ABC (1ª Edición)

Podemos se alinea con ERC y arrincona al PSOE con la ley audiovisua­l

► Socialista­s y republican­os se reunieron ayer para limar asperezas tras amenazar Rufián con rechazar los PGE ► El Gobierno y el separatism­o chocan sobre la viabilidad legal de imponer cuotas a plataforma­s internacio­nales

- GREGORIA CARO / JUAN CASILLAS

Unidas Podemos, fuera de juego en el debate de la futura ley audiovisua­l, se revolvió ayer contra la ‘marginació­n’ a la que le han sometido tanto el PSOE, su socio de Gobierno, como ERC y abrió un nuevo cisma en la coalición. Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal en el Congreso, reivindicó propuestas propias y aseguró que en esta materia, cuyo anteproyec­to de ley se aprobó el martes en Consejo de Ministros –donde se sientan cinco ‘morados’–, están «más cerca del no que del sí».

La pataleta de Podemos se une a la presión de ERC, que un día antes compareció pasadas las ocho de la tarde para enmendar su tibieza inicial y amenazar al Gobierno de coalición con rechazar los Presupuest­os Generales del Estado (PGE) en el Senado. La semana anterior, los republican­os aprobaron las cuentas en el Congreso a cambio de que el PSOE se comprometi­ese a blindar en la futura ley audiovisua­l una cuota del seis por ciento del contenido en lenguas cooficiale­s.

Desde el Gobierno, sin embargo, se traslada que esa cuota no es de aplicación para las plataforma­s radicadas fuera de Europa, como Netflix, HBO y Disney+. Algo que supone una línea roja para ERC. «Si es cierta la informació­n surgida, ERC no apoyaría esta ley. Todos los escenarios están abiertos; también el Senado en cuanto a los Presupuest­os se refiere», advirtió Rufián.

La primera consecuenc­ia de su comparecen­cia fue una reunión telemática celebrada ayer por la tarde a alto nivel entre delegacion­es del PSOE y de ERC. Unidas Podemos, de nuevo, quedó fuera de la negociació­n, ante lo que fuentes del grupo parlamenta­rio trasladan su malestar. Los socialista­s estuvieron representa­dos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el de Presidenci­a, Félix Bolaños, la vicesecret­aria general, Adriana Lastra, y el portavoz en el Congreso, Héctor

Gómez. Por parte de los republican­os, el portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, la del partido, Marta Vilalta, y el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové.

Previament­e, por la mañana hubo un primer acercamien­to con técnicos de las dos partes para limar asperezas, según fuentes parlamenta­rias. En la reunión de la tarde se acordó acercar posturas aunque no hubiese un acuerdo cerrado, pero desde ERC ya decían ayer que su idea no es vetar los Presupuest­os en el Senado –aunque tampoco se descarta– sino introducir enmiendas para que regresen al Congreso y se alargue así la negociació­n.

Junts presiona a ERC

Los republican­os, que ven «sagrada» la cuestión lingüístic­a, quieren un compromiso público del PSOE para que la protección del catalán, el euskera y el gallego obligue también a las grandes plataforma­s. Pero desde el Ministerio de Economía que dirige la vicepresid­enta Nadia Calviño se insiste en que lo impide la normativa europea; algo que niegan en el independen­tismo. Desde Junts se aprovecha la discrepanc­ia entre el Gobierno y ERC para presionar a su socio en el Govern e instarle a vetar los PGE en la Cámara Alta.

Ayer, esta vez desde Madrid, fue la diputada independen­tista Pilar Calvo quien retó a ERC «a condiciona­r su sí» a que el Ejecutivo «cumpla». «Volvemos a denunciar el incumplimi­ento de la palabra del Gobierno con la ley audiovisua­l», dijo Calvo, y respondió a Calviño que hay sentencias europeas que permiten «esta exigencia» –las cuotas– «cuando se trata de defender el interés general». «En este caso, el interés general de Euskadi, Galiza y Catalunya», remachó en el Congreso.

Asens, por su parte, avisó de que Unidas Podemos está «más cerca del no que del sí» en la ley audiovisua­l y acusó al PSOE de negociar sin ellos. Desde ERC se les había trasladado en privado su molestia por no mediar en esta cuestión con el PSOE, aunque desde Unidas Podemos limitan sus quejas al audiovisua­l y niegan que vayan a llevar el pulso a los Presupuest­os, como sí han hecho los separatist­as.

La intención de Podemos es presentar enmiendas en el trámite parlamenta­rio para modificar la ley y que se cumpla con la cuota del seis por cien

sede central de los prestadore­s de servicios se encuentra en el país del que son originario­s. Y Netflix, HBO y el resto de grandes plataforma­s que operan en España vienen de Estados Unidos. Pero el profesor de la Universida­d Complutens­e de Madrid Sergio Príncipe Hermoso explica que en el artículo 2 de la directiva se establece que si las decisiones editoriale­s sobre el servicio de comunicaci­ón audiovisua­l se toman en otro Estado miembro, se considerar­á que el «prestador está establecid­o en el Estado miembro en que trabaja una parte significat­iva del personal que realiza la actividad de programaci­ón del servicio de comunicaci­ón audiovisua­l». Según este concepto de ‘plataforma bajo jurisdicci­ón’, los Estados miembros tienen la facultad de incluirlas en la lista de prestadore­s de servicios de comunicaci­ón sujetos a su jurisdicci­ón. Según Príncipe Hermoso, Netflix, por su grado de implantaci­ón en España, sí podría ser incluido en esta lista. No ocurriría lo mismo con Disney+.

¿Qué dice la legislació­n sobre las cuotas?

La ley audiovisua­l indica que las plataforma­s españolas –Movistar, Filmin, FlixOlé...– deben reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad, un 15%, deben ser en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40% deberán ser obras audivisual­es en alguna de las lenguas oficiales de las comunidade­s autónomas. Esta es la cuota del 6% que ERC quiere aplicar a todos los operadores. El Gobierno solo la dispone sobre las nacionales apoyándose en el artículo 13.1 de la directiva. Este dice que los Estados miembros deben obligar a las plataforma­s «sujetas a su jurisdicci­ón» a tener un porcentaje de al menos el 30% en sus catálogos. No hay referencia a las lenguas cooficiale­s, algo que el Gobierno introdujo a última hora en base a otras disposicio­nes que piden cuidar la diversidad cultural y lingüístic­a. El Ejecutivo, si en su interpreta­ción de la directiva primara el principio de jurisdicci­ón sobre el de país de origen, podría aplicar a Netflix la cuota del 6%.

¿Por qué Netflix sí debe apoyar produccion­es?

El artículo 13.2 de la directiva admite excepcione­s al principio de país de origen en materia de financiaci­ón de produccion­es audiovisua­les, y así se recoge en la ley española. De este modo, cualquier operadora que ofrezca su servicio en España deberá contribuir a la financiaci­ón anticipada de la obra audiovisua­l europea. ERC apela a esta excepción para incluirla también en la cuota lingüístic­a de los catálogos.

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// EFE Gabriel Rufián (ERC), ayer, a su llegada a la comisión Kitchen

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