El Gobierno defiende cambios en la Carta Magna, pero cree que no es una prioridad
▶ El PSOE habla de la reforma desde 2013, aunque piensa que el actual clima político la hace muy complicada
Cada 6 de diciembre en los actos para conmemorar la Constitución siempre hay un lugar reservado para los debates políticos y periodísticos en torno a la reforma de la Carta Magna. La crisis territorial a cuenta del desafío con Cataluña y la irrupción de Podemos y Ciudadanos en 2014 habían convertido este debate en una figura recurrente. Pero el clima político ha terminado por hacerlo imposible. Y eso pese a que existen puntos de consenso. Por ejemplo, nadie va a oponerse a modificar el artículo en el que se otorga primacía al varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. Pero el criterio es no abrir un debate que puede servir para dar cauce a iniciativas que revisen en profundidad los consensos básicos del sistema constitucional.
Recientemente ni siquiera ha existido un consenso total en el primer trámite parlamentario sobre el cambio del artículo 49 para suprimir el término «disminuidos» que hacía referencia a las personas con alguna discapacidad. El precedente es un buen termómetro de las posibilidades de lograr consensos. «No creo que hablemos mucho de reforma de la Constitución este año», plantea un alto cargo del Gobierno. Se aduce en La Moncloa que la situación política actual lo hace impensable. «Tenemos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renovar desde hace tres años», dicen en el Ejecutivo para explicar que las relaciones con el PP no hacen posible un entendimiento ni siquiera de mínimos.
En esa dirección se expresaba esta semana la ministra de Justicia durante una entrevista en ‘El País’ al ser preguntada por una cuestión que el presidente del Gobierno ha defendido: acabar con la inviolabilidad del Rey. «Ahora mismo no se dan las mayorías suficientes para hacer una reforma constitucional; no la tenemos para nombrar los vocales del CGPJ, imagínese
El Ejecutivo aboga por suprimir la inviolabilidad del Rey, sin embargo sabe que no cuenta con los apoyos suficientes
para tocar una reforma constitucional que exige una mayoría mucho más reforzada», declaraba Pilar Llop.
El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, aseguraba esta semana que su formación «siempre ha tenido claro que debe haber alguna modificación», pero insistía en que el marco constitucional actual habilita al Gobierno a seguir trabajando en su «principal objetivo», que es la recuperación de la economía.
Pedro Sánchez pretende una segunda mitad de la legislatura que reduzca la intensidad de la discusión pública. En La Moncloa se trabaja con estudios cualitativos sobre diferentes temas. Y aseguran que existe en la ciudadanía un rechazo muy severo al nivel de crispación política. Un debate sobre la reforma constitucional no parece que fuese a contribuir a mejorar el clima de la discusión pública. En este asunto el PSOE intenta fijar posición explicando que ellos son partidarios de una reforma, pero que ahora no parece el momento: «Los temas en torno a nuestra Constitución, no nos ocultamos, estamos dispuestos a abordarlos, pero desde luego a día de hoy no es una prioridad», reconoció Sicilia.
Aunque sí es un asunto que el PSOE sigue teniendo en su brújula política. En el reciente 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Valencia, Pedro Sánchez creó un puesto con el siguiente nombre: secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos. El titular es el todopoderoso ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Un mensaje trascendente que indica que el PSOE mantiene la tensión en este asunto.
En el seno del Gobierno esta cuestión ha estado en estudio, respecto a la conveniencia de propiciar un debate sobre el modelo. El exjefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, se prodiga en las últimas semanas en diferentes foros mostrando su convencimiento de que habrá una reforma de la Constitución profunda antes de 2030. Unas palabras que alimentan la posibilidad de que Pedro Sánchez explore esa opción cuando se aproxime el final de la legislatura.
Pero en una de sus últimas entrevistas, el presidente del Gobierno apuntó tres ejes sobre los que articular en un eventual cambio constitucional: «reformar el derecho a la salud, todo lo que tiene que ver con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el ecologismo». Recientemente su partido también presentó una propuesta para garantizar la subida de las pensiones con un blindaje constitucional. El PSOE también quiere reformar la Carta Magna para cambiar el mecanismo de elección del presidente del Gobierno y evitar bloqueos que conduzcan a la repetición electoral.
En segundo plano
Se quedan en un segundo plano las cuestiones relativas al modelo territorial, pese a que el PSOE lleva hablando de una reforma de la Constitución en clave federal desde que en 2013 alumbró la Declaración de Granada.
En octubre de 2015, ya con Pedro Sánchez como candidato a sus primeras elecciones generales, el PSOE presentó una propuesta de reforma que en tres de sus apartados hablaba de justicia social, derechos y Europa. Pero los dos primeros aparecen ahora como difícilmente abordables. Uno hacía mención a las reformas institucionales y otro hablaba de «reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo».
El presidente del Gobierno blandirá la baza de la reforma si entiende que el debate no lleva a un callejón sin salida. Que es a donde ahora mismo podría conducir.