Indignación en los Mossos: la Generalitat estudia retirarse de 30 causas de ataques a policías
El Govern solo defenderá a los agentes «cuando se pueda identificar al autor de las lesiones»
La Generalitat ya no se personará como acusación particular cuando agredan a los Mossos d’Esquadra y no se pueda demostrar la autoría de las lesiones. Por este motivo, el Ejecutivo catalán estudia retirarse de otras 30 causas con policías heridos, según han trasladado fuentes del mismo a ABC.
Esta decisión supone un paso más en el acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana (ERC) y la CUP, que pactaron que el gabinete jurídico del Govern se retirase de aquellas causas contra manifestantes acusados de altercados en disturbios, en caso de que no hubiese agentes heridos. Ahora irá un paso más allá y dejará de defender a los mossos de ataques en los no se pueda identificar al agresor.
Esta nueva cesión del Govern de Aragonès a los antisistema la escenificó ayer un letrado de la Generalitat que retiró la acusación contra siete manifestantes, acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a cinco mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont, el 30 de enero de 2018, en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
«El criterio determinante de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría», explicó el abogado al inicio del juicio en la Audiencia Provincial, donde también detalló que la acusación se retiraba por orden del Departamento de Interior. Desde esta Consejería detallan a ABC que «la Generalitat tiene la obligación de defender a los mossos, y así lo hará, pero siempre que haya autor conocido de las lesiones», cualquiera que sea la actuación en la que estas se produzcan. Es decir, no se limitará a manifestaciones que deriven en altercados.
De hecho, según informan las mismas fuentes, el gabinete jurídico de la Generalitat revisa otra treintena de causas, de las que valora retirarse también como acusación particular. «Evidentemente, siempre que se pueda identificar a los autores de las lesiones, la Generalitat defenderá a los agentes», subrayan desde el Departamento del consejero Joan Ignasi Elena.
La decisión del Govern ha generado malestar entre las filas de la Policía catalana. «Luego son ellos los que reclaman no mezclar política y Justicia», critica Albert Palacio, portavoz del sindicato Uspac, que recuerda que
Los antisistema reclamaron a Aragonès retirar todas las acusaciones contra manifestantes
para que se pueda demostrar quién ha sido el agresor primero se tiene que celebrar el juicio.
Palacio enmarca esta decisión del Ejecutivo catalán en una nueva cesión a los antisistema, tras el pacto para la investidura de Aragonès y en la negociación para aprobar los Presupuestos catalanes para 2022. «Lo de la Generalitat es ya un ‘show’», censura.
El juicio de ayer se aplazó y se retomará dentro de quince días. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide tres años de prisión para cada uno de los procesador por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y delitos leves de lesiones a cinco agentes de la policía catalana.
Agravios a los Mossos
Esta decisión del Ejecutivo catalán supone un nuevo agravio para los Mossos d’Esquadra que durante los últimos años han denunciado en innumerables ocasiones su uso partidista como «moneda de cambio». Para lograr la investidura, Aragonès prometió a la CUP una moratoria del uso de las balas de ‘foam’ que emplean los antidisturbios del Cuerpo –la Brigada Móvil– hasta que se hiciese público el protocolo de uso. Dicha moratoria no llegó a entrar en vigor porque Interior hizo público el manual, pero los antisistema insisten en retirar esta herramienta a los agentes.
De hecho, hoy se reúne en el Parlament la comisión de estudio del modelo policial, que preside la ‘cupaire’ Dolors Sabater. Otra decisión que generó malestar entre gran parte de las filas de la policía catalana, al considerar que un partido que pide la disolución de las unidades antidisturbios no es el más adecuado para asumir este cometido. Los antisistema ya anunciaron el mes pasado su intención de crear una suerte oficina externa para fiscalizar la actuación de los agentes y poder así sancionarlos, al margen de la Justicia, si se concluye que han incurrido en malas prácticas.
Por su parte, el Govern aprobó traspasar la defensa penal de los agentes del gabinete jurídico de Interior al de Presidencia. Una decisión que aplaudieron los antisistema como «un primer paso» en el cumplimiento de su acuerdo con ERC. Ya entonces, la CUP urgió a la Generalitat a retirar todas las «acusaciones particulares contra manifestantes» y a «desmontar el cuerpo de abogados» de Interior.
Hartos de agravios, decenas de sindicatos de agentes protagonizaron hace unas semanas una multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Barcelona, para clamar contra «la politización constante» de los Cuerpos y reprochar al Govern la falta de valentía para defender a mossos, policías y guardias municipales y condenar los ataques sufridos por los uniformados durante el desempeño de su actividad.