Históricos del PSOE exigen a Sánchez que retire la Ley de Memoria pactada con Bildu
Exministros y ex altos cargos socialistas apoyan un manifiesto contra esta «tergiversación injusta y ajena a la verdad»
La última maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios preferentes de Bildu sigue removiendo los cimientos del PSOE. Después de que la semana pasada históricos dirigentes como Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo o Joaquín Leguina criticaran el proyecto de ley de memoria histórica pactado por su partido con los herederos políticos de ETA, como informó ABC, ayer se sumaron más nombres ilustres del PSOE con un manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personalidades de distintos ámbitos e ideologías.
Esta entidad ha hecho público un documento muy crítico y contundente en el que exige que se retire este proyecto de ley. El mismo que el Ejecutivo cerró con Bildu para, entre otras cosas, poner en solfa toda la Transición española hasta 1983, ya con el primer Gobierno socialista de la democracia.
Entre las cerca de 200 personas que apoyan este manifiesto destacan exministros del PSOE como Julián García Valverde, Julián García Vargas o Javier Sáenz de Cosculluela. También otros históricos de este partido, como los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda. O el expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. A todos ellos se suma una veintena larga de antiguos diputados, senadores, consejeros autonómicos, eurodiputados, alcaldes y miembros de la Ejecutiva federal del PSOE durante las últimas décadas. Por ejemplo, el que también fuera embajador en el Vaticano y alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, o el exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso José María Mohedano.
Pero no son los únicos, porque este manifiesto también lo suscriben otras figuras destacadas de la Transición, como exministros, diputados y senadores de la extinta UCD. Incluso, personas de otros ámbitos, como la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, o la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, entre otras.
Todos ellos apoyan ese texto para dejar claro que «no aceptamos que el pacto constitucional» se someta a una «tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica», como la que supone la ley pactada por el Gobierno y los bildutarras. «Tampoco aceptamos que se considere como período sospechoso hasta diciembre de 1983», añaden los firmantes en alusión al espacio temporal que Bildu arrancó al Ejecutivo de Sánchez para estirar el alcance de esta ley e incluir en ella un crimen tan simbólico para el entorno proetarra como el de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cometido por los GAL justo antes de esa fecha.
Así, los firmantes del manifiesto señalan que «nos preocupa que esta sospecha» de todo ese período sea fruto de un pacto con Bildu», de la que recuerdan que «aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas» de ETA. Por todo ello, exigen al Gobierno, a Sánchez y a los grupos parlamentarios la «retirada» de este proyecto de ley para «restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia». Coinciden en que este proyecto de ley «pretende establecer una ‘verdad oficial’, amparada en lo que se configura como un ‘deber de memoria democrática’, que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España».
Memoria, pero no así
Los firmantes del manifiesto comparten la necesidad de reivindicar la memoria de «tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y posterior represión» por parte del régimen franquista para así «superar las secuelas de aquel conflicto y promover la concordia y la convivencia». Pero apuestan por hacerlo como en la Transición, sustentada en «ese gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles», concluyen las personalidades que apoyan este texto.