Aragonès celebra la «victoria parcial» que le permite mantener el monolingüismo catalán
El PSC defiende la legalidad de la ley, que impulsó y aprobó en el Parlament
La Generalitat celebró por todo lo alto la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida ayer y que considera que tanto la ley como el decreto ley sobre usos lingüísticos en las aulas aprobados recientemente en el Parlamento catalán, para evitar que se aplique el 25 por ciento de español en las aulas, pueden ser inconstitucionales. Para el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, «esta es una primera noticia y gran victoria».
El responsable catalán de Educación celebró así que el tribunal autonómico «constate la imposibilidad de aplicar porcentajes con las lenguas» y entiende que esto supone «un primer paso para que en ninguna aula se aplique un 25 por ciento de castellano». Para Gonzàlez-Cambray, la paralización de la ejecución forzosa de la sentencia de diciembre de 2020, que fija un mínimo de un 25 por ciento de español en los centros, «reafirma el modelo de escuela catalana».
Durante una breve comparecencia ante los medios, el consejero tuvo palabras de «reconocimiento al trabajo del Govern para aprobar el decreto ley y de agradecimiento a los grupos parlamentarios que han ayudado» a llevar a cabo la nueva normativa lingüística.
Sin temor al Constitucional
Preguntado por el hecho de que pueda acabar ante el Tribunal Constitucional, si finalmente los magistrados del TSJC deciden elevar el caso, tal y como apuntan en la providencia, el titular de Educación insistió: «Estamos claramente ante una primera gran victoria que dice que en las aulas del país no aplicaremos el 25% de castellano».
Además, recordó que «las dos leyes tienen dictámenes con unanimidad, son del todo constitucionales», en alusión a los informes elaborados por el Consejo de Garantías Estatutarias que no tienen valor jurídico, por lo que se mostró tranquilo con que sigan los pasos en los tribunales. Y destacó que, en cualquier caso, ve improbable que lleguen querellas personalizadas por la no aplicación de la sentencia.
En la misma línea se manifestó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, del mismo partido –ERC– que el consejero de Educación. Para el máximo representante del Govern catalán, la decisión del TSJC –al que ayer no calificaron como en otras ocasiones de tribunal político ni lamentaron la decisión– es una «victoria parcial» para el catalán en las aulas.
«Conseguimos hacer valer los criterios pedagógicos, académicos y educativos para defender el catalán en la escuela», escribió Aragonès en un tuit, a pesar de que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tiene nada que ver con tales criterios, ya que la decisión de aplicar el 25 por ciento en las aulas de Cataluña ya está juzgada.
Sin embargo, el presidente autonómico se agarró a esta tesis y reiteró que desde la Generalitat se defenderá el nuevo marco legal, ahora puesto en duda por el TSJC, ante el Constitucional «con los dos dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias que avalan por unanimidad» tanto la ley como el decreto ley. «El consenso político ha sido clave. También la decidida voluntad de legislar sobre las lenguas en la escuela, asumiendo la responsabilidad desde el Govern con una clara mayoría parlamentaria», añadió. Desde Junts se alinearon en la misma dirección.
Por su parte, Elia Tortolero (PSC) mostró «todo el respeto por las decisiones judiciales que se tomen», pero defendió que la ley de lenguas oficiales, que el PSC impulsó y aprobó, es legal porque garantiza el uso del español como lengua de aprendizaje.