La vuelta de los concursos acerca a la quiebra a 130.000 empresas
La moratoria termina hoy, pero hay un plazo de dos meses para iniciar el proceso
Situación límite para las empresas acorraladas por las deudas. Hoy vence la moratoria concursal, un mecanismo extraordinario puesto en funcionamiento por el Gobierno durante la pandemia para evitar una cascada de quiebras por el impacto del Covid-19. Una situación excepcional cuyo fin permitirá conocer el estado real del tejido empresarial español. Según los cálculos de los gestores administrativos, 130.000 empresas están en situación técnica de concurso de acreedores.
Los despachos se preparan ya para una avalancha de liquidaciones en los próximos meses, porque muchas compañías se han quedado por el camino y solicitarán directamente el concurso exprés. Pero el horizonte no está tan definido para las empresas que todavía confíen en sobrevivir. De hecho, estas firmas se enfrentan a un caos regulatorio que pone en cuestión incluso la normativa a la que tienen que acogerse.
Porque la norma que volverá a estar vigente a partir del viernes decaerá en los próximos meses. La reforma concursal está ya en los últimos pasos del trámite parlamentario: hoy será aprobada en pleno en el Congreso y será remitida al Senado. La intención es que entre en vigor, como tarde, en septiembre. Esto echa por tierra los planes del Gobierno, que tenía previsto que la reforma estuviera en vigor cuando caducase la moratoria.
Todo ello anticipa un caos legal durante este otoño. Desde varios bufetes recuerdan que el deudor debe presentar el concurso de acreedores en
El CGPJ ya está atento al impacto que puede generar en los juzgados para así determinar si se destinan más recursos
los dos meses posteriores a conocer su situación de insolvencia. Y teniendo en cuenta que la reforma entrará en vigor en ese plazo, «es previsible que muchas empresas retrasen a septiembre la presentación del concurso», destacan desde el bufete PradaGayoso.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial explican a este periódico que el organismo está atento al impacto que puede generar esta situación en los juzgados. En estos casos, no obstante, son los propios juzgados los que tienen que denunciar la carga de trabajo y, tras ello, se inicia un procedimiento para determinar si se destinan más recursos. Unos recursos que dependen, además, de los fondos que ponga a disposición el Ministerio de Justicia.
Con este telón de fondo pocos serán ahora los que se aventuren a solicitar el concurso a sus deudores. Sí se esperan más procedimientos por la vía exprés, para sociedades «que ya están vacías, no tienen activos y se abren y cierran con facilidad», explica el presidente de Aspac, Diego Comendador. ¿Y que sucederá con las solicitudes de concursos que se presenten hasta que entre en vigor la nueva ley? En principio se regirán por la norma actual, a no ser que se añadan a la nueva ley disposiciones transitorias para aplicar a determinados concursos como aquellos en los que no se haya abierto todavía la fase de la liquidación.
Con todo, los juzgados ya se preparan para recibir de forma inmediata solicitudes como la de Abengoa, cuyo rescate público ha sido rechazado esta semana, y que podría representar el concurso de acreedores de mayor tamaño que se produzca en la historia de nuestro país.