Pastillas abortivas, la nueva trinchera en EE.UU. tras el fallo del Supremo
► Varias organizaciones que envían el fármaco por correo aseguran que la demanda se ha multiplicado
‘Solo prohibís el aborto seguro’, rezaban algunas de las pancartas en los cientos de protestas que se han esparcido por todo EE.UU. desde que el pasado viernes el Tribunal Supremo derogara la protección constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. Era una forma destilada de un mensaje que repiten los activistas a favor del derecho al aborto: la prohibición de la práctica –que ya se ha materializado en nueve estados tras la sentencia y acabará con restricciones fuertes en la mitad del país– no evitará que no ocurra. Las mujeres que deseen abortar en los estados donde está o estará prohibido tendrán que viajar a otros territorios o buscarse una manera –aunque sea menos segura– de hacerlo donde viven.
En este escenario, buena parte de la atención está puesta en las pastillas abortivas, un método para la interrupción del embarazo que ha ganado peso en los últimos años en EE.UU. y que se prevé que lo haga mucho más ante la nueva configuración legal del aborto.
Se practica con dos medicamentos –mifepristona y misoprostol–, que la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA) ha autorizado para su uso entre la semana siete y diez de gestación. El primero detiene el desarrollo del embarazo. El segundo provoca contracciones y la expulsión del feto.
En la actualidad, más del 90% de los abortos en las trece primeras semanas de gestación se practican con esos fármacos. Su uso se ha disparado en los últimos años: según los datos de Guttmacher Institute, un organización a favor del derecho al aborto, en 2020 los abortos con medicamentos suponían el 52% del total, por encima del 37% en 2017.
Es muy probable que la pandemia haya incrementado incluso más ese porcentaje –sobre todo después de que la FDA permitiera el año pasado que la supervisión médica y la prescripción de las pastillas se hicieran con consultas ‘online’– y que lo haga todavía más ante el panorama que se abre en EE.UU. tras la decisión del Supremo. Nada más conocerse, varias organizaciones que proveen esos tratamientos por internet y envían las pastillas por correo aseguraron que la demanda se ha multiplicado.
Ilegal en nueve estados
En los nueve estados donde la prohibición del aborto ya ha entrado en vigor, la interrupción del embarazo con pastillas también será ilegal. Y se espera que en el resto de estados que van a restringir el acceso ocurra algo similar. De hecho, ya hay 19 estados que, antes de la sentencia, han prohibido las consultas de telemedicina para dificultar la receta de las pastillas. En otros, como Texas, se ha prohibido que estos fármacos se envíen por correo. En Dakota del Sur, se aprobó una ley en marzo por la que la mujer que deseara abortar tuviera que acudir a tres citas médicas en persona. La norma está bloqueada en tribunales, pero ha sido adelantada por la prohibición que entró en vigor para todos los abortos con la sentencia. Su gobernadora, la republicana Kristi Noem –estrella emergente del partido, incluso con algunas aspiraciones presidenciales–, aseguró que presentará un plan para evitar que el aborto farmacológico se practique en su Estado, donde se perseguirá a los doctores u organizaciones que los distribuyan.
En estos estados con prohibiciones o restricciones, no se persigue a las mujeres, pero las consecuencias para quienes practiquen o faciliten los abortos pueden ser graves: en Misuri, hasta quince años de cárcel.
Todavía es pronto para ver cómo se materializarán las prohibiciones y qué vías les quedarán a las mujeres que quieran abortar. Por delante habrá decenas de peleas legales entre estados a favor de la restricción del aborto, estados y organizaciones que buscan proteger su acceso y el Gobierno federal. Los tribunales –y, en última instancia, el Supremo– tendrán que definir la formulación definitiva de ese acceso, pero por el momento la Administración Biden ha asegurado que peleará para que las mujeres puedan recibir esas pastillas y que el aborto sea «ampliamente accesible».
El fiscal general, Merrick Garland, dijo que el Departamento de Justicia «trabajará con el resto de ramas del Gobierno federal para usar su autoridad legal en la protección y preservación del acceso a la salud reproductiva». En un comunicado detalló que las pastillas abortivas están autorizadas por la FDA y que los estados no pueden prohibirlas «en base a un desacuerdo con la decisión experta de la FDA».
Una de las opciones que va a crecer es el envío de pastillas desde el extranjero. Aid Access, una organización con base en Holanda, lo hace desde hace años con envíos a mujeres en estados con poco acceso a aborto. Será mucho más difícil demandar a médicos y entidades que envían desde el extranjero.