Lambán pagó los 244.000 euros de las mascarillas ‘fantasma’ a un especulador financiero
➤ El Gobierno aragonés se los abonó a una firma holandesa cuyo presidente dirige una red societaria con sedes en Gibraltar y Dubai
Los 244.570 euros que el Gobierno aragonés pagó en abril de 2020 por un cargamento ‘fantasma’ de mascarillas y guantes se los abonó a una sociedad holandesa vinculada a la especulación financiera, sin actividad alguna en el sector sanitario. Así consta en los registros de portales holandeses especializados en información de empresas. Según esos datos recabados por ABC, el Ejecutivo del socialista Javier Lambán pagó ese cuarto de millón de euros a una sociedad denominada Escrown & Trust Europe Foundation, que no se dedica a la fabricación o comercialización de material sanitario sino a los servicios financieros y de inversiones internacionales, incluida la compraventa de activos a muy corto plazo.
Esa sociedad tiene su sede en Ámsterdam (Países Bajos). Su presidente es el holandés Collin Nicolaas Gelevert, que a su vez es presidente y director financiero de Elitium, compañía que opera como plataforma de gestión de inversiones patrimoniales y especializada en criptomonedas. Se trata de un entramado societario con sedes en Gibraltar, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Estonia, según se indica en su propia página web.
Los 244.570 euros se pagaron pese a que no está acreditado que se recibiera realmente ese cargamento de mascarillas y guantes. Y no está acreditado por qué el Ejecutivo regional pagó por adelantado y dio por bueno el abono pese a que nunca llegó a existir un acta oficial o albarán que certificara que se había cumplido el contrato. Tampoco hay facturas regladas. Nada de eso existe, según hicieron constar los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón en un informe de fiscalización que ABC destapó el pasado 30 de abril. Las irregularidades fueron de tal calado que los interventores del Gobierno regional se negaron a validar esos pagos que acabaron en manos de una sociedad financiera con sede en Ámsterdam.
Maniobra política
Para dar carpetazo al caso, el Ejecutivo aragonés, formado por el cuatripartito del PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR, optó por convalidar el pago directamente y esquivar así la oposición de sus propios interventores. Esa convalidación fue un acuerdo político. La tomó el Consejo de Gobierno, es decir, el Ejecutivo en pleno. Fue adoptada el 22 de diciembre de 2021, veintiún meses después de que se hubiera realizado ese pago bajo sospecha.
Al haberse tomado ese acuerdo en Consejo de Gobierno, el asunto implica al presidente y a los consejeros del Ejecutivo aragonés, integrado por el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR. El Gobierno aragonés distribuye una nota pública de los acuerdos que adopta en sus consejos de gobierno, pero la convalidación de ese pago no se recogió en la referencia que aquel día se distribuyó a los medios de comunicación.
Ahora, tras haberse destapado el escándalo, el Ejecutivo de Lambán está ocultando el expediente de ese contrato de mascarillas ‘fantasma’. Como ayer informó ABC, no ha dudado en saltarse la ley de Transparencia para no contestar el requerimiento de ABC, que el 4 de mayo solicitó formalmente la copia íntegra de ese expediente. El Gobierno de Aragón tenía un plazo de un mes para entregarlo y luego se acogió a una prórroga de otro mes, pero agotó el plazo máximo sin facilitar la documentación ni dar explicación oficial al respecto. Lo mismo ha hecho con las Cortes de Aragón, desde donde el PP reclamó igualmente la copia completa del expediente de ese contrato bajo sospecha. Lo solicitó a primeros de mayo, pero el Ejecutivo autonómico tampoco se lo ha facilitado.
El Gobierno de Aragón dice ahora que eligieron a esa empresa de los Países Bajos de forma casual, tras dar con ella por internet
Más versiones oficiales
La inmensa mayoría de las preguntas y requerimientos documentales que le ha hecho el PP siguen esperando respuesta casi tres meses después de que fueran formuladas. Sí ha contestado a la pregunta de quién fue el intermediario de este contrato bajo sospecha, pero la respuesta no da nombre alguno porque, según la versión del Ejecutivo regional, no hubo ningún intermediario comercial sino que se contactó directamente con esa sociedad holandesa desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, área del Gobierno autonómico desde la que se firmó y pagó ese cargamento de mascarillas y guantes cuya entrega no está acreditada.
En esta misma respuesta parlamentaria, la consejera aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales, la socialista María Victoria Broto, dice que quien contactó directamente con esa sociedad holandesa fue su secretario general técnico, José Antonio Jiménez Jiménez. Según la consejera, dio con ese supuesto proveedor de mascarillas «a través de búsquedas de internet». La versión choca con la actividad real de esa sociedad holandesa y con los datos que sobre ella existen en internet, encuadrada en el negocio financiero, no en la comercialización de productos sanitarios.