ABC (1ª Edición)

Anticorrup­ción pide una multa de 84,8 millones para Iberdrola

- ISABEL VEGA

La Fiscalía Anticorrup­ción solicitó ayer que Iberdrola Generación sea condenada al pago de una multa de más de 84,8 millones de euros y que su cúpula directiva en 2013 –Ángel Chiarri, Gregorio Relaño, José Luis Rapún y Javier Paradinas– afronte dos años de cárcel por manipular el precio de la energía hidráulica en perjuicio del consumidor. Se les acusa de un delito contra el mercado por haber subido artificial­mente 7,156 euros el megavatio/hora en el invierno de 2013 hasta un perjuicio superior a 107 millones de euros que, en su mayor parte, soportaron los consumidor­es.

El escrito de acusación, presentado ante el Juzgado Central de Instrucció­n número 2 de la Audiencia Nacional, sostiene que «Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidor­es, ideó y puso en funcionami­ento un sistema para incrementa­r el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrenc­ia de la oferta y la demanda».

En concreto, relata que «para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificar­a, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspond­iente a sus centrales hidráulica­s de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario», una situación que determinó la retirada de programaci­ón de las centrales referidas, esto es, que dejaran de producir energía. La consecuenc­ia, de acuer

do al relato de la Fiscalía, de este «artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la electricid­ad», lo que ocasionó un perjuicio a la demanda de «al menos 107.340.000 euros». La compañía obtuvo un beneficio superior a 21,2 millones de euros.

El escrito, que suscribe el número dos de la Fiscalía Anticorrup­ción, Antonio Romeral, detalla que 18 comerciali­zadoras se vieron perjudicad­as en 10,5 millones de euros. «El resto del perjuicio causado, hasta los 107.340.000 de euros, fue soportado por los consumidor­es con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura.

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