La presidenta del Parlament, a juicio por corrupción
➤ ERC, PSC y la CUP piden suspender a Laura Borràs, acusada de prevaricación
Laura Borràs tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió ayer juicio oral a la presidenta del Parlament por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al haber fraccionado presuntamente contratos a favor de un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entidad adscrita al departamento de Cultura de la Generalitat.
La decisión judicial debería conllevar, según el Reglamento de la Cámara catalana, que Borràs abandone su cargo de segunda autoridad de la autonomía. Una vez declarado firme el auto de apertura de juicio por corrupción, tras rechazar el tribunal todos los recursos de su defensa, la normativa fija «la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata».
Será mañana cuando la Mesa del Parlament abordará esta cuestión, aunque tres de los cuatro partidos que la integran, ERC, la CUP y el PSC, ya han avanzado que votarán a favor de su marcha si no se aparta. «Pedimos un ejercicio de responsabilidad para que la institución no quede vinculada a un caso de corrupción», subrayó la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Vox, Cs, y PP no están en la Mesa.
Eso sí, Borràs mantendrá su escaño, que solo perdería en caso de sentencia firme. Hasta entonces, la actual vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), asumirá la presidencia en funciones. Si Borràs dimite, las dos formaciones que integran el Govern deberían alcanzar un acuerdo para nombrar un sustituto, y que Junts conserve la presidencia de la Cámara, tal y como acordaron en el pacto de investidura.
Seis años de cárcel
Todo ello después de que el magistrado Carlos Ramos indicase en su auto que existe «una base indiciaria seria y consistente» para sostener que Borràs habría, presuntamente, fraccionado contratos de forma irregular. La Fiscalía solicita para ella seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, así como 144.000 euros de multa.
Junto a Borràs, tendrá que sentarse en el banquillo Isaías H., el amigo al que habría favorecido al fraccionar 18 contratos menores, y para quien el Ministerio Público pide también seis años de cárcel por los mismos ilícitos. Según el fiscal, ambos, de mutuo acuerdo, acordaron que la retribución de unos trabajos informáticos para el organismo se haría «fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores –de importe no superior a 18.000 euros, sin IVA– que, de manera recurrente, Borràs adjudicaría a Isaías H., con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente; siendo conscientes de que infringían así la normativa en materia de contratación», reza el escrito de acusación.
Fue un tercer acusado, Andreu P., quien, conocedor de dicha intención, aceptó elaborar los presupuestos y facturas para «enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos». Para él, el fiscal solicita tres años de prisión, también por prevaricación y falsedad en documento público.