Borràs, a un paso de juicio por adjudicar contratos a dedo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apunta que Laura Borràs podría haber incurrido en un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Una vez culminada la instrucción, es la Fiscalía la que debe decidir si envía a la actual presidenta del Parlament a juicio, o si bien solicita el archivo de la causa.
En su auto, el magistrado Jordi Seguí apunta que existen indicios de que Borràs abusó de sus funciones como presidenta del ILC, organismo adscrito al Departamento de Cultura de la Generalitat, al dictar «resoluciones injustas» al aprobar la adjudicación de 18 contratos menores, con plena conciencia de que entraban en contradicción con la ley de contratación pública. El objetivo, según el TSJC, era favorecer los intereses de un conocido suyo, Isaías H., «en detrimento de la defensa de los intereses generales».
Algo que demostrarían los correos electrónicos que Borràs intercambió con su amigo, por tal de «defraudar» al organismo que ésta presidía, «propiciando unas contrataciones de servicios informáticos», que ascendieron a casi 260.000 euros.
Esta es la segunda vez que el juez deja a un paso de juicio a Borràs. La primera fue en marzo, pero la defensa de la presidenta de Junts recurrió dicha decisión al alegar que se había vulnerado su derecho a la defensa. El tribunal desestimó la queja y retomó la instrucción que ahora ha culminado.