El PSOE rechaza convertir los centros concertados en públicos
El partido vuelve a desmarcarse de su socio, Podemos, autor de la propuesta
Mucho ponía el PSOE en juego, incluso se exponía a millones de personas en la calle manifestándose. Eso fue lo que ocurrió cuando toda la concertada se unió en contra de la ‘ley Celaá’ y lo que podría haber sucedido de haber salido ayer adelante la propuesta de Podemos en el Congreso para convertir los centros concertados en públicos. El PSOE volvió ayer a alejarse de sus socios de Gobierno y avanzó su rechazo durante el debate de la propuesta. El partido morado propuso, como adelantó ABC el pasado lunes, la integración voluntaria de las escuelas concertadas y las privadas en la red pública. La justificación es que la concertada es «subsidiaria» de la pública y que se configuró como tal en los años 80 cuando el Estado requirió más plazas educativas de las que tenía. La propuesta de Podemos recibió un contundente varapalo: 260 diputados votaron ‘no’; seis se abstuvieron, por 41 a favor.
«Lo que ustedes proponen invade las competencias, que corresponden a las comunidades. No parece viable», dijo la socialista María Olga Alonso durante el debate. PP y Vox adelantaron también que no la apoyarían. Georgina Trías, de Vox, acusó a Podemos de «proponer quedarse con los centros concertados que van mal y que nadie quiere, ya sea porque han perdido el espíritu del ideario que los animaba, ya sea porque están a punto de la quiebra económica y así aparecer como el salvador de esos centros que, por cierto, también son públicos», recordó la diputada. Beatriz Jiménez (PP) dijo que Podemos dejó «de defender la educación pública en el momento en que aprobó la ‘ley Celaá’». Por su parte, Cs, PNV UPN y Junts rechazaron la iniciativa. A favor votaron Más País y ERC, según avanzaron, «si se respeta» sus competencias. Bildu finalmente se abstuvo.
El texto de la propuesta señala que «han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública. Así pues, sería oportuno establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar que las escuelas privadas o privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del Estado español».
«Una buena noticia»
«La desestimación de la proposición de ley es, sin duda, una buena noticia para nuestro sistema educativo y para la libertad de enseñanza. Los centros concertados no necesitan ‘salvarse’ convirtiéndose en centros públicos, a cambio de perder su identidad. Necesitan que se cumpla la ley y que las administraciones los financien conforme al coste real del puesto escolar. De esta manera, podrán seguir cumpliendo su labor social y posibilitando una pluralidad de proyectos que enriquecen nuestra educación», señaló Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal de la concertada más grande del país, con 1.200.000 alumnos y 2.000 centros.