El CGPJ, dividido ante una respuesta contundente a su reforma exprés

► Los vocales intentarán consensuar un texto en el que pidan ser oídos sin la amenaza de recurrir a Europa

Movidos por la convicción de que el «manoseo» de la ley al antojo del Gobierno es «intolerable», el Consejo General del Poder Judicial no quiere dejar sin respuesta la nueva reforma que ha planteado el Ejecutivo a través del Grupo Socialista en el Congreso para conseguir ya el control del Tribunal Constitucional. Cómo lo haga ya es otra cuestión.

La proposición de ley que levanta parcialmente el veto para que el Consejo pueda hacer solo dos nombramientos (los de los dos magistrados del TC que le corresponde renovar a este órgano a la vez que los dos que propone el Gobierno) indigna a la mayoría de los vocales y esa es una realidad que se pondrá sobre la mesa del CGPJ en el pleno previsto para hoy.

La incógnita no está tanto en si el Consejo dará una respuesta a esta nueva injerencia en sus funciones, sino en el número de apoyos y los términos en los que se exprese esa declaración institucional, según reconocen fuentes del Consejo. Y ello porque el hecho de que nueve vocales del sector conservador obligaran a Lesmes a abordar este asunto en pleno no implica que sean esos nueve vocales los que apoyen el texto que presentaron. De ser así solo se necesitaría un voto más (diez) para que saliera adelante, pues se parte de un Consejo que contará con dos vacantes: la del recientemente jubilado Rafael Fernández Valverde y muy probablemente la de Victoria Cinto, que está de baja.

La realidad es que hay matices en ese texto, que tiene dos patas: por un lado, la petición de que se inste al Congreso a que escuche al órgano de gobierno de los jueces como afectado directo que es de la reforma. La segunda, que se ponga en conocimiento de la Comisión Europea la nueva proposición de ley que se desdice en parte de la reforma que se planteó hace año y medio y que mantiene paralizados más de 60 nombramientos en la cúpula judicial, 14 de ellos en el Supremo.

Es precisamente la introducción de este segundo punto la que puede ‘descafeinar’ la declaración que este jueves salga del pleno: algunos de los nueve vocales del bloque conservador que han forzado la introducción en el orden del día de ese texto para su debate y votación no están dispuestos a apoyar ningún acuerdo que no aluda a la necesidad de dirigirse a la Comisión Europea. Y, a su vez, algunos de los vocales que no firmaron el escrito y que forman parte del sector progresista sí estarían dispuestos a apoyar junto a al menos seis de los firmantes, una declaración institucional en la que se deje constancia del malestar del órgano y de la necesidad de que se le dé audiencia en este trámite urgente por el que se pretende aprobar la proposición de ley este mismo mes de julio que ahora empieza.

Fuentes del órgano ven factible así la aprobación de una declaración que aglutine al mayor número de vocales posible y que votos particulares concurrentes –que no discrepantes– se pudieran hacer eco de la necesidad de haber puesto los hechos en conocimiento de Europa.

Con independencia del perfil progresista y conservador de los vocales hay miembros del Consejo, entre ellos el propio presidente, Carlos Lesmes, que no son partidarios de sacar los colores a España fuera de nuestras fronteras y que prefieren dejar el asunto en manos de asociaciones judiciales y partidos. «Desde el punto de vista conceptual que un órgano constitucional ‘denuncie’ o se queje del Gobierno ante una institución europea es muy duro», dicen.

Los que en ningún caso se plantean denunciar públicamente la proposición de ley ni consideran necesario informar sobre la misma durante su tramitación son los cinco vocales progresistas que tampoco apoyaron la denuncia del Consejo durante la anterior tramitación. Se trata del bloque que encabeza el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, junto a Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez.

Por tanto, en el pleno de hoy resultará clave la postura del vocal nombrado a propuesta del PP Vicente Guilarte, así como las de Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas, que en declaraciones institucionales de peso en defensa de la independencia del Poder Judicial se han alineado con el sector conservador del Consejo.

Uno de los puntos más contradictorios de la reforma del Gobierno –y del que los vocales quieren dejar constancia– es que se levante el veto solo para nombrar a los dos magistrados del TC y no sobre todos los nombramientos discrecionales, cuando hace apenas dos días el Tribunal Supremo tildó la situación de «insostenible».