La plaza en residencias valdrá mil euros más al mes con el modelo de Belarra
Nueve regiones, que abarcan al 70% de la población, se rebelan contra el acuerdo, que tampoco gusta al sector
García-Page reclamó que el Gobierno deje de imponer a las comunidades nuevos servicios sin otorgarles más financiación
Se necesitaban más ‘síes’ que ‘noes’ y fueron dos comunidades socialistas las que, por un voto de diferencia, salvaron ayer a Ione Belarra de llevarse otro chasco en sus competencias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La ministra consiguió ayer sacar adelante –por diez votos a favor frente a nueve en contra– su propuesta de Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el documento que establece cómo serán las residencias de mayores y de personas con discapacidad del futuro más próximo.
El cambio en el sentido del voto de Extremadura y Asturias fue crucial para que la propuesta de Derechos Sociales saliera adelante. En el anterior Consejo Territorial, el pasado mes de mayo, el acuerdo no prosperó. Belarra no conquistó ayer, sin embargo, a la también socialista Castilla-La Mancha. El presidente de la región, Emiliano GarcíaPage, se mostró muy crítico con este acuerdo y pidió que se convoque una Conferencia de Presidentes para acordar entre autonomías y Gobierno central que el Estado no pueda regular e imponer a las comunidades autónomas la prestación de nuevos servicios sin un aumento en la financiación que cubra los gastos. «Hay que evitar esa política del ‘yo invito y tú pagas’», dijo el presidente autonómico.
Tampoco votaron a favor Cataluña y País Vasco –por motivos de competencias– así como Galicia, Andalucía, Ceuta, Castilla y León, Murcia y Madrid. Esta última, además, anunció tras la reunión que iba a aplicar su propio modelo residencial que «garantice el acceso al sistema de todas las personas en situación de dependencia y facilite la libre elección de los usuarios». La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, consideró «inasumible» la propuesta del ministerio por no contar con la financiación necesaria. En la misma línea se manifestó la consejera de Murcia, Isabel Franco, que afeó que no se cuente con la dotación presupuestaria necesaria para su implantación. Además, ambas regiones lamentaron que el nuevo modelo se aprobara con el voto en contra de diez comunidades que acumulan el 71% de la población española.
La propuesta del Gobierno tampoco convence a sindicatos, patronales y familiares. «Lo que más me preocupa son las personas que ya están viviendo en residencias y verán cómo se les aumentan sus tarifas por el incremento de ratios», explica Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps). En esta línea se mueve también Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que calcula que, con el nuevo modelo, los precios subirán un 50%, hasta el punto que los usuarios pagarán mil euros más cada mes. «Lo que van a conseguir es que los grandes dependientes que no puedan pagarlo se vayan a casa», critica.
Falta de financiación
Pascual, por su parte, aunque cree que el acuerdo aprobado ayer mejora sustancialmente respecto a la primera propuesta del ministerio, también se muestra inquieta por la falta de financiación. La votación, dice, muy ajustada, «es una lástima», porque demuestra «que muchas comunidades no creen en el acuerdo». Y al final, insiste, son ellas las que tienen que adaptar los centros al modelo propuesto. «¿Qué se ha conseguido? Que haya un parque de residencias obsoletas y con precios desorbitados que no se puedan pagar», lamenta Fernández-Cid.
Los familiares de los usuarios de residencias, por su parte, tampoco respaldan al ministerio. La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias –explica su portavoz, Paulino Campos– no está de acuerdo con las ratios que se proponen, creen que el número máximo de plazas es excesivo y que las habitaciones individuales que tendrá que haber obligatoriamente en cada centro son insuficientes. «Es decepcionante», sostiene.
El nuevo modelo, sin embargo, sí cuenta con el beneplácito de otras asociaciones y organizaciones, como es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de la Mesa Estatal de Personas Mayores.
Antes de 2030, las residencias deberán limitar sus plazas a entre 75 y 120 según las zonas en las que se encuentren. Las de personas con discapacidad solo tendrán hasta 50 plazas. Además, los centros deberán estructurarse en torno a unidades de convivencia de un máximo de 15 personas.
También se eliminarán las sujeciones antes de junio de 2025 y se subirán las ratios mínimas de personal por plazas de 0,31 en 2023 hasta 0,43 en 2029.