Los cesados en Indra: «Quieren consejeros que no se opongan a sus pretensiones»

Apuntan, en una carta enviada a la CNMV, que la SEPI filtró información secreta al máximo accionista de Prisa Los accionistas minoritarios preparan acciones judiciales contra el asalto y piden al supervisor que actúe ya

Los consejeros cesados en Indra consideran que sus destituciones se produjeron porque suponían un estorbo para el asalto del Gobierno a la cúpula de la tecnológica. Pero no solo eso. También creen que el Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría haber filtrado información secreta a su principal socio en la empresa, el fondo Amber Capital, que es el máximo accionista del grupo Prisa.

Así lo reflejan Alberto Terol, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro, los cuatro consejeros cesados en la junta de accionistas de la semana pasada, en cuatro cartas distintas enviadas ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cuatro misivas –una por consejero– en las que los ya exvocales intentan explicar las razones de sus destituciones.

En su carta, el que fuese líder de los vocales independientes díscolos con los planes de la SEPI, Alberto Terol, deja caer que alguien filtró información del consejo a Amber. «Resulta llamativo que un accionista que ha adquirido sus acciones pocos días antes de la celebración de la JGA (junta general de accionistas) cuestione la cohesión y estabilidad del consejo de la compañía. ¿Cómo y de quién ha obtenido los mensajes que le conducen a una conclusión dirigida a proponer un acuerdo tan drástico como es el cese inmediato de cuatro consejeros concretos y la no renovación del quinto, todos ellos consejeros independientes? Lo ignoro. Pero lo cierto es que dicha propuesta ha obtenido el apoyo de SAPA y de SEPI». Los consejeros cesados deslizan, asimismo, una «acción concertada» para tomar el control del consejo.

La realidad es que el fondo de inversión compró el 4,2% de las acciones de Indra que posee pocos días antes de la celebración de la junta. Y, tal y como explican los consejeros, Amber no «ha tenido participación directa en las reuniones del consejo de administración». Terol, que llegó a liderar a los consejeros independientes que se opusieron a los planes de la SEPI para incrementar su presencia en el consejo de Indra y facilitar así la creación de un gigante nacional en el sector de defensa, añade que los únicos encontronazos que tuvo en el órgano de dirección fueron por el nombramiento de Murtra a petición de la SEPI, el cese de Fernando Abril-Martorell y el veto al nombramiento como consejera independiente de Rosa García Piñero.

«De acuerdo a lo anteriormente explicado, al no existir, en mi opinión, motivos justificados para los ceses y no reelección que se han producido, mi parecer sobre los motivos de ello es que tal decisión solo puede deberse a la pretensión de SEPI de conformar una nueva mayoría en el consejo, al que se incorporen consejeros que no se opongan a sus pretensiones», concluye Terol.

No es la única vez en la que los exvocales cuestionan en estas cartas la relación entre el holding público y Amber. «Dicho fondo no cuenta con representantes en el consejo, por lo que se me escapa cuál es su conocimiento de las circunstancias que se dan en el seno de este, cómo ha adquirido dicho conocimiento, ni a que circunstancias en concreto se refiere», explica Ana de Pro, otra de las consejeras cesadas.

Los exconsejeros recuerdan asimismo la posición que tendrá el presidente no ejecutivo de Indra, Marc Murtra, tras el asalto al consejo de la compañía de la SEPI y sus socios. En principio, el directivo, que fue impuesto por el holding público hace poco más de un año, pasará a tener funciones ejecutivas tras la junta de la semana pasada. «Es por supuesto posible que los consejeros o accionistas que hayan aconsejado a Amber plantear mi cese lo hayan hecho porque prevean que, ante ciertos cambios que quieran plantear (tal vez las funciones ejecutivas para el presidente) o ciertas decisiones que quieran tomar en el futuro, mi voto no vaya a ser de su agrado y no se vean capaces de doblegarlo. Quizás esta es la única razón de fondo», sostiene Enrique de Leyva, otro consejero destituido la semana pasada.

Por todo ello, los vocales cesados consideran que la acción del Gobierno y sus socios vulnera el buen gobierno corporativo y tendrá consecuencias. Algo de lo que ya avisaron en la junta de accionistas, cuando Terol explicó que estos cambios dejaban a Indra en una «situación anómala». Desde la junta de la discordia otros dos consejeros independientes han anunciado su dimisión, el último ayer mismo, lo que en la actualidad deja solo un independiente de esta condición en el consejo de la tecnológica.

Fuentes de la compañía explican que ya han iniciado el proceso para sustituir a estos vocales para que el máximo órgano de gobierno de la tecnológica cuente con la mitad de independientes en el menor plazo posible. Además, comunicaron que el presidente Murtra ha renunciado al voto de calidad.

Ofensiva de los accionistas

Pero estas medidas no han servido para calmar a los accionistas minoritarios del grupo, que preparan una demanda por la toma de control en el consejo. Los minoritarios se sienten perjudicados por los cambios en la compañía y formalizarán la presentación de una demanda a través del bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

Fuentes del bufete confirman a este periódico que todavía se mantienen abiertas varias acciones respecto a esta demanda. Además de la demanda, desde Cremades han remitido una carta al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en la que se le solicita una reunión para «intercambiar pareceres». Un encuentro orientado hacia «enfoques constructivos» donde representantes del bufete trasladarán la preocupación de los accionistas minoritarios de la compañía.

Desde Cremades aseguran que cada vez son más los propietarios del capital social interesados en este proceso. «Esta injerencia está afectando de manera directa a la cotización de la acción, con lo que está produciendo un daño patrimonial a los miles de pequeños accionistas», reza la misiva, que solicita a la CNMV que obligue a la SEPI a lanzar una opa sobre Indra por haber impulsado una alianza que agrupa más del 30% del capital social.