La reforma constitucional de Túnez afianzará la deriva autoritaria de su presidente
La nueva Constitución impulsada por el presidente de Túnez, Kais Saied, que refuerza los poderes del jefe del Estado, se encaminaba ayer a ser aprobada tras un referéndum marcado por las controversias y un alto índice de abstención.
La coalición opositora Frente de Salvación Nacional (FSN), que pidió boicotear la votación, acusó a la autoridad electoral de haber «amplificado» y «falsificado» los datos de participación. Según el organismo, apenas el 27,54 por ciento de los 9,3 millones de electores inscritos votaron. En las últimas elecciones legislativas de 2019, la tasa de participación fue del 32 por ciento.
«Entre 92 y 93 por ciento» de los votantes aprobaron la Constitución de Saied, en base a sondeos realizados a pie de urna, aseguró la madrugada del martes a Afp el director del instituto de sondeo Sigma Conseil, Hassen Zargouni.
Democracia en riesgo
Túnez, cuna de las movilizaciones de la Primavera Árabe, atraviesa una crisis económica agravada por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, de la que depende para sus importaciones de trigo. El país está muy polarizado desde que Saied, elegido en 2019, concentró todos los poderes en sus manos el 25 de julio de 2021, argumentando que el país era ingobernable.
Poco después de divulgarse las primeras estimaciones de voto, el Frente de Salvación Nacional, al que pertenece el movimiento islamista Ennahda, consideró que el «75 por ciento de los tunecinos se negaron a dar su aprobación al proyecto golpista lanzado hace un año por Kais Saied». Pero después de divulgarse las primeras estimaciones de Sigma Conseil en la televisión nacional, cientos de simpatizantes de Saied festejaron la victoria en caravanas de vehículos por el centro de la capital, ondeando banderas y haciendo sonar sus bocinas.
Los críticos de Saied advierten de que la nueva Constitución ampliará los poderes presidenciales y abrirá «la puerta a un régimen dictatorial», según Sadeq Belaid, un mentor de Saied que participó en la redacción del texto, pero rechazó el documento final. El texto rompe con el sistema parlamentario vigente desde 2014 y pone al presidente a cargo del Ejército, le permite designar un gobierno sin aprobación legislativa y también hace imposible destituirlo.