Limpieza poblacional
«Es necesario que el mundo oficial, tanto el de Barcelona como el de Madrid, se acerque y atienda al mundo real: al de los catalanes que no están dispuestos a renunciar a su condición de españoles y al de quienes sintiéndose catalanes no ven motivo para separarse y menos para odiar a los otros. Cese de una vez por todas esta vergonzosa limpieza poblacional que, a la vista de la demografía, es impensable consumar en la Cataluña española y en la hipotética Cataluña independiente»
EN una sociedad heterogénea la minoría dominante tiende a excluir a los grupos menos poderosos a través de una limpieza poblacional bien sea mediante el genocidio puro y simple (caso de los campos nazis de concentración) o mediante su expulsión del país según se hizo en España con los judíos y los moros. Cuando no se llega a este nivel de violencia se facilita la eliminación de los indeseables mediante una política de marginación y acoso haciéndoles la vida tan incómoda que se les induce a abandonar ‘voluntariamente’ el país que así va limpiándose poco a poco.
Con esta limpieza poblacional pacífica pero en constante aceleración se pretende conservar o restaurar una sociedad homogénea que fue desequilibrada por la presencia de quienes tenían otra religión o por inmigrantes de etnias distintas o por quienes no están avalados por abuelos locales o en fin por forasteros que se resisten a abandonar su cultura propia.
En España nunca se había dado demasiada importancia a la pureza vernácula que no se consideraba enturbiada por las migraciones interiores, cuyos sujetos no eran discriminados salvo alguna denotación verbal pintoresca y realmente intrascendente como maquetos en las Provincias Vascongadas o godos en las Islas Canarias. En los últimos años, sin embargo, la situación ha cambiado de modo perceptible en Cataluña, alertada en su momento por Jordi Pujol, quien denunció la invasión masiva de ‘otros catalanes’ (a quienes uno de sus sucesores en la presidencia de la Generalitat calificaría de animales no humanos), cuyo número igualaba ya al de la población originaria amenazando así con la desnaturalización y hasta desaparición de la Cataluña histórica que urgía defender a toda costa. A tal efecto se definió como criterio identitario la lengua, que es hoy el hecho diferencial de la catalanidad y no la sangre, el color o la religión. En su consecuencia de lo que se trata es de favorecer y en su caso imponer la lengua y la cultura catalanas y al tiempo desmantelar sin consideraciones las españolas.
Así se ha estado haciendo y se hace por la Administración de la Generalitat y ante una sorprendente pasividad de la Administración del Estado; mientras que las resoluciones de la Administración de Justicia son displicentemente ignoradas o incumplidas por los órganos de la Generalitat. El resultado es que quienes se aferran a la cultura española se sienten acorralados como ciudadanos de segunda y sometidos a un dilema implacable: o someterse a la asimilación que se les ofrece o marcharse para no seguir manchando la pureza de la población. Las estadísticas a tal propósito no pueden ser más elocuentes al dar cuenta del número de empresas, empresarios y profesionales que abandonan el país. Los funcionarios del Estado tratados como ‘soldados del Ejército español de ocupación’, hartos de vejaciones, pintadas y escraches, aprovechan la primera oportunidad para escapar de lo que se ha convertido en una trampa y dejan el campo libre a los auténticos catalanes, allanando así los caminos a la prometida independencia.
De esta manera se ha consumado en Cataluña un grave fraccionamiento. En el orden normativo está una legislación constitucional permisiva pero con límites precisos que pretende garantizar la convivencia de las dos lenguas; y la legislación autonómica que está muy lejos de ser imparcial y que es ejecutada rigurosamente por la Generalitat y la mayor parte de los Ayuntamientos. Una contraposición que la Administración de Justicia no logra pacificar y ni siquiera equilibrar. ¿Cuál es de veras la situación actual? Todos afirman que son víctimas oprimidas. No hay un solo día –ni uno solo– en que los medios no denuncien algún abuso oficial en esta materia que con frecuencia son reconocidos por sus autores como actos heroicos de resistencia pacífica. ¿A qué carta quedarnos?
La sociedad catalana se ha escindido en dos mitades. De un lado están quienes viven en la cultura española que comparten con la catalana juntos con los que viven en la cultura catalana pero que comparten sin problemas con la española. Del otro lado están quienes viven exclusivamente en la cultura catalana que consideran incompatible con la española y en consecuencia apoyan la limpieza poblacional que se está practicando. Con todo esto el malestar del bloque de los otros catalanes (de los llamados españolistas o constitucionalistas) aumenta hasta niveles literalmente insoportables mientras que crece correlativamente la tensión social. Todo ello en el seno de una población que en su mayoría no entiende lo que está pasando dado que rompe una tradición centenaria de convivencia pacífica y de integración progresiva de los que van llegando.
Esta es la cara (casi) desconocida del cacareado «problema catalán». No se trata ya de la cesión de una nueva competencia ni de la realización de un eje mediterráneo de comunicaciones ni del despiezamiento de museos nacionales y ni siquiera de la prometida independencia. Es algo más profundo y sobre todo más real: es una sociedad pacífica a la que se está torturando: a unos ciudadanos como víctimas de una maniobra secesionista cuidadosamente preparada y a otros sometiéndolos a una manipulación descarnada para que se alisten en una batalla que ni les va ni les viene. Porque la mayor parte de los catalanes pueden ser catalanistas, nacionalistas y ahora independentistas pero no están a favor, ni ahora ni antes, de la tensión social, de la lucha civil permanente. Mientras que los que permanecen fieles a la cultura española, aparte de sus pesares cotidianos, se sienten desamparados por todas las Administraciones oficiales de los dos lados del Ebro, ignorados por los ideólogos y silenciados en los medios.
Sin desconocer la relevancia de las cuestiones políticas, lo urgente e imprescindible (dado que es el presupuesto de lo demás) es atender a este malestar social. Es necesario que el mundo oficial, tanto el de Barcelona como el de Madrid, se acerque y atienda al mundo real: al de los catalanes que no están dispuestos a renunciar a su condición de españoles y al de quienes sintiéndose catalanes no ven motivo para separarse y menos para odiar a los otros, con los que no han tenido nunca problemas. Cese de una vez por todas esta vergonzosa limpieza poblacional que, a la vista de la demografía, es impensable y hasta imposible consumar en la Cataluña española y en la hipotética Cataluña independiente. ¿Qué va a ser de nosotros y de nuestra lengua después de la independencia –se preguntan los otros catalanes– si estando todavía dentro de España nadie nos escucha ni nos atiende? Búsquese en las nomenclaturas oficiales: en ninguna parte aparecen nuestros nombres; es como si la mitad de los catalanes no existiésemos.
La limpieza poblacional que se está llevando a cabo es, en fin, la negación del principio más viejo del Derecho Público catalán, conforme al cual «lo que afecta a todos debe ser tratado y resuelto con la participación de todos los afectados». ¿Cuándo se va a contar con nosotros?