Residencias y Covid: el ‘escándalo’ que la Justicia sigue sin encontrar
▶ Año y medio después del comienzo de la pandemia, ninguna denuncia contra estos centros ha prosperado ▶ El sector lamenta que no se reconoció su labor en la crisis sanitaria a pesar de que cumplió todos los protocolos
Si hubiera que buscar una espita, probablemente serían las declaraciones de Margarita Robles el 20 de marzo de 2020, apenas dos semanas después del estallido de la primera ola. «Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias. El Ejército en algunas visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», manifestó en un programa matinal de máxima audiencia. La opinión pública viraba sus ojos hacia los centros de mayores. También lo hacía la Fiscalía General del Estado, que daba instrucciones para inspeccionar al detalle las residencias de todo el país. Las denuncias se sucedieron, con más o menos publicidad y eco mediático, como si las malas prácticas del sector estuvieran detrás de la alta mortalidad de este aterrizaje brusco en la pandemia. No eran residencias, era Auschwitz. La crisis sanitaria se judicializó. Más de un año y medio después, la Justicia no ha sido capaz hasta la fecha de precisar malas prácticas en las residencias que amparen el relato elaborado de que el sector primó el negocio al cuidado de los mayores.
El sector, callado durante todo este tiempo, se limita a señalar los datos: pese a la lluvia de denuncias, ninguna ha llegado a juicio hasta hoy. La Fiscalía robustece esta visión: de las más de mil diligencias procesales civiles incoadas desde marzo de 2020 hasta septiembre de este año, 738 han sido archivadas, un 70% del total. Otras 302 siguen en trámite, sin que eso signifique que vayan a dar el paso para convertirse en diligencias judiciales. En el ámbito penal, de las 517 incoadas, solo 40 derivaron en denuncias interpuestas ante la autoridad judicial.
«Las demandas se están archivando en todos los procesos», valora Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), una de las patronales del sector. «Que se abriesen diligencias parecía que ya fuésemos culpables de algo», pero una vez que los centros remitían la información solicitada a la Fiscalía «no va más allá» porque «no hay causa». Según el cálculo de la Asociación Estatal de Servicios de la Tercera Edad (Aeste), entre las denuncias del Ministerio Público y las interpuestas por familiares y colectivos, los principales grupos gestores de residencias han hecho frente a más de un centenar de reclamaciones judiciales. «Prácticamente todas están archivadas», subraya Jesús Cubero, secretario general de esta organización. «La Fiscalía entiende que se actuó correctamente y ha ido archivando, no creíamos que fuera a ser de otra manera».
«Abandonados»
Los principales señalados de esta crisis en las residencias han sido los grandes grupos empresariales privados que gestionan el sector. A DomusVi, con más de 200 centros en toda España, se le han notificado desde marzo de 2020 once procedimientos judiciales, de los que seis han sido ya archivados. La empresa asegura a ABC que hasta la fecha, «no se ha citado a declarar a ningún responsable» de residencias ni de la dirección en los procedimientos todavía abiertos, que se añaden a las «decenas de diligencias preprocesales» abiertas y cerradas por la Fiscalía.
Amavir, que gestiona 43 centros de mayores en todo el país e igualmente golpeados por la primera ola, solo mantiene un procedimiento abierto en Fiscalía por una residencia de Murcia, mientras que otros siete de Madrid ya fueron archivados. Respecto a denuncias de particulares, dos de las ocho interpuestas –todas en la Comunidad de Madrid– fueron ya cerradas, y las otras seis están a la espera de resolución, pero sin que hayan llegado a fase de celebración de juicio.
Otro de los grupos señalados, Los Nogales, con una decena de residencias en Madrid, vio cómo de las cinco investigaciones abiertas, cuatro murieron sin salir de Fiscalía y otra fue sobreseída en el juzgado. «El sector cumplió con su deber y respetó las normas, protocolos y recomendaciones», apuntan fuentes de Los Nogales, «afortunadamente, el tiempo y las resoluciones judiciales lo están corroborando».
Los distintos jueces y fiscales coinciden en su diagnóstico una vez reciben los informes forenses de los usuarios de residencias que, supuestamente, han fallecido por las malas prácticas de los gestores y el personal que los atiende. «No hay evidencias de que fuera la actuación de la residencia, ni de su personal, la que provocase el triste desenlace», afirmó la fiscal jefe del área de Móstoles sobre casos denunciados en una residencia de Humanes. «Tras presentar unos primeros síntomas compatibles con el Covid-19, se actuó en la residencia conforme a los protocolos», resolvió un juez de Plaza de Castilla sobre un centro de la capital. «No existen elementos que permitan inferir que concretas actuaciones omitidas tuvieron vinculación» con el fallecimiento de pacientes, dictaminó la Audiencia de Pontevedra ante un recurso por las víctimas de una residencia en Cangas.
«Estuvimos abandonados como sec
Autocrítica
El sector reconoce que «descuidó» la atención a las familias tras verse «desbordado» por la falta de personal en sus centros
tor. Se nos criminalizó sin saber qué estaba pasando», denuncia Cinta Pascual, presidenta de Ceaps (Círculo Empresarial de Atención a Personas). Hay un dolor sordo en el sector. Durante la primera ola «estábamos en primera línea, no recibíamos un solo aplauso y sí las críticas de todo el mundo». Las declaraciones de la ministra de Defensa fueron definitivas. «Nos dolió bastante». Aquella situación no se derivó de la negligencia de las residencias, sino de la «hecatombe» de las funerarias, que no daban abasto, en palabras de Fernández Cid. «¿Qué director de residencia va a querer almacenar cadáveres en sus centros», se pregunta, «ni a la mente más perversa se le ocurre».
Las patronales hacen también autocrítica. «Desatendimos a las familias. Nos vimos totalmente desbordados por una cantidad enorme de bajas, con las plantillas muy diezmadas, y se priorizó la atención al mayor pero descuidando la información al familiar», admite el presidente de la FED. En estos momentos negocian con el Ministerio de Derechos Sociales una suerte de normativa básica común a todas las CC.AA. que acabe con una de las deficiencias sistémicas: la disfuncionalidad entre territorios. Y mientras tanto, Cinta Pascual avisa: «El miedo a la sexta ola en las residencias es real; siempre lo habrá después de lo vivido».