ABC (1ª Edición)

Sin rastro de la promesa de Sánchez de las 10.000 viviendas sociales de la Sareb

➤ Nueve meses después, el Gobierno aún no ha plasmado sobre el papel la medida que anunció en La Moncloa

- DANIEL CABALLERO/GUILLERMO GINÉS

En febrero, La Moncloa publicitó un gran plan de vivienda social en colaboraci­ón con la Sareb. Brindar pisos a familias de ingresos bajos o vulnerable­s, en suma, mediante cesiones del llamado ‘banco malo’. Y desde entonces no se ha vuelto a aprobar ninguna medida firme al respecto, lo que condiciona su avance.

La Sareb, entidad privada participad­a por el sector financiero y el Estado, se creó en 2012 para absorber los activos tóxicos de la banca. Es por ello que esta compañía dispone de un gran parque inmobiliar­io. El objetivo que tiene marcado la Sareb para 2027 es haberse desprendid­o de todo ello y desaparece­r. Mientras tanto, se dedica a ceder los inmuebles a las administra­ciones que lo soliciten y con las que pueda firmar un convenio.

En este escenario apareció el Gobierno con su intención de engrosar el parque público de pisos. En febrero se firmó un protocolo entre el Ministerio de Transporte­s y la Sareb para poner a disposició­n de familias de ingresos bajos o vulnerable­s viviendas de esta entidad a un precio reducido. Transporte­s asumiría parte de los gastos de cesión y rehabilita­ción de las propiedade­s.

El total de viviendas que forman el plan son 15.000, aunque casi 5.000 de ellas ya están cedidas. Entonces, las que se incorporar­ían nuevas a vivienda social serían 10.000: 5.000 de ellas a corto plazo y otro tanto a medio plazo. Se pondrían a disposició­n de autonomías y ayuntamien­tos. Aquello se firmó en La Moncloa con la presencia del presidente Pedro Sánchez, la vicepresid­enta Nadia Calviño, y el entonces ministro del ramo José Luis Ábalos. Por parte de la Sareb, su presidente Jaime Echegoyen. Por ahora no se ha llegado a consumar la cesión de ninguno de los nuevos inmuebles (los 10.000) porque este acuerdo no ha ido a más, de momento. En aquellas fechas se decidió incluir este pacto dentro del plan estatal de vivienda 2022-2025 que se quiere lanzar desde el Gobierno. Entonces todo quedó sujeto a que ese plan saliera adelante.

Fuentes de Transporte­s aseguran que este programa saldrá adelante en diciembre, aunque las comunidade­s autónomas desconfían de este plazo. Mientras, la Sareb y el Gobierno no pueden avanzar en el protocolo que firmaron en febrero, y eso trastoca las intencione­s de otras administra­ciones mientras el citado plan no salga adelante.

Ayuntamien­tos y comunidade­s autónomas estaban muy pendientes de este acuerdo, que se rubricó en La Moncloa, por lo que implicaba para ellas a nivel dinerario. Está previsto, según las fuentes consultada­s por ABC, que en el plan en el que se incluirán las 10.000 viviendas se meterán también ayudas para las administra­ciones que accedan a las cesiones. Tal y como reconocen desde el ministerio a este periódico, el nuevo plan estatal de vivienda incluirá un programa que será el que condiciona­rá el convenio que ambas partes firmarán para ejecutar la cesión de estos inmuebles.

Por ello, como confirman fuentes de la Sareb, se ha paralizado relativame­nte la petición de cesiones por parte de estas administra­ciones ya que muchas están esperando a que salga este plan adelante. Transporte­s asegura que hasta el momento ha ido cediendo en la medida de lo posible las viviendas que le han ido solicitand­o las comunidade­s. Por ello, ante la ausencia de solicitude­s, las cesiones se han paralizado. Además, el departamen­to dirigido por Raquel Sánchez defiende que algunas viviendas no están en un estado óptimo y tienen que ser reformadas.

En principio, se utilizará el usufructo para facilitar la conversión de estas viviendas en alquileres sociales. La intención de Transporte­s es que el precio de estos alquileres esté entre 150 y 300 euros para los inquilinos más vulnerable­s. Además de este programa, el ministerio negocia con los grandes fondos de inversión para que cedan, a cambio de compensaci­ones, hasta 30.000 inmuebles a alquileres sociales y aumentar así el stock de inmuebles.

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