Máximo histórico de venezolanos que entran sin papeles a EE.UU.
▶ El éxodo por la represión y la miseria en su país no cesa, y ya hay seis millones de desplazados en la región ▶ En un año 60.000 de ellos han entrado de forma irregular en Estados Unidos y se suman a otros 320.000 previos
El número de venezolanos detenidos tras cruzar de forma ilegal la frontera de Estados Unidos se ha disparado a un máximo histórico, superando los 13.000 mensuales, según nuevos datos facilitados por el Gobierno norteamericano. El éxodo de Venezuela ha alcanzado ya los seis millones de personas, uno de los mayores del mundo, similar al de los desplazados tras la guerra civil de Siria. A diferencia de sin papeles de otras nacionalidades, como los haitianos, a los venezolanos no se los está deportando, de momento ni a México, como sí se hacía antes, ni a su país de procedencia, con el que Washington ya no mantiene relaciones diplomáticas ni de ningún tipo. Según dice a ABC un funcionario estadounidense, en el espacio de un año, entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2021, han entrado en EE.UU. más de 60.000 venezolanos sin papeles. Los meses de septiembre y octubre se registraron máximos históricos en las detenciones de ciudadanos de ese país que dicen huir de la miseria y la represión. Hubo en septiembre 10.939 detenciones y en octubre, 13.406. Aún no hay datos definitivos del mes de noviembre, pero creen las autoridades norteamericanas que se superarán de nuevo los 10.000, antes de que llegue el invierno al sur del país. Esas fuentes aceptaron hablar con ABC bajo condición de anonimato ya que las nuevas cifras aún no son definitivas ni han sido anunciadas formalmente.
Antes de la pandemia, apenas había unos doscientos arrestos mensuales de venezolanos sin la documentación en regla. Según pudo comprobar este diario durante una visita a la frontera con México, miles de exiliados del chavismo comenzaron a cruzar ese país a mediados de 2020, y se amasaron en diversos puntos fronterizos con la intención de entregarse y pedir asilo. Durante los últimos años de la Administración Trump y los primeros meses de la de Biden, muchos de ellos eran devueltos en caliente a México, que había aceptado convertirse en un país de espera de inmigrantes que solicitaban a las cortes de Justicia estadounidenses que les aprobaran el asilo u otro visado migratorio de estancia y empleo.
Dicen esas mismas fuentes norteamericanas que en el pasado año, hubo menos de doscientas deportaciones de venezolanos, una cifra ínfima comparada con los 185.000 totales que se registran por año, según los informes oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. Calcula además ese mismo servicio que hay en este país más de 320.000 venezolanos en situación irregular. Esta cifra la reveló la Casa Blanca después de que, en una de sus últimas decisiones en el cargo, Trump, otorgara amparo de deportación de los venezolanos por la crisis humanitaria en su país. Se trata del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los venezolanos sin papeles que hubieran estado de forma continua en EE.UU. hasta el 20 de enero de 2021. Muchos de ellos ni siquiera han podido renovar sus pasaportes venezolanos por las trabas que pone el régimen chavista a los exiliados.
En principio, los venezolanos que llegan ahora a EE.UU. de forma irregular no están protegidos por ese amparo de deportación, pero lo cierto es que las autoridades norteamericanas les están dejando en libertad para que soliciten asilo.
Tanto Trump como Biden han permitido a los indocumentados venezolanos que pidan asilo dentro de EE.UU.
Frontera sellada
Al llegar a la presidencia, Biden se encontró una frontera con México sellada, con dos órdenes específicas de cierre y expulsión: por un lado por el programa de retorno de centroamericanos a México ó MPP (Programa de Protección de Migrantes, por sus siglas en inglés) y por otro, por los decretos presidenciales dictados por Trump para sortear la pandemia. Ya en el Despacho Oval, el nuevo presidente implementó una reapertura paulatina: primero dejó
de deportar a una gran parte de los menores de edad que habían cruzado solos y después comenzó a dar cita a los peticionarios de asilo adultos que habían sido ya deportados, con prioridad a las familias con niños. En esa ronda entraron ya numerosos venezolanos que esperaban en México, tras haber intentado el cruce por zonas peligrosas de desierto o cruzando el río Bravo, muchas veces víctimas de los traficantes de personas y del narco.
Después Biden puso fin al Programa de Protección de Migrantes de Trump, pero un juzgado le obligó a reinstaurarlo en agosto. Desde entonces, la Casa Blanca se ha debatido entre reinstaurarlo totalmente o volver a eliminarlo, sin tomar una decisión definitiva. Varios medios norteamericanos dijeron recientemente que la decisión es devolver en caliente de nuevo a quienes crucen ilegalmente la frontera con México, ofreciéndoles la opción de vacunarles contra el coronavirus. Biden mientras está negociando con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que recientemente visitó Washington, un nuevo acuerdo migratorio, ya que el grueso de los sin papeles cruzan por los 3.000 kilómetros de frontera con ese país.
Mientras el Programa de Protección de Migrantes estuvo en pie, hubo unas 71.000 devoluciones en caliente, según el Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. La prioridad en entrada en los meses finales la tuvieron, por este orden, venezolanos, cubanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos, guatemaltecos, peruanos, brasileños y ecuatorianos.
Los cruces ilegales son una grave crisis para la administración demócrata, y Biden le ha encargado a su ‹número dos›, la vicepresidenta Kamala Harris, la coordinación de la política fronteriza. La estrategia aparente de Harris es atajar el problema de raíz y por eso ha mantenido varias reuniones con López Obrador, y el guatemalteco, Alejandro Giammatei.
Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Biden planteó una amnistía para los 11 millones de indocumentados que se estima viven en EE.UU., algo para lo que necesita al Capitolio y que ha quedado en una suerte de limbo por la crisis en la frontera.
Además Biden mantiene en pie un decreto que le permite la deportación inmediata de cualquier persona por la pandemia de coronavirus. En verano, la ONU hizo un inusual llamamiento a la Casa Blanca para levantar las restricciones relacionadas con la pandemia a las personas que buscan asilo en Estados Unidos. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo que negarles derecho de asilo a esas personas y expulsarlas del país viola «preceptos centrales» de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU de 1951, y que las expulsiones han tenido «consecuencias humanitarias graves en el norte de México». Biden, como Trump, ha mantenido ese decreto.