La Justicia avala el uso del pasaporte Covid en espacios públicos en Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó ayer dar el aval judicial al Gobierno de Canarias para solicitar el certificado Covid al acceder a determinados establecimientos y espacios de uso público, acordada por orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el 29 de noviembre de 2021.
La Consejería de Sanidad presentó la pasada semana la petición para que la justicia avalara el certificado Covid tras el trabajo realizado por el Ejecutivo regional y consensuado en encuentros con sectores económicos y empresariales.
Esta medida de presentación del certificado Covid será de tipo voluntario para los establecimientos que quieran ampliar sus aforos y, tal y como señala la resolución, tendrá una vigencia máxima hasta el 15 de enero de 2022, siendo necesario en caso de prórroga solicitar nueva autorización judicial.
Quienes así lo consideren, podrán pedir este documento a quienes deseen entrar en locales de hostelería o de ocio nocturno, con el objetivo de poner freno a los contagios de Covid-19 en las islas.
La Consejería de Sanidad se mostró «satisfecha» con la decisión judicial. Esta medida entrará en vigor el próximo día 10 de diciembre y estará sometida a seguimiento y evaluación, según informó el departamento regional.
Otras comunidades
Con una incidencia del coronavirus en aumento que ya se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, las comunidades autónomas han abierto el debate sobre la implantación del certificado Covid para acceder a determinados espacios. La idea es usar esta medida para evitar recurrir a otras restricciones como la limitación de aforos o de horarios.
Tras el aval judicial de ayer, Canarias se suma a Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, que ya piden el pasaporte de vacunación para acceder a diferentes espacios.
En el caso de Andalucía, la Justicia ha pedido adecuarlo en el tiempo, mientras que Asturias, Castilla y León y Cantabria están estudiando implantarlo también en sus territorios. Por el contrario, se desmarcan la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, que a día de hoy no tienen intención de solicitarlo.