La UE advierte a Polonia de que su reforma de la Justicia es insuficiente
► Bruselas asegura que no desembolsará el dinero de las ayudas a la reconstrucción
La ley aprobada en mayo en Polonia para reformar el régimen disciplinario de los jueces y que se ha diseñado para responder a los requisitos de la Unión Europea sobre el Estado de derecho en este país no cumple con los requisitos necesarios a juicio de la Comisión Europea. Por ello Bruselas no desbloqueará los fondos destinados a la reconstrucción del país. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la Comisaria Vera Jurova han advertido que hasta que no se cumplan totalmente sus requisitos Polonia «no recibirá ni un céntimo» de los 35.000 millones aprobados.
Los portavoces del Ejecutivo comunitario reafirmaron ayer lo que ya adelantó Von der Leyen el viernes en Praga, cuando señaló que la Comisión aún no ha hecho una evaluación completa de la legislación, que fue aprobada por el Parlamento en mayo y promulgada por el presidente, Andrzej Duda, en junio, pero asegura que ya se puede estimar que «esta nueva ley no está asegurando que los jueces puedan cuestionar la condición de otro juez sin correr el riesgo de ser objeto de falta disciplinaria». Un elemento que desde Bruselas se considera como «un requisito necesario» por lo que la presidenta instó a las autoridades polacas a «cumplir con los compromisos para que se pueda desbloquear el pago» de las ayudas. Jourova, había dicho que el proyecto de ley que prevé el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una de las condiciones establecidas por la Comisión, no cumple los criterios exigidos y que, por lo tanto, no se puede realizar el primer pago.
El plan de reconstrucción polaco ya ha sido aprobado, pero Bruselas se queja de que no se han cumplido aún los objetivos que contiene para el primer semestre de este año ni se han hecho las reformas en el sistema judicial que han definido en el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, por lo que –en este caso– se mantiene abierto el procedimiento disciplinario contra Polonia. Se trata de dos expedientes distintos, pero ambos están vinculados por la regulación impuesta por el Parlamento Europeo según la cual el incumplimiento de casos graves que se refieren a los valores europeos y el Estado de derecho impide beneficiarse de los fondos comunitarios.
Esto está provocando ya una grave disputa interna en el seno del Gobierno polaco, puesto que el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, ha exigido al primer ministro, Mateusz Morawiecki, que declare formalmente que renuncia a los fondos si la Comisión sigue manteniendo sus exigencias. Ziobro, que no oculta sus ambiciones de ser primer ministro, había dicho que las condiciones de Bruselas serían una cadena atada a los pies de Polonia, que perdería su soberanía. Morawiecki le respondió que era mejor depender de la UE que de los mercados internacionales o del FMI y que renunciar a los fondos sería un suicidio. «Es más bien el hecho de pedir prestado dinero en los mercados internacionales lo que sería una piedra de molino alrededor de nuestro tobillo», dijo ayer mismo Morawiecki en una entrevista a un medio alemán. «Si alguien me aconseja que tome un préstamo en el mercado y aumente el riesgo económico para nuestro país, me parece que es un muy mal consejo», agregó el primer ministro.
El ministro de Justicia aconseja que el país renuncie a los fondos europeos para «preservar su soberanía»
Fondos indispensables
Morawiecki explicaba que el dinero es ahora mismo «indispensable» para Polonia y que por ello va a seguir negociando con el Ejecutivo comunitario. «Estamos discutiendo con la Comisión sobre objetivos concretos, y si el pago se realiza en marzo o julio es un tema secundario», aunque en su opinión si el desembolso de los fondos dependiera de «criterios objetivos», el dinero ya se habría pagado, aunque «en este caso el factor decisivo es político y por eso la Comisión está retrasando los pagos todo lo que puede».
Polonia es el país más afectado por la llegada de millones de refugiados de la invasión rusa de la vecina Ucrania y está gobernado por una coalición dirigida por los nacional-populistas del Partido de la Ley y Justicia (PiS).