El PSC rechaza en el Parlament aplicar las sentencias del 25%

► Dimite la responsable de la Consejería de Educación que debía hacerlas efectivas

«Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes» y «requerir» a la Consejería de Educación «la aplicación de los cambios oportunos en todos los centros educativos de Cataluña para cumplir las sentencias judiciales del TSJC referidas al uso del castellano como lengua vehicular y reconozca así, al menos, que el 25% de las horas lectivas de enseñanzas curriculares sean en castellano».

El PSC votó ayer en contra de una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña que contenía estos dos puntos, entre otros. Los socialistas y los comunes se posicionaron junto a los grupos independentistas. Solo Ciudadanos secundó la petición de Vox, ya que ningún representante del PP acudió a la Comisión de Educación.

De esta manera, el Parlamento autonómico catalán rechazó, con los votos del PSC, instar al Govern a que ponga en marcha ya el sistema bilingüe (conjunción lingüística) en las escuelas tal y como ordenan los tribunales: el Constitucional desde 1994 y el Supremo desde la semana pasada.

En la línea de lo rechazado por la Cámara autonómica, Alícia Romero, portavoz del PSC, defendió este lunes el modelo lingüístico. En rueda de prensa desde la sede del PSC, recordó que los socialistas «nos sentimos padres de la inmersión lingüística», e hizo referencia a Marta Mata, dirigente socialista que «diseñó el sistema» a finales de los años 70 del siglo pasado e inicios de los 80.

Aun así, Romero señaló que el PSC «respeta» las sentencias de los tribunales («siguiendo el modelo de inmersión») y aceptó revisar la inmersión escolar («la sociedad evoluciona») siempre y cuando se mantenga que el catalán sea lengua vehicular y se dé autonomía a los centros para que ajusten sus planes lingüísticos dependiendo de su «entorno». Autonomía y planes que, añadió la portavoz de los socialistas, ya se ponen en práctica.

Igualmente de forma ambigua se manifestaron los representantes de las Juntas Centrales de Directores de Centros de Primaria y Secundaria que, en la Comisión de Educación, señalaron, tras preguntarles por la situación jurídica, que «cumplirán con la legislación vigente», sin concretar cómo aplicarán el 25% de español.

Intervención de Europa

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) informó también ayer que ha pedido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su intervención, tras conocer que el Govern no pretende acatar la última resolución del Supremo. En una carta, dirigida a la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, y consultada por ABC, la entidad le informa de la sentencia del TSJC (2020) en la que, tras un recurso planteado por el Ministerio de Educación, «declaraba que el sistema educativo catalán no atendía a la exigencia constitucional de que el castellano, lengua oficial en Cataluña y la materna de la mayoría de los ciudadanos, estuviera incluida como lengua de aprendizaje en la escuela, recibiendo el tratamiento de lengua extranjera».

La AEB recuerda que esta sentencia fue recurrida por el Govern pero que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación. Relata, asimismo, al órgano europeo, que «el mismo día en que se tuvo conocimiento de la inadmisión del recurso, el consejero catalán de Educación –Josep Gonzàlez-Cambray– afirmó de manera expresa que no cambiarán nada en el sistema educativo catalán y conminó a los centros educativos a no modificar la política lingüística que habían desarrollado hasta ahora». Una decisión que supondría un desacato, según la AEB, que añade que es «las decisiones de los tribunales obligan a todos y los poderes públicos, especialmente, a sujetar su actuación a la ley y a las decisiones de los tribunales».

Por otro lado, una semana después de la decisión del Supremo, la directora general de Currículum y Personalización de la Generalitat de Cataluña, Maite Aymerich, deja su cargo –informó ella misma ayer– para liderar la oposición al gobierno de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), ciudad de la que fue alcaldesa entre 2015 y 2019. Aymerich era una de las personas responsables de la Consejería encargadas de aplicar las sentencias del TSJC y el Supremo.