«¿Quién era en realidad el señor Villarejo?»
La defensa del comisario se despliega en el juicio a golpe de petición de pruebas para acreditar que no era un cualquiera, que su empresa funcionó 20 años y el Estado consentía
La defensa en un juicio siempre implica la construcción de un relato. Una historia apuntalada desde los cimientos hasta las bóvedas que resulte más sólida que la alternativa de la acusación, sobre todo cuando esta pide más de cien años de cárcel, como es el caso del proceso en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En tres largas sesiones sobre cuestiones previas, su abogado, Antonio José García Cabrera, terminó el viernes de mostrar el guión que ha trazado para defender al «enemigo público número uno», como habitúa a definirse con sorna el propio comisario. Puede resumirse en una pregunta: «¿Quién era en realidad el señor Villarejo?». Confía en que la respuesta incline la balanza en su favor porque el relato con el que aspira a contrarrestar a la Fiscalía Anticorrupción parte de que no era «un comisario más de base como se dice», sino un encubierto de nivel, con «grandes servicios al Estado», conocido y reconocido, que llevaba dos décadas con un grupo empresarial y buena parte del tiempo con oficina en el corazón de Madrid. Para la defensa del comisario es clave porque los delitos por los que le piden más años de cárcel son los de cohecho: cobrar por encargos particulares siendo funcionario público y prevaliéndose de esa condición.
Desplegando todo un arsenal de petición de pruebas, espera convencer al tribunal de que le acepte introducir este asunto en el plenario. El objetivo, llevar a la Sala a la conclusión de que si sus empresas estaban al servicio del Estado, si «se costeaba sus propias funciones» y «todo lo que ingresaba se reinvertía» en el mismo entramado, no puede haber tal delito: el cobro estaría justificado por el contexto. Y así, tras dedicar varias horas de exposición a cargar contra la causa –lo más suave que dijo es «prospectiva»–, desgranó las pruebas y testigos que quiere incorporar. Resultó que el grueso serían llamados, si el tribunal lo permite, para sustentar esa idea de que lo que hacía el comisario lo sabía quien lo tenía que saber y que si sus empresas trabajaban para las instituciones, o todos son criminales o no lo es nadie. Pretende así que desfilen por el juicio desde los expresidentes Felipe Gonzalez y Mariano Rajoy hasta la fiscal general, Dolores Delgado, pasando por los jefes que tuvo y los exministros de Interior. Lo mismo con fiscales y jueces que se cruzaron en su vida. «Si esta casa ha utilizado esa infraestructura para causas judiciales, tenemos derecho a defendernos», dijo ante el tribunal de la Audiencia Nacional. Como complemento, toda la documental recabada en la causa sobre su hoja de servicios, condecoraciones y destinos, y hasta una colección de fotos, como las que ilustran estas líneas, para apuntalar la tesis de que él estaba ahí, en «los actos especiales», integrado con los mandos policiales y, más relevante aún para su defensa, siempre vestido de paisano. Dos por uno: agente importante y encubierto al servicio del Estado, con la venia del Cuerpo Nacional. A la vista de todos.
Pero lo que tiene frente a sí es el relato de un despliegue de actividades que cuesta enmarcar en servicio público alguno, como conseguir una cinta de un abogado consumiendo cocaína para que un colega pudiese torcer su voluntad, o espiar al cuñado de una heredera que no estaba de acuerdo con el reparto. Y todo a cambio de un precio y abusando de su condición policial, según señala la Fiscalía. El resultado, cohecho, revelación de secretos, extorsión y falsedad documental, delitos menores en tres piezas menores, pero delitos. No se mira aquí la organización criminal que se le imputa en otra parte de la causa y aunque entiende Villarejo que no se puede juzgar lo uno sin lo otro, está por ver qué dice el tribunal, que dejó a su abogado explayarse sobre esto aunque no forme parte del juicio. Con el comisario, menos paciencia tiene la magistrada que preside, Ángela Murillo, que ya ha dejado claro que serán ‘coabogados’, pero sólo habla uno de los dos: «Cállese, por favor. Aquí en esta sede no puede usted decir lo que le dé la gana. Ya está, se acabó».
Las sesiones se reanudan el día 1.