LA ÚLTIMA TRAMPA DE LA INMERSIÓN
Bajo la apariencia de una ley y de un decreto, la Generalitat catalana esconde una desobediencia premeditada de una sentencia que garantiza el español en las aulas
EL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se propone llevar al Constitucional la trampa legislativa urdida por la Generalitat para evitar la aplicación de la sentencia que ordena un 25 por ciento de enseñanza en castellano. La decisión del tribunal –algo muy extraordinario en la judicatura– era previsible desde que el nacionalismo catalán se propuso no cumplir, una vez más, su sentencia firme sobre bilingüismo, pero no es la única posible conforme a la legalidad vigente. Bajo la apariencia de un decreto gubernamental y de una ley, la Generalitat, cuyo gobierno preside Pere Aragonès, esconde una desobediencia consciente y premeditada a una resolución jurisdiccional. De nuevo, el Ejecutivo catalán sumerge su política de confrontación en la ilegalidad, lo que no debería pasar desapercibido a la Fiscalía a la hora valorar las decisiones que se tomen en el nuevo curso. Si se trataba de dar una coartada de falsa legalidad a los directores de centros educativos para proscribir el castellano, la Fiscalía no debe dejarse confundir. El camino de la justicia penal no es incompatible con el de la justicia constitucional por el que va a optar el TSJC.
Tampoco es que la llegada de este enfrentamiento al Tribunal Constitucional genere grandes expectativas, aunque solo sea por el tiempo que tendrá que tardar en pronunciarse, a lo que se añadirá la incógnita del criterio por el que opte la nueva mayoría progresista que se conforme si el Gobierno de Sánchez logra desatascar la designación de cuatro magistrados, dos de ellos elegidos directamente por Moncloa. En todo caso, es la vía prevista por el ordenamiento jurídico para que los tribunales de la jurisdicción ordinaria colaboren en el control de constitucionalidad de las leyes. Además, en este caso concreto, el TSJC recuerda que su sentencia sobre el 25 por ciento se basa en la doctrina del TC acerca del bilingüismo. Las normas cuestionadas no atacarían tanto una concreta sentencia del tribunal catalán, sino la jurisprudencia misma del TC.
En el plano político, resulta evidente que el Gobierno catalán ha ejecutado su desafío: anunciaron que no cumplirían la sentencia y lo han hecho. Los jueces constatan que esas normas de la Generalitat son incompatibles con la ejecución de su sentencia. Es decir, las instituciones democráticas de Cataluña, cuya legitimación originaria se sustenta en la Constitución, han sido reutilizadas contra la independencia de los tribunales, que encuentra en el respeto a sus sentencias firmes la más importante de sus manifestaciones. La voluntad hostil del nacionalismo contra el sentido más elemental de la legalidad es una constante de su acción política en los últimos años, pero lo más grave es que no le penaliza en su relación con el Gobierno central. Por el contrario, cuanto más agrava su agresión al Estado, más premio recibe de La Moncloa, ya sea con pactos públicos para sostener la legislatura, ya sea con una legitimación retrospectiva de su intentona golpista de 2017 a través de los indultos.
La concentración de fuego separatista en la política lingüística es la reedición del ‘procés’ en otro campo de batalla, donde los nacionalistas encuentran espacios de coincidencia con la izquierda soberanista, muy presente en el actual PSC. No hay una discrepancia de técnica jurídica entre el Gobierno de la Generalitat y el TSJC. Nunca ha sido un problema legal. Se trata de una nueva ofensiva separatista contra la primacía de la Constitución en Cataluña, que exige como respuesta más iniciativa política para defender la ley que decisiones judiciales que llegan tarde. Y mientras la respuesta política dependa de Sánchez es fácil presumir que no la habrá.