«No hay un problema entre Cataluña y España; lo que hay es un problema entre catalanes»
Su victoria en los comicios autonómicos de febrero de 2021 no le sirvió para desalojar de la Generalitat al independentismo, sí para liderar desde el Parlament la oposición a un ejecutivo de ERC y Junts en frágil equilibrio. Con el ‘procés’ en fase agónica, el líder del PSC, Salvador Illa, valora para ABC la actualidad política.
—El ejecutivo de Pere Aragonès ha cumplido un año. ¿Cuál es el balance?
—No es bueno, es obvio. Ni el Govern funciona ni funcionará. Adolece de una falta de cohesión interna muy visible, y el presidente no ha sido capaz de darle el impulso necesario para compensarlo. La capacidad de gestión de los consejeros está por debajo del nivel de los anteriores gobiernos catalanes.
—Cs, PP y Vox le acusan de ser cómplice del Govern, en concreto de Aragonès, al que socorre cuando está en apuros: renovación de cargos, lengua...
—Son maneras distintas de entender la oposición. No haré lo que hace el PP en el Congreso, que es bloquear las instituciones. Yo gané las elecciones, pero la cámara otorgó la presidencia a Aragonès, y yo eso lo respeto. Ser oposición no es decir no a todo. O jactarte de que las cosas vayan mal. Ayudo en lo que puedo y tiendo la mano, es la forma como entiendo la política. Política útil.
—¿Qué horizonte ve a la legislatura?
—Se acabó lo que se daba, ya se vio en los Presupuestos para 2022. La CUP que invistió a Aragonès no apoyó las cuentas. Ante esto, cuál es nuestra actitud. Pues constructiva. Apelo a la responsabilidad. Estamos en un momento muy complejo, y hay que estar a la altura de las circunstancias.
—Si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, finalmente va a juicio, ¿puede significar el final de la legislatura si ERC fuerza su renuncia? —Desde el respeto a la presunción de inocencia, la presidenta del Parlament es el segundo cargo institucional de Cataluña, y al margen de lo que dice el reglamento, que establece que un cargo debe apartarse si es juzgado por un caso de corrupción, lo que procede es no arrastrar la institución. Por respeto al Parlament.
—En septiembre se cumplen diez años de la Diada de 2012, comienzo oficioso del ‘procés’. ¿En qué punto estamos?
—El momento es muy distinto. La pandemia y la guerra en Ucrania nos hacen ver la necesidad de fortalecer el espacio europeo, y la única forma de garantizar esto es trabajar juntos. Queda claro que proyectos que separan no son los más convenientes. Cataluña debe aprender de lo sucedido: no han sido años buenos.
—¿El ‘procés’ es historia?
—No me gusta poner fechas, hablar de si esto se ha acabado o no. Sigue habiendo una mayoría de catalanes incómodos con la España actual, y ante eso hay que ser sensibles. El único instrumento para abordar esto es el diálogo, pero particularmente el diálogo entre catalanes. Desde ciertos ámbitos se señala que esto es un problema entre Cataluña y España. No, lo que hay es un problema entre catalanes. Me sorprende que algunos exijan el diálogo pero no lo practiquen en Cataluña. —Respecto a la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, el acuerdo es imposible. ¿Es solo pues un instrumento para ganar tiempo?
—No estoy de acuerdo. Mire, la Constitución reconoce el derecho de cada cual a plantear lo que cree más conveniente para su territorio o para el conjunto de España. Eso no se ha puesto en duda. Lo que sí se cuestiona es un planteamiento unilateral que rompe el marco de convivencia. En la mesa hay posiciones muy discrepantes, sí, pero en otras cuestiones nos podemos poner de acuerdo, y la principal preocupación ahora es la generación de prosperidad.
—Pero la mesa de diálogo, al menos así se ha explicado, es para abordar el llamado ‘conflicto’. ¿Eso no es dar esperanzas al independentismo? —Cualquiera que haya revisado nuestra actuación sabe que es clara: no estamos de acuerdo ni con la amnistía ni con la autodeterminación. Y como estoy muy seguro de mi posición no me importa sentarme y que otros planteen la suya. El hecho de hablar no implica no tener las ideas claras, es justo lo contrario. Sí tengo claro que el consenso en la sociedad catalana no está en la autodeterminación, sino en el autogobierno mejorado. Tampoco está en querer eliminar las autonomías o recentralizar.
—¿El asunto Puigdemont sigue siendo la última carpeta que sigue distorsionando? Se habló de la reforma del delito de sedición como una forma de resolver su situación. —Sería un ejercicio positivo, sensato e inteligente, tomar nota de lo que pasó en 2017, y adaptar el Código Penal. Son unos tipos delictivos que no tenían recorrido, pensados para otros contextos. Dicho esto, el Estado de derecho es fundamental, un pilar, y no se pueden hacer paréntesis o excepciones en su aplicación. Con esto creo que lo digo todo.
—Se cumple un año de la concesión de los indultos. ¿Sirvieron?
—Fue una decisión acertada, valiente, pensando en el futuro. A un año de su concesión, los efectos en la sociedad catalana, para cualquier observador objetivo, son positivos y constatables.
—La Generalitat sigue instalada en el incumplimiento lingüístico.
—El PSC ha sido muy claro: hay que cumplir siempre las sentencias judiciales, gusten o no. En materia de lengua hemos llegado, y creo que correctamente, a un pacto amplio que reconoce el castellano por primera vez en la legislación catalana como lengua de aprendizaje o vehicular. Es verdad que se ha plasmado con un eufemismo, lengua de uso curricular y educativa, pero esa definición es equivalente. Eso antes no estaba. Desde la idea de que el catalán debe ser el centro de gravedad del sistema, el reconocimiento del castellano como lengua de aprendizaje es un paso adelante.
—Eso dice la ley, pero luego el decreto margina el castellano.
—Y por eso no lo hemos apoyado. Lo que hay que hacer es respetar las sentencias, y se va a ir en esta dirección.
—¿Se siente el PSC utilizado por ERC, al apoyar una ley cuando el decreto iba por otro lado?
—No, y me remito a las cosas tangibles. Mire cómo ha reaccionado la CUP, o Vox, que son los extremos del Parlament. Lo que ha hecho el PSC es favorecer la concordia y el reencuentro. Por primera vez el castellano es lengua de aprendizaje.
—El problema no son las leyes sino su aplicación. ¿Qué puede hacer el PSC?
—Cuando gobernemos, esperamos que sea pronto, las aplicaremos correctamente.