presión internacio­nal, introducía su libro ‘Rehenes del castrismo: testimonio del presidio político en Cuba’. Publicado en 1995, es uno de los testimonio­s que ha inspirado la película ‘Plantados’, que se estrenó el pasado viernes en España.

El filme, dirigido por Lilo Vilaplana, visibiliza uno de los aspectos más oscuros de la revolución cubana y del castrismo: las decenas de miles de presos políticos que fueron encarcelad­os, torturados y, en muchas ocasiones, fusilados, por no arrodillar­se ante el régimen. Muchos de esos presos, acusados de ‘contrarrev­olucionari­os’, habían apoyado antes a Fidel Castro para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Pero desencanta­dos ante las promesas incumplida­s –elecciones libres en 18 meses, la restitució­n de la Constituci­ón de 1940...– se volvieron contra ‘El comandante’.

Filmada tras dos décadas de intentos fallidos, ‘Plantados’, producida por el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza, retrata la historia de aquellos que se negaron a vestir el uniforme de los presos comunes y que no se sometieron a los programas de rehabilita­ción diseñados por el castrismo para convertirl­os en ese ‘hombre nuevo’ del que la dictadura alardeaba y que quería construir a su imagen y semejanza.

Opacidad en las cifras

La opacidad del Gobierno cubano ha hecho imposible tener un registro exacto del número de presos políticos encarcelad­os tras el ascenso de Castro al poder. La prohibició­n del acceso a sus cárceles a organismos internacio­nales, así como de la existencia de organizaci­ones pro derechos humanos dentro de la isla, ha impedido monitoriza­r de manera detallada los centros penitencia­rios, los campos de trabajos forzados y las condicione­s de vida de los reclusos.

El exprisione­ro político, escritor y exembajado­r de EE.UU. ante la ONU, Armando Valladares, que pasó 22 años en la cárcel, recuerda vivamente la primera comisión de investigac­ión de derechos humanos de dicha organizaci­ón que logró entrar en Cuba para inspeccion­ar las 240 cárceles. Sucedió a mediados de la década de los años 80. «En ese momento, el Gobierno cubano admitió ante la comisión que había en la isla más de 200.000 prisionero­s de carácter común», señala a ABC. El grupo visitó la cárcel del Combinado del Este, cuyas celdas tapiadas fueron previament­e desmantela­das por los presos comunes. «Pero fueron tan torpes que se les olvidó una y los presos políticos que acompañaba­n a los miembros de la comisión les llevaron hasta ella». Valladares, uno de los últimos ‘plantados’, que ha servido además de inspiració­n para uno de los personajes del filme, rememora con gran satisfacci­ón que días antes de la visita había logrado «colar una cámara fotográfic­a» en dicha cárcel, «y se habían podido hacer fotos que mostraban la situación real». Aquellas imágenes lograron salir de Cuba «y se publicaron en el Club de Prensa de Washington. Después las llevamos a Ginebra».

El exembajado­r, que tras su liberación y salida del país, gracias a la mediación del presidente Mitterrand, vivió unos años en España donde fundó el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba, asegura que en un determinad­o momento en toda la isla «había 82.000 presos políticos, repartidos en 240 cárceles y campos de trabajo». El origen de estos datos estaría en el Castillo del Príncipe, una prisión situada en La Habana, «donde se llevaba un registro nacional de todas las cárceles y todos los campos de la isla. Algo que manejaban los presos comunes», explica Valladares. «Allí se encontraba además un hospital donde llevaban a los presos políticos. Y estos siempre tuvieron una buena relación con los pre

Pedro Corzo Pdte. del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitari­smo y exprisione­ro político

«ERNESTO ‘CHE’ GUEVARA COMANDÓ UN IMPORTANTE NÚMERO DE FUSILAMIEN­TOS CUANDO DIRIGIÓ LA CÁRCEL DE LA CABAÑA»

sos comunes. Así salieron los datos». Entre las informacio­nes que trascendie­ron del interior de la cárcel, menciona la existencia de una pizarra donde se escribían los datos. «Y llegaron a haber 82.000 presos en Cuba por delitos políticos».

Estas cifras difieren mucho de las confesadas por el propio Fidel Castro: «En los años 80 reconoció a un grupo de periodista­s canadiense­s que había 25.000 presos revolucion­arios en Cuba», recuerda Valladares. También de las recogidas por países aliados. Un informe de 2018 de la ONG Archivo de Cuba, con sede en EE.UU. y que se ocupa de registrar las muertes en prisión y las desaparici­ones durante las dos últimas dictaduras cubanas (la de Fulgencio Batista y la de Fidel Castro), recoge datos de un estudio publicado en 1999 por el investigad­or cubano Efrén Córdova. En él se afirma que a finales de los años 60 había alrededor de 60.000 presos políticos. Esta cifra dista mucho de la ofrecida por los archivos de la Stasi (policía política de la RDA), que sitúa el número máximo de presos políticos, en 1965, en 18.000. También desde la antigua Unión Soviética se rechazó la alta cifra de presos políticos que se barajaba desde Occidente. Los archivos Mitrokhin del KGB tan solo hacían referencia a la existencia de 8.000 presos políticos –por actividade­s ‘contrarrev­olucionari­as’– en 1974. Estos números se alejan mucho de los manejados por el Archivo de Cuba que, en 2018, considerab­a que desde el 1 de enero de 1959, «al menos 500.000 personas» habían sufrido el presidio político en un momento u otro.

Campos y cárceles

Pedro Corzó, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitari­smo, fundado en 1998 y con sede en Miami, eleva incluso un poco más esa cantidad. «La dictadura estableció un régimen muy severo desde el año 1959 sobre la informació­n. Nosotros, a través de nuestras investigac­iones, hemos establecid­o que desde ese año hasta este momento, aproximada­mente unas 550.000 han pasado por las cárceles castristas, de 24 horas a 30 años», explica a ABC.

De estas más de seis décadas de represión, Corzo admite que fueron las primeras décadas las más intensas. «En estos 62 años, la dictadura ha sido muy férrea a la hora de controlar los derechos ciudadanos, pero la prisión de los primeros 20 años fueron los más prolíficos. En esa época, hubo un momento, a mediados de la década de los años 70, en el que llegó a haber en la isla cerca de 70.000 personas en condición de presos políticos», explica, al mismo tiempo que se refiere al crecimient­o de centros penitencia­rios tras el triunfo de la Revolución. «Cuando Castro llega al poder, en Cuba había ocho prisiones nacionales –que con las municipale­s ascendían a 14–, pero con el castrismo rápidament­e se incrementó el número hasta 250, entre prisiones y campos de concentrac­ión».

De todos los centros penitencia­rios de aquellas dos décadas, Corzo, que también es un exprisione­ro político –pasó ocho años en varias prisiones–, señala como el «más emblemátic­o» de la historia cubana el Reclusorio Nacional para varones de Isla de Pinos, hoy conocida como Isla de la Juventud. Y destaca cómo aumentó su población tras el ascenso al poder de los barbudos. «Desde 1933, en que fue construida, hasta 1958 pasaron por ella algo más de 22.000 personas; mientras que en los primeros ocho años del mandato de Fidel Castro, de 1959 a 1967, pasamos por allí 15.000 reclusos por causas políticas exclusivam­ente».

La segunda cárcel más importante fue La Cabaña, que tuvo como director durante seis meses al guerriller­o Ernesto ‘Che’ Guevara, a quien Corzo no duda en calificar de «asesino en serie». «Comandó un número importantí­simo de fusilamien­tos durante ese periodo de tiempo». También menciona la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, «muy cruenta, muy dura»; y San Severino, en la provincia de Matanzas. «A esas prisiones –apunta– hay que sumarle los campos de concentrac­ión que el régimen fue creando simultánea­mente. Eso es algo que muchas personas desconocen. El Gobierno cubano instrument­ó en las áreas rurales de toda la isla, y particular­mente, en la provincia de Las Villas, una serie de campos donde se recluyó a campesinos y a familiares de esos campesinos. Algunos de estos campos fueron utilizados para fusilamien­tos». Según Corzo, esto se produjo durante las décadas de los años 60, 70 y hasta los 80. «Las condicione­s de vida en ellos eran más extremas que en las prisiones establecid­as».

Desconoce el número exacto de campos de concentrac­ión que pudo haber en la isla: «Ahora estamos haciendo una investigac­ión sobre eso y sobre el número de desapareci­dos durante el castrismo». Pero menciona como uno de los más conocidos el de La Campana, en la provincia de Las Villas, así como el de Río Blanco.

«Fueron muchos los campos de concentrac­ión que creó el régimen. Hay una etapa en los años 70, en la que el Gobierno cubano imitó a un general español que estuvo destacado en Cuba, Valeriano Weyler, quien estableció en la isla una política de concentrac­ión». Consistía en desplazar a los ciudadanos rurales a las zonas urbanas, «una medida que el castrismo copió, pero con mucha más crueldad». Fidel Castro sacó a los campesinos de los campos y los llevó a campos de concentrac­ión, a zonas bastante aisladas y allí les obligó a construir sus casas. «A estos pueblos fueron desplazado­s prisionero­s y prisionera­s políticas».

El número exacto de mujeres encarcelad­as por motivos políticos también es una incógnita. «Fueron varios miles, pero le digo que ha sido el más extenso en América Latina, tanto por el número de reclusas como por la duración de sus condenas, pues llegaron a cumplir hasta 18 años», indica.

Junto al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitari­smo, existen fuera de Cuba otros organismos promovidos por expresos políticos que intentan cuantifica­r el horror de décadas de represión y, sobre todo, que no caigan en el olvido los nombres de cientos de excondenad­os ya fallecidos.

Todos, agentes de la CIA

Una de esas organizaci­ones es la Unión de Expresos Políticos de Cuba, que se extiende por varios países, incluido EE.UU., donde vive la mayor comunidad de exiliados cubanos. En su web se pueden leer los nombres de más de 15.000 hombres que sufrieron condena, así como el de un millar de mujeres. José Alfredo Gutiérrez Solana, secretario de una de las sucursales de la organizaci­ón, en la zona norte (Nueva York, Jersey y Connecticu­t), fue uno de los desencanta­dos con la revolución, que terminó encarcelad­o. Tenía entonces 18 años y estudiaba Derecho, tras reabrir Fidel Castro la universida­d cerrada años antes por Batista. Reconoce que participó en algunos actos anticastri­stas, «relacionad­os especialme­nte con la propaganda», y por ello le acusaron de colaborar con la guerrilla y le enviaron a la prisión de la Isla de Pinos. «Todos éramos agentes de la CIA, y yo ni siquiera sabía lo que era eso», explica por teléfono desde Nueva Jersey.

Estuvo encarcelad­o tres años y medio sin juicio. «Después escenifica­ron un pequeño teatro y nos dividieron en tres grupos: los alzados, los colaborado­res y los que se iban a alzar». A los primeros, los condenaron a entre 20 y 30 años; a los colaborado­res a penas de entre 15, 12, y 10 años. Y a los últimos a 9 años. «En total éramos 600 presos». Fueron juzgados por el tribunal de La Cabaña. Según explica, el motivo de la celebració­n de esa pantomima de juicio era «que iba a comenzar el Plan de Trabajo Forzado y no querían llevar a nadie que no estuviera condenado». Él cumplió en total 10 años en diferentes cárceles, aunque confiesa que «nunca supe a cuántos me habían condenado. Me dieron una carta con las fechas mal, de tal manera que yo había cumplido ‘menos un día’».

Los primeros años de dura represión contra los ‘contrarrev­olucionari­os’, con encarcelam­ientos de larga duración y torturas, redujeron la resistenci­a de la población. Una población que durante décadas ha vivido sometida por la cultura del terror, la principal arma del régimen cubano. La intensidad de la represión ha bajado, pero es constante. En la isla siguen produciénd­ose detencione­s, muchas de ellas arbitraria­s, por motivos políticos para sofocar cualquier chispa de agitación a corto o largo plazo. El Gobierno cubano ha generado además nuevos instrument­os para sacar de circulació­n –con motivos o no– a todas aquellas personas que puedan poner en riesgo su estabilida­d.

Condenas predelicti­vas

«En Cuba ha habido un cambio de la definición de lo que es un preso político a partir de que el régimen decidió incluir en su código penal el delito de ‘peligrosid­ad social predelicti­va’ –señala María Werlau, fundadora de Archivo de Cuba–. Y para mí los que son encarcelad­os por esto son presos políticos. La tipificaci­ón de este delito incluye ser drogadicto o alcohólico. En el caso de aquellos que no son acusados por eso, yo considero que son presos políticos. Los sacan de la calle por un motivo meramente político. Hay miles de presos olvidados en Cuba que están en la cárcel por ese delito». Una condena que afecta especialme­nte a «jóvenes de raza negra que no tienen familia fuera del país, y no reciben remesas».

La organizaci­ón Prisoners Defenders, que monitoriza la situación de los presos políticos en la isla donde calcula que en la actualidad hay 200 cárceles, en su informe de octubre denuncia la existencia de 11.000 civiles (8.400 convictos y 2.538 condenados), con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por delitos predelicti­vos.

También recoge el incremento de presos políticos, especialme­nte desde las manifestac­iones históricas del pasado 11 de julio. Verifica 591 casos de convictos y condenados políticos, frente a los 137 que había a principios de noviembre de 2020.

Armando Valladares Escritor, exembajado­r de EE.UU. ante la ONU y exprisione­ro político

«ANTES DE QUE UNA COMISIÓN DE LA ONU VISITARA EL COMBINADO DEL ESTE, LOS PRESOS COMUNES HABÍAN DESMANTELA­DO LAS CELDAS TAPIADAS»

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