El Tribunal Supremo maniata la agenda climática de Biden
► Limita la capacidad para imponer la regulación de emisiones que busca el presidente
Joe Biden se adhirió a la agenda climática de la facción izquierdista del partido demócrata en 2020 para sumar apoyos en las presidenciales de aquel año, en las que derrotó a Donald Trump, y nada más llegar a la Casa Blanca colocó la regulación medioambiental en lo alto de sus prioridades. Las ambiciones climáticas de Biden, sin embargo, han quedado tocadas: el Tribunal Supremo dictaminó ayer que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) solo puede tener competencias limitadas a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales energéticas.
La sentencia del Alto Tribunal maniata la capacidad ejecutiva del presidente de EE.UU. de impulsar reformas decisivas en la lucha contra el cambio climático, que tendrán que salir del Congreso, donde cualquier regulación será muy limitada por las mayorías insuficientes que tienen los demócratas (y que podrían perder en las elecciones de este otoño).
Es una victoria para los estados conservadores que apuestan por regulaciones medioambientales menos exigentes y para el sector de los combustibles fósiles. La posición que defendieron ante el Supremo es que la Ley de Aire Limpio –una reforma medioambiental ambiciosa implementada en la década de 1970– no otorga a la EPA competencias claras y específicas para limitar de forma radical los estándares nacionales de emisiones de centrales de energía, alimentadas con carbón.
«Limitar la emisión de dióxido de carbono a un nivel que forzaría a una transición nacional para abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una solución comprensible para ‘la crisis de nuestro tiempo’», escribió el juez John Roberts, que redactó la decisión apoyada por los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal. Pero una decisión «de esa magnitud e importancia pertenece al Congreso o una agencia que lleve a cabo una delegación clara del organismo representativo».
No hay claridad en la legislación, asegura el tribunal, sobre la autoridad de la EPA para imponer regulaciones masivas en este sector; solo la tiene para limitar las emisiones de centrales específicas.
Los tres jueces progresistas criticaron con fuerza la sentencia en su opinión discordante, en la que atacaron a la mayoría conservadora por arrancar a la EPA «de su poder para responder al mayor desafío medioambiental de nuestro tiempo».
El plan de Obama
Los planes para limitar de forma dramática las emisiones vienen desde el final de la presidencia de Barack Obama. Como parte de su impulso al Acuerdo de París sobre cambio climático, el presidente demócrata estableció un plan de reducción de emisiones en la primera potencia mundial del 32% para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Un aluvión de demandas de la industria energética y de estados conservadores bloquearon en tribunales esa regulación, a la que después dio la vuelta Trump nada más llegar al poder.
Biden buscó resucitar con más fuerza esa agenda climática tras su triunfo electoral en 2020, pero la sentencia del Supremo le para los pies. No es que deje a la EPA sin competencias –por ejemplo, todavía puede regular las emisiones de vehículos, que son la principal fuente de gases de efecto invernadero–, pero limita en gran medida su capacidad de hacer frente a la generación eléctrica con carbón.
El presidente tendrá que recurrir al Congreso, donde está cerca de tener apoyos suficientes para su agenda climática. En el Senado, donde los demócratas solo cuentan con la mitad de los senadores (50) y necesitan 60 para casi cualquier ley, incluso tendrá oposición de su partido, como la del senador Joe Manchin, de Virginia Occidental (precisamente el Estado que llevó el caso contra la EPA al Supremo). Biden y sus aliados demócratas no han sido capaces de lograr victorias legislativas importantes en el Congreso en este asunto: su plan climático para sustituir buena parte de las centrales de carbón y gas por energía nuclear y renovable sucumbió el pasado otoño.
La decisión del Supremo de EE.UU. fue recibida con críticas generalizadas de los representantes demócratas y de las organizaciones medioambientales. Justo lo contrario que la mayoría de los republicanos, que acusan a la política medioambiental de Biden –a pesar de que apenas haya conseguido nada– de contribuir al alza de precios energéticos que sufren las empresas y las familias estadounidenses.
Pero para ellos también es una victoria que va más allá de la agenda climática: la sentencia deja clara la intención de la mayoría conservadora del Supremo de limitar el poder del Gobierno y de sus agencias, y de reservar las grandes decisiones con impacto nacional en manos de los representantes de los votantes, es decir, del Congreso.