El PSOE logra el aval definitivo para controlar el Constitucional
El Senado aprueba la maniobra del Gobierno para cambiar la mayoría y el presidente del TC
El Gobierno de Sánchez ya tiene vía libre de las Cortes Generales para lograr una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional (TC), el mismo que ha tumbado varias de sus medidas, como los estados de alarma en la pandemia. El Senado aprobó ayer la última maniobra de PSOE, Podemos y sus socios para renovar un tercio del TC, lo que aprovecharán para inclinar la actual mayoría conservadora hacia una más afín. Empezando por cambiar al presidente del también denominado Tribunal de Garantías, para lo que todo apunta a Cándido Conde-Pumpido, ya en el sector progresista del TC y fiscal general del Estado durante la etapa de Zapatero. Esta reforma es una rectificación parcial a la aprobada el año pasado para impedir al CGPJ cualquier nombramiento estando en funciones, como sigue desde finales de 2018 por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Ello le impedía proponer dos candidatos para, junto a los dos propuestos por el Gobierno, renovar ese tercio del TC.
Tras superar ayer el trámite del Senado y la semana pasada el del Congreso, esta reforma ha quedado definitivamente aprobada, pese a que los principales grupos de la oposición presentaron sin éxito propuestas de veto en un último intento de impedirlo. El PSOE –Podemos no tiene senadores– y sus socios secesionistas, nacionalistas y regionalistas impusieron su mayoría también en la Cámara Alta con 147 votos a favor por 110 en contra de PP, Vox y Ciudadanos (Cs).
La votación no estuvo exenta de la anécdota protagonizada desde las bancadas socialista y popular, donde dos senadores de cada partido votaron lo contrario de lo que pretendían. Uno de ellos fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un desliz sin trascendencia que él mismo explicaba con retranca en su perfil de Twitter: «Hoy he pasado el mal trago de debutar en el nutrido club de parlamentarios que se equivocaron en una votación. Al menos es un alivio saber que también le ha ocurrido a más de un presidente del Gobierno», en alusión a Rajoy y Sánchez.
Más de lo mismo
Además de las posiciones ya conocidas, los distintos grupos volvieron a repetir ayer en el Senado los mismos argumentos y enfrentamientos que evidenciaron la semana pasada en el Congreso. En un extremo, la oposición, con Salomé Pradas (PP) acusando al Gobierno de «meter mano y querer controlar a toda costa el Tribunal Constitucional». También denunció el «atropello y manoseo total de la Justicia» por parte del Ejecutivo. La portavoz popular insistió en proponer un Pacto de Estado por la Independencia Judicial e intentó sacudirse las críticas de la izquierda asegurando que su partido sí quiere renovar el CGPJ, «pero cumpliendo los estándares europeos», por las recomendaciones comunitarias a las que se agarra ahora el PP para despolitizar el sistema de elección de este órgano.
En términos similares se expresó el representante de Vox, José Manuel Marín, quien tildó de «cacicada» esta segunda reforma del Gobierno, además de criticar su «uso partidista y torticero del Poder Judicial». Crítico se mostró también el portavoz de Cs, Miguel Sánchez, que denunció «componendas» políticas con los órganos judiciales.
En el extremo contrario, Joan Lerma (PSOE) defendió la postura del Gobierno asegurado que «quien gana las elecciones tiene el derecho de gobernar» e incluso de «tomar las posiciones que quiera», dando así por descontando que también puede hacerlo con instituciones que se suponen ajenas a las mayorías políticas para salvaguardar la separación de poderes, como el propio CGPJ. El portavoz socialista apeló a la «experiencia de gobierno» de Feijóo para exigir al PP que cambie su actitud respecto a la exhibida por su antecesor, Pablo Casado, que calificó de «no demasiado democrática».
Imanol Landa (PNV) lanzó una pregunta retórica a los populares cuestionándoles por qué no utilizaron sus mayorías absolutas para aplicar lo que ahora exigen al PSOE. Y aprovechó el río revuelto para pescar en su caladero apuntando que «el futuro Consejo Vasco de Justicia es más necesario que nunca visto lo visto». Se refería a una vieja reivindicación de los nacionalistas e independentistas. De hecho fue uno de los puntos más polémicos del estatuto catalán de 2006, que ya entonces creó un Consejo de Justicia de Cataluña con amplias competencias, tantas que la mayoría de ellas fueron declaradas inconstitucionales por el TC en 2010. Y es también una figura con la que coquetea la izquierda desde hace años para restar atribuciones al CGPJ nacional.
El Gobierno esperará ahora a que, antes del 13 de septiembre, el Poder Judicial designe sus dos candidatos para renovar ese tercio del TC. Varios vocales y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya han advertido que se reunirán para tratar este asunto, pero que nada garantiza que consigan la mayoría suficiente para proponer dos nombres.
TRAS EL FALLO A SU FAVOR