Multa al cártel de constructoras por amañar contratos durante 25 años

Competencia responsabiliza a Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr de haber alterado licitaciones entre 1992 y 2017 Implicadas como Ferrovial y ACS recurrirán ante la Audiencia Nacional

Reuniones semanales, registros en hojas de Excel, miles de contratos públicos compartidos... Durante veinticinco años, siete constructoras mantuvieron un grupo de trabajo conjunto en el que determinaron, entre otras cosas, el reparto de contratos públicos de carreteras, aeropuertos e incluso hospitales. Un ‘G-7 de las infraestructuras’ (luego se convirtió en ‘G-6’) que llevaba años siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ayer, el supervisor de los mercados publicó el resultado de su investigación. Una multa conjunta de 203,6 millones de euros, la más alta impuesta por el organismo en sus casi nueve años de vida. La sanción se dirige contra Acciona (29,4 millones), Dragados, filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Las actuaciones contra Lantania –creada a partir de la quebrada Isolux– finalmente han sido archivadas.

Las implicadas aseguraron ayer que no habían cometido ningún acto contrario a la competencia y que recurrirán la sanción.

Competencia considera, sin embargo, que estas empresas crearon un grupo para compartir información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concurso públicos. Unas actuaciones que, en su opinión, representan una infracción grave de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE) y que tuvieron efectos «dañinos» ya que afectaron a infraestructuras públicas estratégicas.

El Ministerio de Transportes, antes Fomento, aparece como la gran víctima de estas conductas, porque estas derivaron «en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante», según la CNMC.

El grupo operó entre 1992 y 2017. En un correo interno de FCC fechado en 2016, recogido en la resolución de la CNMC, se explicaba que el objetivo era «compartir trabajos que se suelen subcontratar o externalizar y puedan ser compartidos, ya que al compartir trabajos el coste obviamente se reparte y se puede ahorrar dinero». Había trabajos «de todo tipo». Según la resolu

ción de Competencia, el G-7 mantenía reuniones semanales para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas por las plataformas de contratación del Estado.

En estos encuentros se decidían los concursos que en los que se iban a compartir parcial o totalmente los trabajos previos para elaborar las ofertas técnicas que se presentaban posteriormente a las compañías. Esto último se encargaba a empresas externas.

Competencia asegura que la mayoría de acciones del ‘G-7’ eran «compartir, a espaldas de las entidades licitantes, algunas partes de las ofertas técnicas que serían presentadas a las licitaciones o compartir información comercialmente sensible respecto de la presentación de cada empresa a esas licitaciones y el modo en que esta se produciría». Por ejemplo, se ponía en común si miembros del grupo acudían en una Unión Temporal de Empresas (UTE) a una licitación.

Proyectos de más de 1 millón

El grupo designaba una empresa que coordinaba cada trabajo que se encargaba en común. Y además, se encargaba de forma conjunta a un consultor externo «la elaboración de varios de los aspectos que debían contener las propuestas técnicas que cada una de ellas presentaba en la licitación correspondiente».

También era importante la cuantía de los proyectos. No se presentaban ofertas para licitaciones inferiores a un millón de euros. «Ya no sabía qué meter en el cuadro y me niego a menos de 1.000.000 de euros», reza uno de los correos electrónicos incluidos en la resolución de Competencia. Asimismo, era extraño que se compartieran proyectos de más 50 millones de euros y no constan proyectos de más de 100 millones compartidos. Tampoco se compartían proyectos que se licitaran por subasta, con algunas excepciones.

Cualquier modificación de estos trabajos debía contar con la aprobación del resto de empresas del cónclave. «La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto, para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas», han especificado desde la CNMC, que destaca la progresiva complejidad del cártel en sus 25 años de existencia.

Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la Administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración. Al respecto, desde la CNMC han destacado que todos estos intercambios de información entre licitadores es un incumplimiento del denominado deber de proposición única y de secreto de las proposiciones. Además eliminaría la independencia exigida a las empresas que se presentan a este tipo de concursos.

Solo en el caso de los contratos de edificación y de infraestructuras como hospitales, carreteras y aeropuertos durante el periodo investigado la oferta técnica podía llegar a suponer el 70% de la puntuación, frente al 30% correspondiente al capítulo económico.

Recurso ante la Audiencia

El ‘G-7’ se disolvió en 2017. Y lo hizo, según la CNMC, porque las empresas implicadas sospechaban que podían estar incurriendo en prácticas contrarias a la competencia. En un chat de WhatsApp entre el representante de Dragados y su homólogo en Ferrovial recogido en la resolución se realiza el 3 de abril de 2017 el siguiente comentario: «Irá relacionado con lo que os comenté en enero, que [empleados de Dragados no identificados] me decían que pensaban que lo del grupo raya la legalidad de la competencia». De acuerdo con FCC, el motivo por el que Dragados y Sacyr abandonaron el ‘G-7’ era que creían «que podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común».

Pese a ello, las empresas se defienden de las acusaciones de Competencia y aseguran aspectos como que los trabajos técnicos compartidos carecerían de capacidad para uniformizar sus ofertas técnicas porque la puntuación que les era atribuida representaría una parte reducida de la reconocida por la Administración en cada caso a la oferta técnica.

«La propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones», explicaron ayer fuentes de Ferrovial. Desde ACS mostraron su «disconformidad» con la resolución. Tanto estas dos empresas como el resto presentarán un recurso contra la multa ante la Audiencia Nacional.