Retos fiscales de Andalucía
«España es un país muy atractivo para inversores y directivos de empresas, científicos, pensionistas, artistas y deportistas, más aún en un contexto en el que la pandemia ha extendido el teletrabajo. Sin embargo, muchos más lo harían si no fuera porque otros países, a pesar de tener gobiernos de distinto signo ideológico, se adelantaron estableciendo regímenes fiscales más ventajosos»
VOTAR con los pies es una expresión que tiene su origen en las decisiones de los primeros inmigrantes irlandeses al llegar a América. Viajaban y se asentaban en el lugar que más les convenía, donde encontraban más recursos, mejor clima, más seguridad jurídica y donde pagaban menos impuestos. Charles M. Tiebout, profesor de Economía en la Universidad de Washington enunció el Modelo de Tiebout, según el cual los ciudadanos votan con los pies moviéndose a la jurisdicción donde encuentran políticas públicas más ventajosas. Esto ocurre en este mundo globalizado, con libertad de movimiento de personas y empresas, que eligen su residencia donde pagan menos impuestos. Reto importante que tiene no solo Andalucía sino toda España al competir con otros Estados, con circunstancias similares, pero más atractivos fiscalmente.
Según ha manifestado Moreno Bonilla, el nuevo Gobierno andaluz, con mayoría absoluta tras las recientes elecciones, se planteará convertir Andalucía en la «locomotora económica de España» y acercarse fiscalmente a Madrid. Para ello tiene varios retos, uno de ellos, conseguir una mejor fiscalidad que fomente más el crecimiento atrayendo a ciudadanos y empresas a una región que cuenta con un clima envidiable y una calidad de vida extraordinaria pero mejorable fiscalmente. Este primer reto es competencia del Congreso lo que exigiría que los dos grandes partidos se plantearan alcanzar un gran pacto de Estado, tan necesario en esta materia como en otras muchas. Un segundo reto, todavía competencia de las comunidades autónomas, sería eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio que agudiza el fenómeno de votar con los pies para tributar en otra comunidad autónoma o en otro país en vez de hacerlo en Andalucía. Estos temas ya fueron incluidos en el informe presentado al Gobierno del PP en 2014 por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de la que formé parte.
España es un país muy atractivo para inversores y directivos de empresas, científicos, pensionistas, artistas y deportistas, más aún en un contexto en el que la pandemia ha extendido el teletrabajo. Sin embargo, muchos más lo harían si no fuera porque otros países, a pesar de tener gobiernos de distinto signo ideológico, se adelantaron estableciendo regímenes fiscales más ventajosos. Francia introdujo un régimen especial para la atracción de directivos empresariales cuyo traslado temporal no excediera de seis años. Italia estableció un régimen fiscal especial para la recuperación de científicos aplicable a investigadores que hubieran estado trabajando fuera de Italia al menos dos años, mientras que para los deportistas y artistas extranjeros introdujo medidas especiales que, entre otros muchos, atrajo a Cristiano Ronaldo y George Clooney. En Portugal existe un régimen especial aplicable a los residentes no habituales que incluye la exención de las pensiones gravadas en otro Estado. En el Informe de la Comisión citada se incluyó una propuesta para homologar el régimen fiscal español al de estos países competidores, pero no fue incorporada en su totalidad en la reforma parcial de 2014. La finalidad era atraer inversores y directivos empresariales, recuperar científicos que emigraron a otros países y evitar que muchos pensionistas, artistas y deportistas prefieran el Algarve portugués, la Riviera italiana o la Costa Azul. Con ello se podría incentivar la instalación de empresas en España con la consiguiente creación de empleo; se contribuiría a fomentar la investigación acogiendo a científicos que tuvieron que emigrar a otros países; y se atraería a pensionistas, artistas y deportistas lo que contribuiría a desestacionalizar la actividad económica, fundamentalmente, en Andalucía, Levante, Baleares y Canarias muy dependientes del turismo convencional centrado en los meses de verano.
El segundo reto citado es frenar el voto con los pies, que se manifiesta en la adopción o en el cambio de la residencia fiscal a territorios de menor fiscalidad. Como indicamos antes, España es un país muy atractivo por su clima y por su calidad de vida pero no por su fiscalidad. Resulta paradójico que ciudadanos nórdicos prefieran seguir tributando en su país en lugar de adoptar la residencia fiscal en España debido a la menor tributación en sus países, los cuales son considerados ejemplos de progresividad fiscal. El motivo radica en el mantenimiento en España del anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio. La residencia fiscal significa tributar en España por la renta y el patrimonio mundial. En los casos de ciudadanos con elevada renta y patrimonio, se puede llegar al absurdo de que tengan que tributar por un importe superior a su renta debido a la cuota mínima establecida en el Impuesto sobre el Patrimonio. Nadie con sensatez cuestionaría que los ricos paguen impuestos, pero tampoco plantearía que paguen más de lo que ganan, porque ahuyentamos a potenciales contribuyentes interesantes para la Hacienda española. También un pensionista con renta reducida tiene que tributar por tres impuestos por tener su vivienda en España, IBI, Patrimonio y renta imputada. Todo esto incentiva votar con los pies, dejando de tributar en España, con la pérdida de recaudación que produce. La mayoría de las instituciones nacionales y extranjeras han aconsejado la eliminación del impuesto. La comisión citada elevó una propuesta al Gobierno en la que literalmente planteaba que «debería suprimirse formal y definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio, estableciéndose las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las comunidades autónomas».
El impuesto ha desaparecido en la práctica totalidad de los estados de la OCDE por muchas razones: porque no contribuye a mejorar la distribución de la riqueza ya que lo soporta la clase media dada la elusión de los grandes patrimonios; porque la cesión del tributo a las comunidades autónomas impide una mínima equidad horizontal provocando que los contribuyentes con elevado patrimonio se desplacen a la comunidad donde no se aplica; porque la recaudación que se obtiene es muy poco relevante; y porque el impuesto recae fundamentalmente sobre la propiedad inmobiliaria dando lugar a una doble imposición con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o incluso a triple imposición en el caso de segundas residencias por la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF. Por tanto, las proclamas de mantenimiento o generalización de este tributo, en aras de una mayor equidad, adolecen de falta de rigor. La pérdida de la escasa recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio podría quedar compensada con la mayor recaudación que se podría obtener de las rentas de los ciudadanos y empresas que podrían tributar en España, en vez de hacerlo en otros países. Políticamente hay medidas populares pero poco convenientes y medidas convenientes poco populares. Pero, explicando bien las cosas, se podrían adoptar medidas que fueran, simultáneamente, convenientes y populares.