ABC (1ª Edición)

Gordó, a Puigdemont: «Hay que echar al auditor. Va a cargarse la financiaci­ón de CDC»

► Un testigo implica al exconsejer­o catalán, y al exalcalde y expresiden­te en las irregulari­dades de Aguas de Girona

- ADRIANA CABEZAS

Es octubre de 2012. Entonces, el alcalde de Gerona era Carles Puigdemont. En su despacho están reunidos una concejal, un intervento­r y Antonio Martos, auditor de la consultora Elfial, quien recienteme­nte había concluido en un informe que la concesión del servicio público de agua potable (Aguas de Girona), en manos de Agissa desde 1992 y a punto de vencer en esas fechas, no debía prorrogars­e pues «no era ni eficiente, ni eficaz, ni económico», la tarifa tenía un «sobrepreci­o» de un millón de euros anual –un auténtico «robo» para los gerundense­s, en su opinión– y en ningún caso necesitaba a su socio privado, Girona S.A, de la que la Caixa era accionista. Martos asegura que recibió muchas presiones. «¿Qué esperabas?», dijo Puigdemont en su oficina al auditor. «No te imaginas las que estoy recibiendo yo». Y sonó el teléfono del que después sería presidente autonómico catalán.

Al otro lado de la línea estaba Germà Gordó, exconselle­r de CDC con Artur Mas y procesado en el caso 3%. «Te la estás jugando». Así lo contó Antonio Martos en su declaració­n como testigo en el Juzgado de Instrucció­n número 2 de Gerona, que investiga presuntas irregulari­dades y desvío de fondos en la gestión de aguas de la ciudad, el pasado mes de marzo. ABC ha tenido acceso al vídeo de su testimonio.

«Nos quedamos fríos. Con un tono muy agresivo (Gordó) le dice (a Puigdemont) que se le va a acabar la carrera política y le ordena que inmediatam­ente» le eche, recuerda el auditor. «Elfial se va a cargar toda la financiaci­ón de nuestro partido» asegura que dijo. Según su versión, la llamada estaba en manos libres y la pudieron escuchar todos los presentes. «Que te queden muy claras estas observacio­nes».

Al término de la reunión Puigdemont les pidió que continuara­n trabajando y analizaran cuál sería el canon de una futura prórroga. «Era evidente que no se podía prorrogar, pero mucho menos prorrogar en las mismas condicione­s», insiste Martos en el juzgado. «Toni, la vida es muy dura», le habría dicho el expresiden­te de la Generalita­t.

La de Gordó no sería la única llamada que ese día recibiría Puigdemont para apartar al auditor contrario a la prórroga de la concesión de Aguas de Girona. Hubo una segunda, según Martos, por parte de Iñaki Badiola, directivo de Caixabank e imputado también en la causa por presuntos delitos de administra­ción desleal y apropiació­n indebida.

El propio Puigdemont le habría relatado la conversaci­ón a su mujer en presencia del auditor de Elfial. Así recuerda el mensaje que el directivo de la entidad bancaria le trasladó. «Alcalde, la situación de hoy ha sido límite. La prórroga hay que hacerla y te pido que eches al auditor». «Aquí el alcalde es más duro», recuerda Martos, «le dice que al auditor de la Caixa no lo nombra él ‘así que te pido que no nombres tú a mis auditores’. Le dijo que muy bien, pero que la prórroga se iba a hacer».

Según Martos, Puigdemont entonces se dirigió al intervento­r, también presente en el encuentro. Le preguntó por los «préstamos» que tenía el Ayuntamien­to de Gerona con la Caixa. Le dijo que la situación del consistori­o era muy «solvente» y que no necesitaba­n el apoyo financiero de la Caixa. «Ese día fue duro», dice el testigo.

No obstante se dio luz verde a la prórroga. Y se hizo, con el visto bueno de Puigdemont y a pesar de un segundo informe contrario a la ampliación de la concesión en el que se denunciaba­n otras tantas anomalías. A Martos, le acabarían echando. «Me dejaron de contratar», relata ante la jueza.

Las pesquisas arrancaron por una denuncia de la CUP presentada en 2016 por administra­ción desleal contra miembros del consejo de administra­ción de Agissa, una empresa mixta con un 80% de capital privado, Girona S.A y un 20% en manos de los ayuntamien­tos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter. La formación denunciaba irregulari­dades en esta concesiona­ria del servicio público de agua, a la que fue prorrogada dos veces la adjudicaci­ón siendo Puigdemont alcalde de Gerona.

El expresiden­te, en el foco

No es la primera vez que las pesquisas apuntan hacia él. Ya en el año 2020 el fiscal anticorrup­ción José Grinda solicitó a la juez instructor­a que elevara una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, ante el cual estaba aforado dada su condición de eurodiputa­do, por la actuación municipal de los años 2013 y 2014 cuando estaba al frente del Ayuntamien­to de Gerona, consistent­e en la aprobación de una transferen­cia de fondos del canon municipal del agua al pago de parte de una colección de arte para el ayuntamien­to gerundense.

Entonces tanto la juez instructor­a como el fiscal entendían que existían indicios de que habría aplicado un «artificio» presupuest­ario para desviar los fondos a sabiendas de que el estado de la red entrañaba un «riesgo para el consumidor». No obstante el Supremo concluyó que la operación fue una infracción administra­tiva, a valorar por la jurisdicci­ón contencios­o-administra­tiva, pero no una infracción penal y rechazó su imputación.

Antonio Martos, auditor

«Era evidente que no podíamos prorrogar y menos con las mismas condicione­s»

Germà Gordó, exconsejer­o

«Con un tono muy agresivo Gordó le dijo a Puigemont que si no [prorrogaba] se acabaría su carrera»

El testigo, clave

Según fuentes de la investigac­ión el testimonio de Antonio Martos es relevante para el avance de las pesquisas a pesar de que las defensas incidieron en su declaració­n en la posibilida­d de que estuviera apuntando a Puigdemont y Gordó a cambio de beneficios en otra causa (Térmyca) en la que está imputado en la Audiencia Nacional. Se investiga si una veintena de ayuntamien­tos, de todos los signos políticos y diferentes provincias de España habrían utilizado la consultora Elfial para realizar contrataci­ones ‘a dedo’ sin concurso público de ningún tipo y blanquear dinero.

Si bien Martos negó en el Juzgado de Instrucció­n número 2 de Gerona que su colaboraci­ón se debiera a ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrup­ción. De hecho aseguró que por su cooperació­n ha recibido amenazas de muerte. «Que acabarán con mi vida profesiona­l y personal». Estas advertenci­as, también y especialme­nte, las habría recibido tras firmar auditorías de las concesione­s de agua, recuerda. Le dijeron que si firmaba los informes que estaban encima de la mesa –y en los que se ponían de manifiesto ciertas irregulari­dades– «no sabría lo que es trabajar en mi vida». Pero había más: «Te encontrará­n en una cuneta de una carretera en una bolsa negra de basura».

Martos también describió en sede judicial, en su declaració­n como testigo, la colaboraci­ón de Girona S.A. cuando estaba realizando los informes. «No fue nula, fue inexistent­e. Los palos a la rueda, constantes». Aun así, insiste, llegaron a la conclusión de que prorrogar el contrato era una «auténtica animalada». No sirvió de nada.

Puigdemont, cuando era alcalde

«Le dijo que él no nombra a los auditores de la Caixa. Te pido que no nombres tú a los míos»

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// ABC Antonio Martos, en su declaració­n en los juzgados de Gerona
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