El Gobierno se alía con Bildu para desatascar su ley de memoria
Acuerdan reconocer a las víctimas de tortura hasta 1983, lo que incluye a los etarras Lasa y Zabala
La ponencia encargada de debatir las enmiendas a la Ley de Memoria Democrática concluyó y aprobó ayer su informe, tras un pacto entre el Gobierno y EH Bildu, para entre otras cosas, reconocer víctimas de torturas hasta el año 1983 incluido. El Ejecutivo da un paso definitivo para la aprobación final de la ley. El próximo lunes 4 de julio, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, se votará el dictamen en la Comisión Constitucional del Congreso y el texto quedará visto para sentencia en un pleno extraordinario el 11 o el 15 de julio.
A pesar de que ERC aún sigue sin confirmar su posición definitiva, el respaldo de Bildu a la norma, junto al de PNV, PDECat y otros partidos minoritarios acerca a PSOE y Unidas Podemos a los apoyos necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto de ley emanado del Ministerio de Presidencia. En rueda de prensa, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sacó pecho de la negociación con el Gobierno, otra vez clave.
El Ejecutivo se alía estratégicamente con Bildu –coalición que integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna, brazo político de la extinta banda terrorista ETA– en una materia tan sensible como la memoria. El acuerdo entre el Gobierno y Bildu plasma el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, lo que afecta a las víctimas de torturas y de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA. Un periodo que no solo excede la dictadura de Francisco Franco, también la Transición, e incluye el primer año del socialista Felipe González en el Gobierno. En esa época comenzaron las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y se perpetraron los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
Aizpurua, que celebró que la ley resultante de la ponencia es «más ambiciosa» que la planteada inicialmente por el Gobierno, enumeró otros acuerdos con su coalición, como la cesión del Palacio de la Cumbre –donde se torturó a Lasa y a Zabala– al Ayuntamiento de San Sebastián, la reconversión del Fuerte de San Cristóbal –antigua cárcel franquista en Pamplona– en un espacio de memoria y la declaración de «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas creados desde 1936. El reconocimiento de las víctimas de torturas quedará en manos de una comisión de expertos.
El franquismo, ilegal
Aparte de los acuerdos con Bildu, la ponencia incorpora al proyecto de ley del Gobierno la batería de enmiendas registradas el pasado noviembre por PSOE y Unidas Podemos, incluida la controvertida modificación que plantea aplicar el derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977, una de las bases de la Transición, y declarar que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben ni son perdonables. Enmiendas transaccionales con PDECat y Más País, además, declaran «ilegal» el régimen franquista, reconocen el resarcimiento de bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura, y sitúan el catalán, el gallego y el vasco como víctimas de la represión franquista; reivindicaciones de ERC que capitalizan PDECat y Más País con sus pactos.
El informe de la ponencia salió con el aval de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDECat, Más País y Coalición Canaria, la abstención de ERC y Junts, y el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos. Fuentes del PP alertaban al concluir la reunión del «peligroso revisionismo», Iván Espinosa de los Monteros (Vox) censuró que se pacte con «el brazo político de ETA» y Edmundo Bal (Cs) pidió, irónicamente, que se nombre a Arnaldo Otegi ministro del Interior.