La ONU señala a Madrid y Rabat por el inaceptable uso de la fuerza en Melilla

∑ Las explicaciones de Sánchez no convencen en las ONG: «Si no lo sabía, peor aún»

António Guterres Secretario General de la ONU

«El uso excesivo de la fuerza es inaceptable; los países deben priorizar los derechos humanos»

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó ayer de «inaceptable» el «uso excesivo de la fuerza» que hicieron tanto España como Marruecos durante el salto de la valla de Melilla del pasado viernes, cuando entre 23 y 37 personas, dependiendo de la fuente, resultaron muertas y decenas acabaron heridas.

Su declaración en Twitter se vio refrendada después en rueda de prensa por el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric. «Hemos visto el uso también de una fuerza excesiva por parte de las autoridades, que debe ser investigada porque es inaceptable», resumió. Se refería a «ambos lados de la frontera».

Suben así las críticas de nivel, después de que otros organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Comité sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes condenasen el lunes la reacción de ambos países frente al intento de salto de 2.000 personas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también ha alzado la voz estos días, como la ONU, para exigir una investigación.

Y de investigaciones habló ayer en la Ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para zanjar que ya hay abiertas diligencias en la Fiscalía española –centradas, de momento, en reconstruir los hechos– y en la marroquí –que ha promovido la imputación de una veintena de migrantes. Reivindicó además empatía con las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y no se desdijo de que la actuación se resolviese «razonablemente bien». Solo matizó que cuando hizo esa declaración, no había visto las imágenes que después divulgarían las ONG. Insistió, además, en culpar a las mafias.

Para Helena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras, que trabaja en Marruecos y Argelia, estas explicaciones «tardías», no convencen en absoluto. «No creo que se pueda haber hecho una peor gestión que la que ha hecho este gobierno», señaló ayer a ABC. Maleno critica, por un lado, que Sánchez actúe como si el acuerdo con Marruecos que hace posible ese tipo de actuaciones en la valla no fuese cosa suya, limitando la responsabilidad de investigar a la Fiscalía. «No es la Fiscalía española ni la marroquí quien tiene un acuerdo de control migratorio. Es el Gobierno. Son hechos terribles en aplicación de ese acuerdo y tiene la obligación de abrir una investigación. Hay gendarmes marroquíes que entraron en Melilla para llevarse gente. ¿Eso está en el acuerdo?», plantea esta activista con más de dos décadas de trayectoria en la frontera sur. Dirige un mensaje directo al presidente del Gobierno: «Usted ha firmado un acuerdo con Marruecos y este es el resultado en el mundo real, no sobre el papel. Tendrá

que pedir a Interior y a Exteriores una investigación, y luego ya usted se solidariza con quien considere».

«No hace falta mafia»

Por otro lado, es crítica con el discurso sobre las mafias. «Aquí no nos vale, porque se ve cómo se les iban rompiendo los zapatos durante la carrera. Qué van a pagar y a quién», lamenta. Incide en que en el Gurugú se reúnen comunidades que en muchos casos han emigrado juntas. Y cuando la situación se hace asfixiante por las redadas de Marruecos en la zona –«continuas en las últimas semanas»–, lo único que queda es «correr hasta la valla» y «no hacen falta mafias para eso». A estas se recurre para echarse al mar o conseguir documentación falsa pero para ambas cosas se necesita dinero. Los del Gurugú son los migrantes más pobres de los pobres. Los que ya no tienen absolutamente nada.

Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, añade a la ecuación la gravedad de que Sánchez hablase el viernes de la actuación policial, según dice ahora, sin conocer detalles. «No es de recibo que habiendo 30 muertos yaciendo a los pies de la valla él hiciera esas declaraciones y no hace falta ver las imágenes para saber que había muertos, un precio intolerable en nuestra frontera. Él tiene la obligación de saber lo que pasa. Si ejecuta una política y esa política tiene como consecuencia 30 muertos, tiene que saberlo y si no lo sabe, es un agravante», añade. Incide en que lo que ocurre en la valla no es responsabilidad exclusiva de los gendarmes, pero deplora la «equidistancia» del Gobierno con las víctimas, porque al final, «los muertos, siempre son migrantes».