Sánchez forzó el control de Indra con vistas a la cumbre de la OTAN
La SEPI compró en tiempo récord a la familia March un paquete accionarial clave y con Amber Capital (Prisa) ya listo para facilitar el asalto El Gobierno busca que la compañía lidere el sector de la defensa en España
La crisis de Indra por el asalto del Gobierno comenzó el día en que el Ejecutivo maniobró para expulsar de la presidencia a Fernando Abril-Martorell y colocar a Marc Murtra. Ocurrió a mediados de 2021, un cambio de cromos desde un empresario a un hombre fiel al Ejecutivo. Desde entonces, La Moncloa no ha parado de extender sus tentáculos en la compañía de tecnología y defensa, con un periodo de inflexión clave: finales de mayo y junio de 2022.
El Gobierno, a través de la SEPI, ya era un accionista principal en Indra en 2021. Ahí ya tenía cierto control de la empresa, aunque con las reticencias de consejeros independientes.
En diciembre de 2021, Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del grupo March, se deshizo de un 5% de Indra. El comprador fue la vasca Sapa, otro actor importante que ha facilitado el asalto al Ejecutivo. Fuentes del mercado aseguran que los March ya habían decidido hace tiempo desprenderse de su participación en Indra, que databa de hace más de una década, porque ya no le veían más recorrido.
Entonces llegó finales del mes de mayo. Llamada de la SEPI a la familia March, que todavía atesoraba un 3,2% del capital social. En cuestión de días se cerró la venta de ese porcentaje porque «la SEPI tenía muchísima prisa», según fuentes de mercado. Querían acometer la adquisición cuanto antes, y casi a cualquier precio, ya que en ese momento debían acelerar sus planes.
¿Por qué forzaron esa compra en tiempo récord? Varias fuentes conocedoras de la operación y fuentes del mercado desvelan que los planes del Gobierno eran llegar a la cumbre de la OTAN de Madrid, celebrada entre ayer y hoy, con el control total. El objetivo era poder vender en este encuentro ante los principales líderes mundiales que el Estado tiene bajo su poder una gran empresa de defensa con la que poder reforzar la capacidad de España y su inversión en el sector de la defensa, como se ha comprometido Pedro Sánchez.
Entre medias de todo aparece Amber Capital, el fondo que también es dueño del grupo Prisa. El vehículo inversor dirigido por Joseph Oughourlian a mediados de junio se hizo con el 4,1% de Indra. Un socio más, junto a Sapa, con el que poder asegurarse su golpe de mano definitivo en la compañía. Y la SEPI acabó por consumarlo en la junta de accionistas, más la cascada que ha venido después: fuera los consejeros independientes y más poder para Murtra.
La intención del Ejecutivo es convertir a Indra en un gigante nacional de defensa, en un contexto además de marcado crecimiento para el sector. El propio Marc Murtra explicó durante la junta de accionistas que era necesario «incentivar la colaboración público-privada» como ya «han hecho otros países europeos con sus empresas».
Cese de consejeros
En los últimos meses, la SEPI ha ido aumentando su influencia en Indra, lo que ha desencadenado sonadas salidas, como la de Cristina Ruiz (CEO) o el director financiero Javier Lázaro. Movimientos que, según ha podido saber este periódico, han creado fricciones en los recursos humanos de la tecnológica. Ahora el Ejecutivo ha dado un paso más, al hacerse con el control del consejo tras el cese de cuatro independientes, la no renovación de otra vocal y la dimisión de otros dos consejeros.
Llegados a este punto, ¿por qué no lanzar una opa? Sería el cauce lógico, pero también el más caro. Fuentes del mercado destacan el elevado coste que tendría para el Estado una oferta de adquisición sobre Indra. «Un coste difícil de justificar además en el contexto actual de inestabilidad económica para familias y empresas», señalan estas fuentes. «Es mucho más fácil intentar una alianza con otros accionistas, aunque de esta forma se podría haber caído en una acción concertada».
La CNMV ha quedado entre la espada y la pared. En el mercado destacan la importancia de las cartas remitidas al supervisor por parte de los consejeros cesados el martes. «Todos ellos apuntan a una acción concertada (SEPI, Amber y Sapa). La CNMV está investigando si realmente se produjo esta acción y estas cartas facilitan bastante la bús
queda de pruebas para demostrar esta acción», explican. Si la institución dirigida por Rodrigo Buenaventura demuestra finalmente que existió una acción concertada obligará a la SEPI a lanzar una opa sobre el capital social que no controla. «Pero no se puede olvidar que la CNMV está vinculada en cierto sentido al Gobierno. Es una prueba de fuego para su independencia», añaden estas mismas fuentes.
Más allá de Indra
Sin embargo, los planes de la SEPI no se detienen en Indra. Fuentes relacionadas con el sector de defensa explican que el holding ya está mirando oportunidades para adquirir, a través de la tecnológica, otras compañías de menor tamaño. «La intención es que Indra lidere la futura concentración del sector», dicen.
El Ejecutivo ya ha dejado entrever esta estrategia con la empresa de motores aeronáuticos y turbinas vasca ITP Aero. En la pasada junta de accionistas se aprobó el nombramiento como consejero de Indra de Jokin Aperribay, que pertenece a la familia dueña de Sapa. Esta última se encuentra inmersa en el proceso de compra a Rolls-Royce de ITP Aero, por lo que todo el proceso está diseñado para que Indra acabe en el accionariado de esta empresa. Pero no solo se contempla esta operación, sino que «se buscan otras oportunidades de adquisición en España».