Justos por pecadores

Flaco favor hacen estas farsantes a las mujeres que realmente necesitan ayuda y medios para empezar una nueva vida lejos de su maltratador

«MI clienta está a punto de denunciarle, y pasar a la jurisdicción de violencia no es deseable para nadie». Vamos a decirlo sin rodeos: «O tu cliente accede a lo que pedimos o le arruinamos la vida». No seré yo quien desmienta los datos oficiales que hablan un porcentaje ínfimo de denuncias falsas, pero mucho me temo que o no se deduce testimonio aun cuando hay serios indicios de que se ha mentido, o su hermano, primo o amigo de toda la vida es un maltratador en contra de lo que el trato, la convivencia y sobre todo la intuición y el sentido común le revelen. Pero vamos a suponer que sí, que los procedimientos iniciados por denuncias falsas se cuentan con los dedos de una mano en España. ¿Es normal que se ponga en juego la presunción de inocencia de un hombre por el mero hecho de serlo? Esto sucede, y es raro el abogado penalista que no haya tenido un cliente o un contrario que después de haber dormido en el calabozo haya pasado por un juicio rápido y, tras haber sido absuelto, haya ido directamente a trabajar sin haber tenido tiempo de quitarse el miedo del cuerpo. El miedo y la vergüenza de ser señalado. De perder a sus hijos.

Basta ya de demagogias, de moverse en el terreno políticamente correcto mientras orillamos el Derecho con mayúscula mirando para otro lado. Ni un solo hombre se merece un calvario como este por parte de quienes sacan partido a una ley que les beneficia. Flaco favor hacen estas farsantes a las mujeres que realmente necesitan ayuda y medios para empezar una nueva vida lejos de su maltratador, esas mujeres para las que realmente se ha hecho una ley que es absolutamente necesaria para castigar a su agresor, pero no a cualquier hombre por el mero hecho de serlo. Porque cuando esto sucede los pilares del Estado de derecho se derrumban y cualquier reivindicación, por legítima que sea, cae en saco roto.

Cierto es que el legislador tampoco ayuda a preservar esta presunción de inocencia cuando contempla la posibilidad de que se suspenda el régimen de visitas a un hombre investigado por maltrato –lo que sucede con algo tan simple como es la interposición de una denuncia– o que por esta misma circunstancia pierda automáticamente la custodia compartida incluso en contra de la voluntad del otro cónyuge, de los hijos y sin dejar un margen de discrecionalidad al juez. ¿Quién devolverla a este hombre los meses (o años) que ha pasado sin tener contacto con sus hijos si al final es absuelto?

Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes maltratan física o psicológicamente a sus parejas, pero también sobre las que utilizan a los hijos como arma arrojadiza en un proceso de divorcio, sobre las que juegan al chantaje y las que están dispuestas a hundir la vida del otro cuando éste decide empezar una vida nueva. Si realmente nos interesa poner a salvo a las mujeres maltratadas, darles la mano y ayudarles a salir del túnel, destapemos a quienes se aprovechan de la ley y monopolizan hasta a los hijos. Sólo así dejarán de pagar justos por pecadores.