La ministra dice ahora que están obligados a cumplir la sentencia
➤ La titular de Educación avisa a la Generalitat de que debe obedecer al Tribunal Supremo
La ministra de Educación, Pilar Alegría, matizó ayer la posición de su departamento respecto al fallo del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística en Cataluña y recordó a la Generalitat de Cataluña lo obvio: que las sentencias firmes son de obligado cumplimiento para todo el mundo, máxime si cabe para las administraciones públicas.
El día anterior, fuentes del Ministerio de Educación trasladaron a ABC que no les correspondía hacer nada en este momento procesal para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que obliga a la Generalitat a garantizar que al menos el veinticinco por ciento de las horas lectivas en la educación pública se imparten en castellano. El Govern autonómico planteó un nuevo pulso al Estado al deslizar que hará caso omiso a la resolución del Supremo, lo que generó un gran malestar entre los partidos políticos y entidades constitucionalistas.
Que Sánchez actúe
La tibieza inicial del Gobierno se interpretó como una cesión más a sus socios, en una semana en la que el Ejecutivo ha logrado el aval del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado con el respaldo, entre otros, de ERC. Desde el PP, Vox y Ciudadanos (Cs) se reclamó a Pedro Sánchez que tome cartas en el asunto de inmediato. Pablo Casado, incluso, ofreció a sus senadores para aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la educación catalana si Pere Aragonès sigue adelante con su amenaza de desobedecer a la Justicia.
«Frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Sea la Generalitat o cualquier ciudadano», dijo la titular de Educación en los pasillos del Congreso, en una breve declaración ante los medios en la que también afirmó que dará todas las explicaciones que le requiera la oposición sobre este controvertido asunto.
Preguntas a la ministra
La ministra Alegría será una de las protagonistas en la sesión de control de la próxima semana, en la que deberá responder a la oposición distintas preguntas, al menos, de PP y de Cs. El diputado popular Óscar Clavell le pedirá que explique qué piensa hacer el Gobierno para que se cumpla la ley en Cataluña. En Cs será su propia líder, Inés Arrimadas, quien se dirija a la titular de Educación.
La diputada por Barcelona le exigirá que detalle las medidas que tomará el Ejecutivo en Cataluña después de constatar «la negativa de la Generalitat a cumplir con las sentencias judiciales». Arrimadas reclama a la ministra que su departamento garantice los derechos de las familias catalanas a que sus hijos reciban educación «también en castellano» –su partido es defensor del trilingüismo: castellano, catalán e inglés–. Con toda seguridad, Vox se unirá a la presión sobre el Gobierno para que se respete la ley; una cuestión en duda en Cataluña.