La Generalitat blinda el taxi y expulsa a tres de cada cuatro VTC de Barcelona

Duro golpe de la Generalitat al sector de las VTC y victoria para el del taxi. El Govern aprobó ayer el decreto ley para regular los desplazamientos urbanos de los VTC a partir del 1 de octubre, una regulación que se estima que podría reducir de 4.000 a 1.000 el número de licencias actualmente funcionando en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El texto, que contará con el apoyo parlamentario del PSC y debe ratificarlo el Parlament en un mes, contempla crear una nueva licencia más restrictiva que permita a este tipo de vehículos prestar servicios urbanos.

Alguno de los requisitos incluidos, introducidos por el PSC como condición para apoyar el texto, implican en la práctica el veto a muchos de los vehículos circulando. Por ejemplo, los vehículos que pidan estas licencias deberán tener una longitud mínima de 4,9 metros, lo que equivale a coches «de alta gama», según declaró la directora general de Movilidad y Transportes, Mercè Rius. Del mismo modo, los propietarios de licencias que deban cambiarse de vehículo deberán adquirir un coche con etiqueta medioambiental Eco ó 0; mientras que los que ya sean propietarios de automóviles con las medidas mínimas podrán circular con la etiqueta C.

Pérdida de trabajos

Según se denunció desde la firma española de VTC Cabify, la medida es excesivamente restrictiva, recordando al respecto que de los 859.477 turismos y todoterrenos matriculados en España en 2021 únicamente 8.544 coches cumplían estas condiciones. Con la regulación, la Generalitat aboga por un «monopolio en el transporte», lo que genera «una falta de incentivos que redunda, precisamente, en un peor servicio para el ciudadano» y la pérdida de miles de puestos de trabajo, apunta Cabify respecto a un modelo, el barcelonés, opuesto al más desregulado de la Comunidad de Madrid.

La regulación aprobada ayer impide por otro lado que las licencias no puedan transmitirse, aunque las personas físicas lo podrán hacer una vez durante la vigencia del decreto ley o en caso de muerte o jubilación. En paralelo, se está a la espera de que la Justicia dicte la legalidad de la precontratación (se establece un mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio VTC) y de la ratio de un VTC por cada treinta taxis.