PSOE y Podemos vetaron que el Congreso investigara el caso Oltra
La investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores tuteladas apenas registra avances
El Congreso no pudo investigar la gestión de los abusos del exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, porque PSOE, Podemos y sus socios lo impidieron. El veto tuvo lugar el pasado febrero, casi un año después después de que la Audiencia de Valencia condenara a cinco años de prisión al exmarido de la líder de Compromís.
La iniciativa había partido del PP para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las responsabilidades políticas del Gobierno, «tanto por acción como omisión», en los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares. Pero el intento chocó de bruces con la mayoría de investidura, que se alineó para echarlo abajo en la Junta de Portavoces. El razonamiento esgrimido fue que el Congreso no tiene competencia en casos de carácter autonómico y que debían ser los parlamentos de cada comunidad los que investigaran lo sucedido. Un argumento que conducía a un callejón
La izquierda aseguró que el caso Oltra solo podía examinarlo el Parlamento valenciano, pero allí había tumbado su investigación
sin salida, porque para esa fecha PSOE y Compromís habían dado carpetazo a todos los intentos de investigar los abusos a menores en las Cortes valencianas, mientras el partido de Pedro Sánchez y Podemos habían hecho lo propio en el Parlamento balear. Durante el debate y la posterior votación en la Junta de Portavoces, solo Vox, Ciudadanos y Foro apoyaron la investigación que pedía el PP.
Más velocidad para la Iglesia
El partido que hoy preside Alberto Núñez Feijóo también pidió al Defensor del Pueblo que interviniera e investigara la actuación de los gobiernos central, balear y valenciano ante los casos de abusos a menores, y que exigiera las responsabilidades oportunas. En su escrito, remitido a la institución en diciembre, el PP recordaba a Ángel Gabilondo que estos abusos «vulneran derechos y libertades fundamentales» garantizados por la Constitución, e insistía en esa idea de esclarecer cualquier tipo de responsabilidad de las administraciones públicas «por acción u omisión». Pero Gabilondo rechazó la petición sosteniendo que la situación en la Comunidad Valenciana había sido judicializada y que, por tanto, no podía intervenir hasta que quedara resuelta.
El Defensor del Pueblo ha sustituido esa investigación que pedía el PP por otra de oficio en todo el país, para la que ha pedido que las comunidades –la valenciana y la balear incluidas– y el Ministerio de Derechos Sociales le envíen los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados y las medidas adoptadas frente a ello. Pero esta investigación se encuentra aún en una fase muy prematura, a la espera de recibir datos. Una falta de avances que choca con el ritmo imprimido por la institución a las labores sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia.
Y es que el Defensor del Pueblo recibió el encargo del Congreso para investigar estos últimos hace solo tres meses, pero a primeros del próximo mes ya estará creada la comisión asesora y celebrará su primera reunión. Para esa fecha, Gabilondo también pondrá en marcha la Unidad técnica de escucha activa y atención a las víctimas de abusos. Además, quiere crear un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. En cambio, la investigación sobre los abusos a menores tuteladas cuenta en este momento únicamente con los datos remitidos por algunas autonomías.
El Defensor del Pueblo achaca esta evidente diferencia de trato a la judicialización de los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana, pero también hay casos de abusos en el seno de la Iglesia que se encuentran judicializados. Sobre ello, la institución argumenta que investiga los abusos cometidos por religiosos por encomienda del Congreso, pero que esta Cámara no le ha pedido que informe sobre el caso Mónica Oltra.