Se amplía el cerco al hermano de Ximo Puig por presunto fraude
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha prorrogado durante seis meses más la investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas que las productoras audiovisuales administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y sus socios de la familia Adell Bover recibieron de los Gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018. El juez indica, además, que las diligencias «tienen por objeto un posible delito de malversación».
En un auto fechado el 18 de julio al que ha tenido acceso ABC, el magistrado fija el nuevo plazo, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce el PP, para seguir con las pesquisas ante «las dilaciones no imputables a este órgano judicial y la dificultad para la incorporación del material probatorio necesario para la investigación». Recuerda que, entre otros, la causa está pendiente de los informes periciales de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana, que deben cifrar las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida para conocer si se supera el umbral penal de 120.000 euros.
Según un escrito del Ministerio Público, es posible que de las auditorías de ambos Gobiernos autonómicos se derive la exigencia de otras pruebas para determinar si existen o no los supuestos delitos cometidos por los investigados, que además «quedaron requeridos» a aportar la justificación de las facturas «cuyo abono no había podido ser acreditado» en el informe de la Guardia Civil.