La Fiscalía solicita prorrogar la investigación por las ayudas al hermano de Ximo Puig
Anticorrupción pide un nuevo informe a la Guardia Civil sobre la justificación de las subvenciones
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que prorrogue durante seis meses más la investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas que las productoras audiovisuales administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y sus socios de la familia Adell Bover recibieron de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018. En un escrito al que ha tenido acceso ABC, la portavoz del Ministerio Público justifica su solicitud aludiendo a la necesidad de realizar las pesquisas en un tiempo «razonable», teniendo en cuenta «los cuatro periodos anuales, la abundante documentación» y las «administraciones autonómicas concernidas» en los hechos que se dilucidan.
De materializarse esta tercera prórroga –tras la de julio de 2021, al agotarse el primer año de instrucción, y enero de 2022–, el asunto se enquistaría en los tribunales hasta finales de año, en plena carrera electoral de los comicios autonómicos previstos, si no hay sorpresa, para el próximo mes mayo. Recuerda la fiscal que el procedimiento está pendiente de los informes periciales de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana, que deben cifrar «las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida», para conocer si se supera el umbral penal de 120.000 euros. Es posible, señala en su escrito, que de estos documentos se derive la exigencia de otras pruebas para determinar si existen o no los supuestos delitos cometidos por los investigados, que además «quedaron requeridos» a aportar la justificación de las facturas «cuyo abono no había podido ser acreditado» en el informe de la Guardia Civil. Así se estipuló durante la declaración en sede judicial de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover a finales de mayo, en la que ambos rechazaron
Un nuevo informe de la Policía Judicial
La fiscal quiere que la Unidad de Delitos Económicos, que ya apuntó a indicios de falsedad, confeccionen otro documento en el que constate la veracidad de las facturas y los contratos aportados por las productoras bajo sospecha
Seis meses más de instrucción
El Ministerio Público cree indispensable que se amplíe el periodo de investigación ante la cantidad de documentos que hay que analizar, en una causa que afecta a varias Administraciones en cuatro ejercicios diferentes
Declaración de cinco empleados como testigos
Se requiere la comparecencia en sede judicial de algunos de los trabajadores de Mas Mut Produccions, administrada por Francis Puig, ante la discrepancia en torno al domicilio social de la mercantil en distintas solicitudes de ayudas
La fiscal reclama la comparecencia ante el juez como testigos de varios trabajadores de la productora de Francis Puig
Siete expedientes de reintegro de ayudas
Aunque deja en suspenso esta petición hasta que la Intervención de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña concluyan sus auditorías, reclamará a Adell Bover los documentos por las subvenciones que la primera le ha reclamado
cualquier tipo de irregularidad en las cuentas de las cuatro mercantiles bajo la lupa: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por el hermano del jefe del Consell; y Canal Maestrat y Kriol, por su socio.
Del mismo modo, Anticorrupción ha solicitado que se realice un nuevo informe, por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial, para que se compruebe la veracidad de medio centenar de facturas y contratos con proveedores, aportados por las tres primeras empresas, «con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados». Además, pone el foco en que Adell Bover señaló ante el juez que había sido objeto de siete expediente de reintegro de ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación por parte de la Conselleria de Educación. No obstante, «procede esperar al resultado» de la auditoría requerida a la Intervención de la Comunidad Valenciana y Cataluña para pedir que se aporten esos expedientes a la instrucción.
Un otoño complejo
Ante las «discrepancias» en torno al domicilio social de Mas Mut Produccions y «la justificación de gastos aportadas en la solicitud de subvenciones», la Fiscalía considera necesario que cinco trabajadores de la productora declaren ante el magistrado como testigos. En ese sentido, recuerda que está pendiente también la comparecencia –ya admitida– en los mismos términos del entonces jefe de servicio de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. En la causa, que parte de una querella del PP presentada en 2019, está imputado el responsable de ese área, Rubén Trenzano (Compromís).
Con ello, el horizonte judicial de asuntos que afectan directa o indirectamente al Ejecutivo autonómico –PSPV, Compromís y Unidas Podemos– que lidera el socialista Ximo Puig se complica, a diez meses de las elecciones. A este asunto hay que sumar la investigación que sigue otro juzgado contra trece trabajadores de la Consejería de Igualdad por la gestión que se hizo en 2017 de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de su hasta ahora máxima responsable, Mónica Oltra. Tras su dimisión, está a la espera de ser llamada a declarar. En paralelo, sigue en marcha la instrucción del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística que salpica a excargos del PSPV y del PP.