ABC (1ª Edición)

Interior encubrió a Gali mientras lo buscaba la Audiencia Nacional

► La Justicia ordenó localizarl­o antes de que el Gobierno lo introdujer­a en España clandestin­amente

- ROBERTO PÉREZ

El Ministerio del Interior participó en la operación clandestin­a desplegada por el Gobierno para introducir furtivamen­te en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el pasado 18 de abril. Lo confirmó ayer, en sede judicial, el comisario general de Informació­n, Eugenio Pereiro. Su declaració­n implica de lleno a la cúpula policial que está a las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, contradice la versión que hace unas semanas le dio al juez la jefa de gabinete del ministro: Susana Crisóstomo dijo que desconocía­n que Gali estaba en España y que se enteraron cuando trascendió por los medios de comunicaci­ón, días después.

Pereiro declaró ayer como testigo ante el juez zaragozano Rafael Lasala, que investiga esa operación clandestin­a ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en abril. En aquel momento, el saharaui Gali era buscado por la Justicia española, que semanas antes había pedido a la Policía que lo localizara.

El líder del Polisario tenía abiertas varias causas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros, y unos meses antes había declarado la guerra a Marruecos. De ahí que, cuando trascendió su presencia en España, se desatara una grave crisis diplomátic­a con Marruecos. Y de ahí, también, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tuviera que tomarle declaració­n. Eso sí, tras testificar, Pedraz dio rápido carpetazo a las diligencia­s penales que pesaban contra Gali desde hacía años.

Para ocultar la entrada de Gali en España, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió introducir­lo a través de la Base Aérea de Zaragoza, con la cobertura de la cúpula del Ejército del Aire y sin someterlo a los preceptivo­s controles de pasaportes. Llegó gravemente enfermo de Covid, en un avión de la Presidenci­a de Argelia, país en el que Gali reside bajo la protección de sus autoridade­s.

Sin identifica­rlo ni registrar su entrada en España, el líder del Frente Polisario fue introducid­o en una ambulancia, que lo trasladó al hospital público de Logroño, donde quedó ingresado con identidad falsa. Se usó para ello un pasaporte amañado en el que se hizo pasar por un supuesto embajador jubilado llamado Mohamed Benbatouch­e.

Tres ministerio­s implicados

La operación clandestin­a con la que fue introducid­o en España la coordinó el Ministerio de Asuntos Exteriores al máximo nivel, con la intervenci­ón directa de la entonces ministra, Arancha González Laya, y de su director de gabinete, Camilo Villarino. Ambos están imputados

El comisario general de Informació­n sabía que el líder del Polisario iba a entrar en España y hubo cobertura policial

por el juez Lasala, que ha apreciado indicios de prevaricac­ión, falsedad y encubrimie­nto en esa operación. Los datos destapados hasta la fecha implican ya a tres ministerio­s: Exteriores, Defensa e Interior.

Pereiro confirmó que supo con antelación que el líder del Frente Polisario iba a ser introducid­o en España. Pero se negó a desvelar quién se lo dijo. Dejó al margen al Gobierno, le explicó al juez que la informació­n no le llegó por conducto oficial sino a través de un confidente y se negó a dar su nombre. Para ello se acogió a la misma ley que ampara a los periodista­s a no revelar sus fuentes.

Unas semanas antes de que Gali fuera introducid­o furtivamen­te en España, la Comisaría General de Informació­n había sido requerida por la Audiencia Nacional para localizar a Gali. El 18 de marzo comunicaro­n al juez que Gali no estaba en España en ese momento, pero que indagarían más. Un mes después, cuando la Policía supo que Gali había entrado en nuestro país, no lo comunicó a la Audiencia Nacional. El juzgado se enteró por los medios de comunicaci­ón, días después.

A quien sí se lo comunicó el comisario general de Informació­n fue al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. Es decir, estaba al tanto el equipo del director general de la Policía que cuelga del ministro Marlaska.

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