Última ofensiva para que Cultura obligue a Google a pagar por los derechos de autor
A escasos días de que el Congreso decida si aprueba el real decreto ley del Gobierno para un nuevo modelo de gestión de derechos de autor que consolida la posición de ventaja de las grandes tecnológicas sobre los creadores de contenidos, las entidades de gestión queman sus últimos cartuchos ante un Ministerio que ha rechazado sus reclamaciones a lo largo de estos meses. Su última oportunidad pasa por que el Congreso tramite la transposición de la directiva europea como proyecto de ley y así, durante su debate, se pueda recuperar la gestión colectiva obligatoria. Si la semana pasada fue la Asociación Colegial de Escritores quien reivindicó que esta es la mejor vía para que los creadores reciban una remuneración adecuada por el uso de sus contenidos por parte de Google o YouTube, ayer Cedro insistió en que la gestión colectiva es la «única forma, justa, equitativa, imparcial y transparente de respetar los derechos de los creadores».
Cedro reclama revisar el artículo 129 bis del real decreto ley porque, a su juicio, «favorece injusta y desproporcionalmente a las plataformas digitales al introducir límites al derecho de autor, no amparados en el marco europeo, lo que les permite reproducir y compartir digitalmente contenidos, sin la debida autorización de sus titulares en determinados servicios, como los buscadores». Hasta ahora, la ley exigía a las grandes plataformas negociar con las entidades de gestión de derechos de autor el pago de un canon por el uso de sus contenidos en sus agregadores de noticias y buscadores, algo que compañías como Google siempre han rechazado. Este fue el motivo que propició el cierre de Google Noticias en 2014. Que Google tardara unas pocas horas en anunciar su regreso para 2022, tras conocerse que se suprimía la gestión colectiva obligatoria, da una idea de quién ha salido ganando con la nueva ley.
El debate y votación del real decreto ley irá al Congreso esta semana, el miércoles o el jueves, y aunque cabe la posibilidad de que se apruebe su tramitación vía proyecto de ley, lo que permitiría cambiar el articulado, las fuentes consultadas advierten de que con casi total seguridad el texto será aprobado tal y como salió del Consejo de Ministros. El Gobierno envió al Congreso varios reales decretos leyes en el mismo paquete y serán estos, en su conjunto y no de manera individual, los que serán sometidos a votación.