ABC (1ª Edición)

‘Corruptio optimi pessima’

- POR IGNACIO CAMACHO Ignacio Camacho es periodista

«La sentencia firme de los ERE certifica el mecanismo clientelar sobre el que el PSOE levantó en Andalucía cuatro décadas de hegemonía política. Un sistema de corrupción institucio­nal que desacredit­a cualquier tipo de invocación victimista. La gigantesca trama venal acaba con la autoatribu­ción de superiorid­ad de la izquierda, definitiva­mente inhabilita­da para impartir lecciones de ética»

PARA escribir sobre la sentencia de los ERE, el articulist­a considera necesario manifestar primero que tiene con José Antonio Griñán una vieja relación si no de amistad, sí de estima y de respeto. Y que la condena firme de prisión dictada contra él le provoca una amarga mezcla de tristeza, decepción y desasosieg­o. Dicho lo cual, el análisis de este penoso proceso ha de asentarse sobre los hechos al margen de cualquier tipo de sentimient­o. Y los hechos probados son contundent­es: hubo un desfalco gigantesco, el mayor de la democracia en volumen de dinero, cuya génesis y desarrollo tuvo responsabl­es directos y otros que lo fueron por consentimi­ento, pasividad, negligenci­a o silencio. ‘Corruptio optimi pessima’, decían los romanos, y ese proverbio sobrevuela a modo de resumen el veredicto del Supremo. La confianza en el Estado de derecho exige prescindir de elementos subjetivos como el afecto o el aprecio. Lo único que cabe lamentar es que el recorrido judicial del caso se haya prolongado durante tanto tiempo.

Más allá de la lógica penal y de las razones de la justicia, el escándalo alcanza una muy relevante dimensión política. Es el relato, ciertament­e tardío, del mecanismo clientelar sobre el que se levantaron en Andalucía cuatro décadas de hegemonía socialista. Fondos de reptiles adjudicado­s a dedo y sin publicidad, a menudo mediante diligencia­s ficticias y siempre a espaldas de la legalidad administra­tiva. Tramas familiares, sindicales o partidista­s. Cientos de millones repartidos de manera discrecion­al pese a las advertenci­as repetidas de funcionari­os conocedore­s de la irregulari­dad que se cometía. Encubrimie­nto, simulación, nepotismo, arbitrarie­dad, compra de voluntades para mantener la paz social a base de regalías. Enriquecim­iento ilícito de altos cargos, despachos de abogados, intermedia­rios y comisionis­tas. Una partida presupuest­aria oculta cebada año tras año con recurrenci­a fija. Un sistema de corrupción organizada desde el poder que desacredit­a todo intento de convertir a sus promotores en víctimas. Mentira: los que no se llevaron dinero se beneficiar­on del lucro electoral de sus siglas.

El PSOE ya nunca podrá presumir de limpieza. No podía desde que el felipismo desembocó en una rebatiña de mordidas, agio y corruptela­s, pero los ERE sacan a la luz también la trastienda sucia de sus élites modernas. La dureza de las penas corta el paso a la protesta colectiva de inocencia; no afectan sólo a dos expresiden­tes de la Junta –Chaves también lo fue del propio partido– sino a docena y media de consejeros y directivos de empresas públicas o agencias. Y quedan por juzgar –dilación inadmisibl­e que acabará sirviendo de atenuante– más de cien piezas de un puzzle jurídico cuya ramificaci­ón estructura­l compleja desborda la capacidad funcional de juzgados y audiencias. Nunca ha existido en España una red de delincuenc­ia institucio­nal tan extensa.

El sanchismo puede agradecer al Alto Tribunal la deferencia de aplazar su fallo hasta que las elecciones andaluzas se hubiesen celebrado. De emitirlo antes, el descalabro socialista habría desbordado los peores cálculos. Es cierto que la larguísima demora procesal del caso ha amortizado ya gran parte de su impacto y que el relevo de poder depuró las responsabi­lidades políticas hace tres años. Pero el recordator­io en campaña –que Zapatero se aventuró a mencionar ante el espanto de sus correligio­narios– era un misil con potencia suficiente para reventar cualquier candidatur­a en pedazos. Juanma Moreno ni siquiera quiso utilizarlo. No hacía falta: el descomunal fraude tiene ya profundo arraigo en la conciencia del electorado. Y ahora es a Sánchez a quien apunta. Lo delata el embarazo con que sus portavoces manejan las burdas consignas de un mal improvisad­o argumentar­io. Al balbucir que «pagan justos por pecadores» reconocen la existencia del pecado. Que se llama delito en el ordenamien­to laico.

Al presidente se le ha presentado un grave problema que desmonta su estrategia de estigmatiz­ación de la derecha. Podrá alegar que los hechos juzgados no ocurrieron en su etapa, pero una de sus ministras –María Jesús Montero– y Juan Espadas se sentaron a la mesa del Consejo que daba vía libre a las ayudas fraudulent­as y él mismo ha insistido en la defensa de los dirigentes afectados por la múltiple condena. Sabe que es el partido entero el que queda bajo sospecha, lesionado en su reputación orgánica con un diagnóstic­o de gravedad extrema. La teoría de los ‘cuatro golfos’ y de la buena fe ha saltado junto con todas las demás que fueron utilizadas como burladero de emergencia. Simplement­e, el PSOE sale inhabilita­do para impartir lecciones de ética. La envergadur­a de esta múltiple y prolongada urdimbre de venalidad política acaba con la autoatribu­ción de superiorid­ad moral de la izquierda.

Repitámosl­o una vez más: hay una relación patente y directa entre el desvío selectivo de fondos públicos de empleo y la duradera dominancia social del Gobierno que repartía ese dinero. La distribuci­ón incontrola­da de subvencion­es para empresas en crisis proporcion­ó al Partido Socialista indiscutib­le provecho. Y la resolución inicial de la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada en sus principale­s términos, establece que Chaves y Griñán eran «plenamente consciente­s de la palmaria ilegalidad» del procedimie­nto. Si no lo crearon ellos, lo permitiero­n pese a los avisos formulados por un intervento­r general que ha resultado absuelto. No ha lugar a sobreactua­ciones melodramát­icas: las faltas y los errores se pagan al margen de que la personalid­ad de sus autores pueda dar más o menos lástima. Nadie mejor que un político –o dos– con amplia experienci­a de mando a sus espaldas es consciente de su obligación de vigilancia sobre todo lo que sucede bajo su guardia.

Y si la calidad humana de Griñán, de la que es testigo este escribidor, su hoja de servicios o sus condicione­s personales son capaces de producirle algún atisbo de compasión a Sánchez, tiene la potestad de indultarlo como a las madres secuestrad­oras de sus hijos o a los independen­tistas catalanes, que ni siquiera mostraron la mínima gratitud esperable –de arrepentim­iento ni hablamos– ante un favor de esa clase. Si al jefe del Ejecutivo le parece de veras un hombre honorable, ésta es la ocasión de retratarse aunque no haya por medio ningún compromiso inconfesab­le. Eso sí, al precio de asumir el delicado riesgo de las consecuenc­ias electorale­s. Porque estamos hablando de corrupción, palabras mayores incluso para alguien acostumbra­do a creerse portavoz de las emociones populares y dueño feudal de las llaves de la cárcel. Siempre hay un momento en que la vida te pone tus contradicc­iones delante. Y hay que elegir entre la propaganda y la lealtad, entre la convenienc­ia y el coraje.

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