La Moncloa reforma la ley de subvenciones y endurece el acceso a los fondos europeos
El Gobierno excluye a las pymes con pagos pendientes de todo tipo de ayuda pública
En pleno cisma por la lentitud en las concesiones de los fondos europeos para la reconstrucción económica, que ha elevado la queja de las empresas españolas en las últimas semanas, el Gobierno apuntala un nuevo palo en rueda en forma de más burocracia para la solicitud de la ayudas.
Concretamente, la Ley Crea y Crece aprobada ya por el Congreso de los Diputados, que pretende facilitar la creación de empresas y el aumento del tamaño de las mismas –recoge la posibilidad de abrir sociedades por un euro– y que busca reducir la morosidad entre las pequeñas y medianas compañías del sector privado, introduce también nuevas rigideces que podrían ser contraproducentes.
El Gobierno incluye en esta ley nueva burocracia con la que se deberá demostrar la ausencia de deudas o pagos pendientes y que será necesaria cumplimentar por parte de las empresas para poder solicitar fondos europeos. Y la imposibilidad de acceder a estas ayudas si superan la cuantía de 30.000 euros y si la empresa beneficiaria registra casos de morosidad o pagos pendientes.
Nueva documentación
«Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora», recoge la ley con la enmienda incluida.
Con todo, Cepyme reclama la definición de una estrategia eficaz y realista de lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno lastra a su vez la productividad y el crecimiento de muchas pymes. No obstante, la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las empresas. «En este sentido, entendemos que el establecimiento de sanciones no es un instrumento por sí solo eficaz. Por tanto, la pérdida de acceso a subvenciones públicas y también a los fondos europeos resulta totalmente desproporcionada en esta coyuntura».