ABC (1ª Edición)

Más que sillones de jueces

Creo que la Justicia no fue prioritari­a en el debate. Justicia, no sillones de los jueces, que no es lo mismo

- BERTA G. DE VEGA

CONFIESO que no me tragué el debate sobre el estado de la nación, por lo que sólo puedo opinar de segunda mano, sobre las crónicas. Pero, de un vistazo a varias, creo que la Justicia no fue prioritari­a. Justicia, no sillones de los jueces, que no es lo mismo. Suele pasar que confundamo­s ahí los términos. Evitar la politizaci­ón de la Justicia es importante, como nos pide desde hace años el Consejo de Europa, tanto, por otra parte, como para que sólo sea una promesa cuando se está en la oposición y que pasa al olvido en cuanto se pisa La Moncloa, y eso sirve para el PP y para el PSOE. Pero la Justicia, la mejora de su funcionami­ento, no llega a promesa, ni a titular sobre cómo influye en el devenir de España. Y eso que ya hay estudios rigurosos, como el de Javier S. Mora-Sanguinett­i, economista y abogado del Banco de España, que cuantifica bien lo que él ha llamado ‘La factura de la injusticia’, título de su libro.

¿Habló estos días algún portavoz parlamenta­rio de juicios fijados para dentro de dos años? ¿De lo que puede significar eso en una empresa, en una familia, en un individuo? ¿Se ha puesto alguien en la piel del que se cree atropellad­o por la Administra­ción y sabe que pelear contra ella supondrá una pelea en los tribunales de una década? ¿Reflexiona alguien sobre lo fácil que es, entonces, para personas de la Administra­ción, pongamos que en caso de convocator­ias de empleo público, no hacer los procesos bien sabiendo que la condena, de producirse, llegará en años? ¿Cuánto dinero suponen para las arcas públicas los intereses que hay que pagar a los que reclaman cantidades de dinero y se les da la razón muchos años después? ¿Cuántos renuncian a esos procesos porque no tienen ni medios ni paciencia? ¿Piensa alguien en las consecuenc­ias para los niños, víctimas de divorcios envenenado­s, lo que se tarda en restablece­r quebrantam­ientos del régimen de visitas, con el riesgo de que esos hijos apenas reconozcan ya a sus padres o madres? ¿Qué sentido tiene un Tribunal Constituci­onal que declara inconstitu­cionales estados de alarma un año después de producirse? ¿Cuántos propietari­os de pisos no los sacan al mercado temerosos de una okupación y de tener que estar meses y meses en los tribunales para conseguir un deshaucio? ¿Se sabe qué va a pasar en los juzgados de lo mercantil con el fin de la moratoria concursal? ¿Cuántos desaprensi­vos juegan en España con la lentitud de la Justicia? ¿Cuántos imputados han muerto antes de llegar a juicio en las macrocausa­s, viendo comprometi­da su presunción de inocencia? ¿Hay que acomodarse a las miles de horas perdidas en juicios suspendido­s por distintas causas? ¿Qué podría mejorar la tecnología?

Quizás a los diputados les parezcan preguntas banales, pero no, y lo saben. Lo único que ocurre es que los damnificad­os por este sistema no salen a la calle, no se agrupan, no son ‘lobby’, no tienen asociacion­es. No se visibiliza su causa.

Pero da igual. Todo será culpa de Putin, lo saben, ¿verdad? Como en 2008 todo era culpa de aquellos malvados de Lehman Brothers. Y así vamos.

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