Borràs se atrinchera y abre otra crisis por el voto del fugitivo Puig
La presidenta del Parlament no piensa dimitir pese a estar a un paso del juicio oral
Se avecina un nuevo caso Juvillà en el Parlamento de Cataluña. Esta vez, por el voto delegado de Lluís Puig (Junts), exconsejero de Cultura de la Generalitat, fugado de la Justicia tras el 1-O de 2017 y, actualmente, con acta de diputado autonómico. Y, otra vez, con Laura Borràs, presidenta de la cámara, como protagonista. El Tribunal Constitucional anuló la delegación de voto de Puig la semana pasada y ayer la mayoría de la Mesa decidió asumir la comunicación de su voto, sin especificar cómo lo hará y si esto implicará la asunción de responsabilidad de los funcionarios. En el fondo, se dirime una posible desobediencia.
Según varias fuentes parlamentarias consultadas por ABC, la Mesa, con su presidenta a la cabeza, decidió dejar sin efecto la orden del Constitucional. Pero no será hasta hoy, con la primera votación del pleno, cuando se desvele la incógnita de cómo hacerlo. «Se está valorando», apuntaron fuentes de la presidenta. Los miembros del PSC en la Mesa se opusieron al intento de burla, pero la mayoría independentista se impuso, a pesar incluso de la advertencia de los letrados que dejaron claro a ERC, Junts y la CUP de estar a un paso de la desobediencia.
El Constitucional estimó un recurso presentado por Salvador Illa (PSC) anulando los dos acuerdos de Borràs y la Mesa, del 25 y el 26 de marzo de 2021, respectivamente, que activaron el voto delegado de Puig. Los magistrados señalaron que con el voto delegado del exconsejero de la Generalitat se vulneró el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos legalmente establecidos, poniéndolo en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
Está por ver cómo se articula el intento de desobediencia. Una de las opciones que se baraja es que la responsabilidad del voto delegado de Puig recaiga en los miembros de la Mesa, pero no en los funcionarios. Una vía que dejaría en simbólico el voto del fugado de la Justicia española pues son los funcionarios los que tienen que dar validez a las votaciones, así como publicar sus resultados, por ejemplo, en el boletín oficial del Parlament.
No se rinde
A la par que se le abre un frente por el voto delegado de Puig, Borràs también salió ayer en defensa de su inocencia en el proceso judicial que tiene ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que la sitúa a un paso de sentarse como acusada por varios delitos vinculados a la corrupción en la vista oral.
La presidenta del Parlament no tiene pensado dimitir y advirtió de que hay otros diputados que están en un caso similar al suyo, en fase de enjuiciamiento por delitos también vinculados a la corrupción. En una comparecencia pública desde el despacho de audiencias de la cámara autonómica, Borràs dijo: «No he cometido ningún delito. No tengo intención de dar un paso al lado. No pienso rendirme».
En los últimos días, sobre todo desde que el TSJC dio el penúltimo paso para sentar en el banquillo de los acusados a Borràs, la presión desde la oposición y, también, desde ERC, formación que forma parte del Govern catalán con Junts, está siendo total para que la presidenta parlamentaria dé un paso al lado y deje el segundo cargo institucional de Cataluña.
Sin embargo, la decisión de Borràs es la de no ceder a las presiones políticas. No solo eso, sino que ayer, durante su comparecencia ante la prensa, recordó que hay otros diputados de la cámara en una situación similar a la suya. Aunque no los citó, la presidenta del Parlament se refirió a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos de ERC, implicados en el proceso judicial del ‘procés’ y acusados de malversación, entre otros delitos.
«Hay voces que piden mi dimisión», dijo Borràs, y expuso los motivos por los que «no tengo intención de dar un paso al lado». Entre otros, señaló, porque es «inocente», porque no ha cometido «ningún delito» ni ha hecho «nada punible penalmente». Su caso está a la espera de la opinión de la Fiscalía, para que el TSJC decida si inicia la fase del juicio oral.
En esta línea, Borràs respondió igualmente a los que alegan que debe dejar el cargo por el buen nombre de la institución: «Este argumento omite el contexto de represión en el que vivimos y omite una realidad indiscutible: este caso no debería haber llegado tan lejos judicialmente si no fuera por ser quién soy y representar el movimiento político independentista». Y añadió: «La Justicia actúa con criterios políticos y hay políticos que quieren hacer de jueces». No se rinde.