Los controles al alquiler del Gobierno cojean: Madrid no quiere; Barcelona no puede

➤ Solo las ciudades en las que los precios superen en cinco puntos el IPC podrán imponer topes

Unidas Podemos presionó durante meses para incluir los controles de los alquileres en la ley de vivienda. Y parecía que había cumplido su objetivo, porque el texto final de la norma, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre, recoge estos topes. El problema viene a la hora de implantarlos. El Partido Socialista ha incluido tantos condicionantes en la nueva ley que, hoy por hoy, ciudades como Barcelona no podrían controlar los alquileres aunque quisieran.

Porque la medida no solo se acota a los grandes tenedores de vivienda con más de 10 inmuebles en propiedad. También deben cumplirse una serie de condicionantes para que una comunidad pueda solicitar la declaración de una zona tensionada dentro de su territorio, calificación imprescindible para imponer un precio máximo del alquiler.

Tal y como ha explicado el Gobierno, deben cumplirse dos requisitos fundamentales para determinar esa zona tensionada: los hogares de ese área deben destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y los precios tienen que haber subido en los últimos cinco años el IPC regional más cinco puntos. Dos condicionantes que, dejando a un lado el maremágnum estadístico, representan a día de hoy grandes obstáculos a los controles.

Sobre todo la vinculación de la inflación a la declaración de zonas tensionadas. Es cierto que miles de familias sí están realizando un sobreesfuerzo para pagar la vivienda en los últimos años. Pero con la referencia al IPC la realidad es bien distinta. Según los datos de Idealista y el INE recabados por este periódico, ciudades como Barcelona no podrían en la actualidad aplicar los controles a los alquileres porque no cumplen con el requisito de que los precios superen en cinco puntos la inflación acumulada de los últimos cinco años.

Las estadísticas del portal inmobiliario reflejan que en los últimos cinco años (entre octubre de 2016 y octubre de 2021) los alquileres de la Ciudad Condal han pasado de 14,6 euros el metro cuadrado a 14,83. Una subida de solo el 1,52% condicionada por el impacto que ha tenido la pandemia en los precios del alquiler de las grandes ciudades y que queda lejos del IPC autonómico acumulado en el último lustro en Cataluña: 8,2%. Pero no solo Barcelona se vería incapacitada para aplicar los controles. Bilbao, con un repunte de los alquileres del 11,9% y una inflación del 8,5%, también quedaría fuera, al igual que otras capitales de provincia como Córdoba y Melilla. Madrid, aunque quisiera, superaría de forma justa este obstáculo, ya que su inflación es del 7,7% y los precios subieron un 13,3% desde 2016. Eso sí, luego habría que ver la situación concreta de la zona que se quiere controlar.

Todo ello según los datos de Idealista. El Gobierno tiene previsto reformular las estadísticas oficiales para determinar estos controles, pero por el momento el índice de precios del Ministerio de Transportes no contemplan los precios a cinco años vista.

Está previsto que esta situación se complique además en los próximos años. Cuando las Cortes aprueben la ley de vivienda, en principio a finales de 2022, el Ejecutivo ofrecerá una moratoria de dieciocho meses para aplicar los controles de los alquileres por la ausencia de referencias estadísticas. Es decir, los topes entrarán en vigor, si no hay sorpresas políticas, a finales de 2023 o principios de 2024. Y para entonces, el IPC acumulado durante los cinco años anteriores será más elevado.

La inflación ha regresado este año. Los precios subieron durante el mes de octubre un 5,5% interanual, la cota más alta de los últimos 29 años. Está previsto que el IPC se mantenga al alza durante noviembre y diciembre, sobre todo por el encarecimiento de la energía. Y determinados expertos vaticinan ya que el proceso no será transitorio y se extenderá hasta 2023, tal como publicó ABC. Una tendencia que complicará aún más la aplicación de los controles del alquiler cuando estén disponibles.

Rechazo político

Por si fuera poco, solo las comunidades autónomas que así lo quieran aplicarán los controles del alquiler. Una situación que limitará aún más la aplicación de la medida, puesto que el Partido Popular ya ha anunciado que sus regiones no implantarán esta medida. Por el momento, el PP gobierna en cinco regiones: Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León.