La Fiscalía cede para que ERC recupere 2,1 millones en avales por los juicios del ‘procés’
► Los depositó hace año y medio para auxiliar ante el Tribunal de Cuentas a los cabecillas del golpe secesionista
La Fiscalía ha cambiado de criterio para permitir que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, pueda recuperar los 2,1 millones de euros que depositó en octubre de 2021 para avalar ante el Tribunal de Cuentas (TCu) a los cabecillas del golpe independentista de 2017, entre los que se encuentra el ‘expresident’ fugado, Carles Puigdemont. En total hay 35 encausados, que se enfrentan a la reclamación conjunta de varios millones de euros por el desvío de fondos públicos de la Generalitat para financiar el golpe independentista del otoño de 2017, que tuvo como episodio central el referéndum ilegal del 1 de octubre.
A los acusados se les impusieron fianzas que, en su conjunto, suman algo más de 9 millones de euros. En su auxilio acudió la propia Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas. Y también lo hizo ERC, partido al que pertenecen varios de los cabecillas del golpe, caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
El TCu no aceptó que la Generalitat avalara a los encausados. Sin embargo, tras la renovación del Tribunal de Cuentas que pactó el PSOE de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, el pasado febrero se produjo un radical cambio de criterio y el TCu dio por buenos los avales de la Generalitat. De esa forma, la Administración autonómica perjudicada por el desvío de fondos para actos ilegales se convierte en avalista de sus presuntos perjudicadores.
La Fiscalía se desdice
Aquel cambio de criterio se produjo en febrero. Y lo aprovechó ERC para pedir la devolución de los 2,1 millones de euros que en su día había depositado para sufragar parte de las fianzas exigidas a los encausados. El TCu no aceptó esa devolución, y ERC presentó recurso. En abril, la Fiscalía se opuso a ese recurso. Argumentó que no debía devolverse el dinero a Esquerra, y lo mismo argumentó la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC).
Sin embargo, en el juicio que se celebró ayer, la Fiscalía se desdijo, ha cambiado de criterio y ahora sí considera que procede devolver a ERC esos 2,1 millones de euros. Así lo manifestó ayer, durante la vista, el fiscal jefe del TCu, Manuel Martín-Granizo. Fue un giro sorpresivo, sobre el que ha llamado la atención la acusación popular.
El abogado de SCC, Juan Chapapría, ha expresado su «perplejidad» por este cambio de criterio de la Fiscalía que, en su opinión, genera «inseguridad jurídica» porque no ha sido argumentado en absoluto por el fiscal. «No ha cambiado nada desde abril a hoy, no hay ningún hecho nuevo que explique este giro», indicó a este diario el letrado de la acusación popular.
El giro que acaba de dar la Fiscalía se ha producido a tres días de que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reúna en Madrid con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana.
Ahora queda por ver qué decide el tribunal, tras la vista celebrada ayer. SCC se ha quedado sola en defender la postura que ha venido manteniendo el TCu, que hasta la fecha ha rechazado devolver a ERC los 2,1 millones que depositó. Todo ello en tanto se dirimen las responsabilidades económicas por las que están procesados ante el Tribunal de Cuentas esos 35 cargos independentistas.
A la espera de que llegue la resolución sobre la vista celebrada ayer, este nuevo cambio de postura de la Fiscalía suma un nuevo capítulo en la lista de virajes que se vienen dando desde hace meses y que han venido a suavizar las acciones planteadas en el TCu contra los cabecillas del golpe. Fue el caso, por ejemplo, del cambio de criterio que adoptó la Fiscalía en abril, cuando rebajó a 3,3 millones de euros su petición global de presunta responsabilidad contable, frente a los más de 9 millones que se habían exigido hasta entonces. Es decir, una rebaja de casi 6 millones de euros.
Condena a los cabecillas
Esta causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas está conectada con la condena penal que en su día impuso el Tribunal Supremo a los cabecillas del golpe. Los condenados fueron excarcelados con los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez. Aquella condena del Supremo no entró a dirimir las responsabilidades económicas, que han quedado en manos del TCu.
Entre los encausados por responsabilidad contable figuran el expresidente Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Toni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs.